En tal sentido se ha pronunciado este día el miembro de LIBRE y vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Tony García.
El dirigente de LIBRE manifestó que a cuenta de qué el Poder Legislativo estaría nombrando “diputados vitalicios” a los antes mencionados.
“Qué de grande han hecho por la patria y en qué han contribuido a la democracia hondureña”, cuestionó el también profesional del derecho.
García exteriorizó que los congresistas Lara Watson y Ramos Soto lo único que han hecho es votar a favor de la salida de la MACCIH de Honduras en 2020 y apoyar el Código Penal de la “impunidad”.
“Lo único que hace el abogado Ramos Soto es hablar bonito porque no veo mayor contribución para irse con todas las prebendas”, refutó.
El dirigente de Libertad y Refundación considera tal acción como algo “inmoral” y de “falta a la ética”.
La distinción de dichas figuras, apuntó, es una falta de respeto a un país pobre en donde “cuesta ganarse el dinero”.
Lamentó que se privilegie tanto a funcionarios que apenas se presentaban tres veces a la semana a trabajar en el hemiciclo Legislativo.
“Hacerlos diputados vitalicios es ir en contra de lo que el soberano determinó en noviembre de decirle no” a su participación en el sector público del país.
“Pero ahora el presidente del Congreso viene a burlar la voluntad del pueblo con su abuso de poder”, finalizó.
MP aportará más de 70 medios de prueba en el juicio Hospitales Móviles, el acto de corrupción más bochornoso durante la pandemia COVID -19
En ese sentido, el Ministerio Público aportará más de 70 medios de prueba que acrediten el “megafraude” de Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón en la compra de siete unidades médicas con los que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos, señala la Fiscalía en un comunicado.
Las pruebas que se evacuarán ante el Tribunal de Sentencia del
Circuito Anticorrupción, comprenden 58 medios documentales, ocho
periciales, dos evidénciales y dos testificales,
en un caso que
judicializó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en equipo con la
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y
personal biomédico, por dos delitos de fraude y dos delitos de
violación de los deberes de los funcionarios.
A eso se suma el hecho que el Ministerio Público propondrá en la Etapa de Incidentes, seis nuevos medios de prueba, de los cuales cuatro son documentales y dos aclarativos.
A la hora del debate, el equipo fiscal demostrará lo siguiente:
En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a
través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar
los efectos de la pandemia COVID-19.
Marco Antonio Bográn Corrales y
Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales
de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico
hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y
fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, Representante
Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
El costo de
las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue
sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil,
quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00)
equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones
quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con
treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.
Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.
Los
informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está
sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para
atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y
equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal
estado o disfuncional.
El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.
Personal del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.
Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales
ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán
antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de
compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los
hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario se
determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones
adecuadas para atender pacientes con Coronavirus; dos de los que ya
operan han sido adecuados, pero para cirugías menores, no para COVID-19.
Los Hospitales Móviles no han prestado un genuino servicio a la
población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para
la salud y el patrimonio público.
Por todo lo anterior, el
Ministerio Público buscará obtener la primera condena contra Marco
Antonio Bográn Corrales, en su condición de Director Ejecutivo de
INVEST-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, Gerente
Administrativo de la misma, causa en la que también se acusó a Axel
Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude a título de cooperador
necesario y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de
lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Éste ya tiene orden
de captura con alerta roja internacional.
La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas en el caso Hospitales Móviles, por lo que no se descartan más requerimientos fiscales.
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