Honduras: PN no puede alegar persecución política si es su propia fiscalía y CSJ, señala abogado Chajtur // Si colaboradores de JOH delinquieron serán juzgados, asegura Canciller Reina
Byvanessa TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El requerimiento fiscal emitido recientemente por la Unidad Fiscal
Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha levantado el
malestar de algunos sectores políticos del país. La dirigencia del Partido Nacional en un comunicado ayer señalaba que
con la acción se ha comenzado una persecución política contra los
miembros de la estrella solidaria y que la misma busca “aniquilar al
nacionalismo”.
El abogado Carlos Chajtur, por su parte, señaló este día que los
miembros del Partido Nacional no pueden alegar persecución porque se
trata de su propia fiscalía y Corte Suprema de Justicia.
“Ya es algo común en la clase política que cada vez que se le presenta una acusación comiencen con esa cantaleta”, expresó.
“Es absurdo argumentar ese elemento de persecución política cuando es
la propia fiscalía y CSJ que ellos mismos escogieron y que aún tiene
vigencia en el país”, objetó.
En tal sentido invitó a los 14 imputados, entre ellos, un congresista
y cuatro exdiputados, a apersonarse ante las autoridades en la causa
que se les está instruyendo.
Los señalados se les sindica de confabularse entre los años 2013 y
2017 con dos ONG’s para desviar más de 18 millones de lempiras de fondos
del Congreso Nacional que estaban destinados a proyectos con mipymes.
“Deben presentar las evidencias necesarias para desvanecer cualquier
tipo de acusación”, externó el reconocido profesional del derecho, quien
deploró la impunidad que impera en la nación centroamericana.
Chajtur esperaría a que la UFERCO, dependencia del Ministerio
Público, presente la acusación con suficiente fundamentación a fin de
evitar una negativa en la unidad anticorrupción.
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, aseguró este jueves
desde Madrid que su Gobierno «no ha tenido ningún tipo de participación»
en la concesión de la nacionalidad nicaragüense a dos excolaboradores
del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos
acusado de narcotráfico, pero adelantó que si cometieron algún delito en
el ejercicio de sus funciones «tendrán que responder ante la Justicia».
Reina hizo estas declaraciones en la Tribuna EFE-Casa de América
celebrada hoy en Madrid con motivo de su viaje a España para reunirse
con autoridades españolas y tratar temas de importancia para su país
como el de la inmigración.
El Gobierno de Nicaragua otorgó la semana pasada la nacionalidad
nicaragüense a dos excolaboradores de Hernández, al frente del Ejecutivo
de Honduras entre los años 2014 y 2022.
Se trata de Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López,
ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia,
respectivamente, durante la Administración de Hernández, quien fue
extraditado en abril pasado a EEUU, donde enfrentará un juicio por
narcotráfico.
«Es un tema complejo. Lo vemos como un proceso en el que estas
personas realizan gestiones de acuerdo a la administración nicaragüense y
el Gobierno de Nicaragua decidió otorgarles nacionalidad», indicó el
canciller.
«Obviamente – prosiguió- esto sin perjuicio de que como funcionarios
públicos cumplieron una función, son responsables de ella, y por lo
tanto si hay temas ligados a posibles casos que surjan de sus funciones
como funcionarios tendrán que responder por ello ante la Justicia
hondureña o ante cualquier Justicia».
No obstante, Reina señaló que Honduras mantiene «un buen nivel de
relaciones con Nicaragua y por ahora simplemente hay un proceso de
investigación hacia casos de corrupción en el Gobierno anterior».
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que «los
nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio
nacional».
El Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega, a través del
Ministerio de Gobernación, acordó el pasado 17 de junio «otorgar la
nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizados» a Díaz Lupián y
Cardona López bajo el argumento de que ambos cumplieron «con los
requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la
República de Nicaragua» para adquirirla.
Entre otros mencionaron que ambos son centroamericanos de origen, que
tienen residencia en el país -aunque no precisaron desde qué fecha-, y
que de forma expresa manifestaron su voluntad de adquirir la
nacionalidad nicaragüense.
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