Entre los hallazgos, señala que, a lo
largo de los 15 años de vigencia de esta iniciativa del Poder
Legislativo, ha habido cuatro diferentes mecanismos de fondos
departamentales y que más que una oportunidad para contribuir al
mejoramiento de la vida de personas y comunidades empobrecidas, el
mecanismo ha sido una estrategia política clientelar, que abarca las
relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; entre la
presidencia del CN y los diputados; entre políticos y activistas; y,
entre diputados y sus votantes.
En total fueron revisados 38 Informes de Auditoría Especial del TSC publicados en el portal institucional en 2019, contrastándolos con el marco legal aplicable e información de las comunidades beneficiarias. En dichos informes se encontró que solo uno declaró la no presencia de inconsistencias u omisiones, por lo que para los restantes 37 debió aplicarse el Reglamento de Auditoría del Fondo Departamental, el cual dispone en su artículo 7 que, al determinarse la procedencia de responsabilidad, el TSC deberá emitir los pliegos correspondientes, indicando el tipo de responsabilidad en la cual incurrió el auditado.
Entre otros hallazgos figuran: la utilización de oenegés sin experiencia en obras de infraestructura vial para ejecutar proyectos de más de 8 millones de lempiras; la falta de verificación de la documentación requerida para emitir los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas; la falta de presentación evidencia (fotografías) que demuestren el antes, durante y después de los trabajos realizados por los ejecutores de los proyectos; diferencias en la ubicación de los proyectos plasmada en papel al momento de solicitar los fondos y lo presentado al momento de liquidar los fondos; contradicciones entre lo encontrado por los auditores en el trabajo de campo y lo plasmado en los informes de auditoría especial que exoneraron de responsabilidad administrativa, civil y penal. Al consultar a algunas de las alcaldías, estas aclararon que los trabajos no se habían realizado.
Cabe señalar que Francisco Morazán es el único departamento que tuvo informes remitidos al Ministerio Público, seis de los nueve informes, elaborados por la misma persona.
Todos los informes de auditoría fueron firmados y aprobados por el magistrado José Juan Pineda, cuando la presidencia del TSC en 2019 estaba a cargo del magistrado Roy Pineda.
Ante los resultados, la ASJ recomendó un registro público e independiente de oenegés, fundaciones o asociaciones que ejecutan fondos públicos y autónomo con propio sistema de fiscalización; derogar o adecuar a la convencionalidad constitucional la Ley Especial de Fondos Públicos; intervenir la Dirección de Auditorías Especiales del TSC mediante una comisión independiente e interpelar a los magistrados del TSC y garantizar el derecho a la verdad de la población. GO/Hondudiario
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