La remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto.
En un comunicado señalan que los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control.
Argumentan además que, en ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso.
Seguidamente, la Asamblea Legislativa procedió a designar directamente nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, violando directamente la Constitución Política del país. Estos nombramientos irregulares fueron impuestos por la fuerza por la Policía Nacional Civil, quien desplegó inmediatamente operativos para ocupar de facto las sedes institucionales de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior se suma el desconocimiento, tanto por el presidente Nayib Bukele como la Asamblea Legislativa controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.
Señalan que, los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de
separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.
Alertan a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
FIRMAN
Abogados Sin Fronteras Canadá – ASFC, internacional
Acceso a la Justicia, Venezuela
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Argentina
American Jewish World Service -AJWS, internacional
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
Articulación Feminista Marcosur, Uruguay
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), México
Asociación Amar C, Perú
Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía, Perú
Asociación Civil Transparencia, Perú
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, España
Be Just, USA
Campaña 28 de Septiembre, regional
Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P., México
CEA Justicia Social, México
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL, regional
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” -CSMM, El Salvador
Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, Argentina
Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD, Honduras
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ, Venezuela
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CiiDH, Guatemala
Centro Loyola Ayacucho, Perú
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos- CALDH, Guatemala
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, México
Ciudadanos Dignos del Callao, Perú
CLADEM Bolivia
CLADEM Brasil
Coalición Regional contra el Trafico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
COFAVIC, Venezuela
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
Colectivo Justicia y Esperanza, México
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Derechos humanos Hispano Guatemalteca
Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Consejo Regional Indígena de Xpujil, México
Constitucionalismo Crítico, Perú
Coordinadora de Lucha Sur Sur, regional
CPM Micaela Bastidas, Perú
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA, Colombia
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano -DLM
Ditsö Costa Rica
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras
Estudio Arbizu y Gamarra, Perú
Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, Guatemala
Fundación Ciudadanía y Desarrollo -FCC, Ecuador
Fundación CONSTRUIR, Bolivia
Fundación Guatemala
Protestas en Colombia continúan fuertes
Al cumplir siete días de Paro Nacional en Colombia, la ciudad de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Bogotá, ha sido escenario de la represión de los cuerpos de seguridad contra miles de manifestantes.
El Comité Nacional del Paro de Colombia denunció el lunes que la represión por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en contra de la reforma fiscal ha dejado un saldo provisional de 27 asesinados y unos 124 heridos.
En este contexto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) criticaron el exceso de violencia, en especial de los elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), una unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia.
La portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, hizo un fuerte llamado a las autoridades colombianas.
“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger os derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, dijo.
A pesar de que el presidente Duque retiró la propuesta de reforma tributaria, y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desde las redes sociales siguen convocando para que los ciudadanos continúen saliendo a las calles.
Bogotá, Cali, Medellín, Palmira y Manizales son algunas de las ciudades donde se han concentrado las manifestaciones, y se han presentado hechos violentos por parte de los cuerpos de seguridad.
Una tensa situación se vive en Manizales, específicamente en el sector de del barrio Fátima, donde ciudadanos registraron que agentes del Esmad accionaron gases lacrimógenos dentro de un bus de transporte público en el que áun se encontraban civiles.
Cali sigue siendo el punto más álgido de estas jornadas de protestas. En la noche de este lunes 03 de mayo a través de redes sociales usuarios denuncian agresiones y violencia por parte de los uniformados.
En los videos se escucha a la ciudadanía denunciar la violación de derechos humanos. «Están disparando a matar», gritan algunos caleños mientras se escuchan los constantes bombardeos.
Las organizaciones sociales como la ONG Temblores, Lazos de Dignidad y Defender La Libertad, presentaron un balance sobre las denuncias de abusos de derechos humanos en las jornada del Paro Nacional.
Asimismo, anunciaron que se conformó el Comité de Derechos Humanos para la garantía de la protesta social en Bogotá que busca realizar control político en tiempo real frente a las protestas.
Campesinos del Catatumbo se unen al Paro Nacional
Campesinos de la región de Catatumbo, en Norte de Santander, se unieron al paro nacional que se adelanta en el país y bloquean este martes varias vías del departamento.
Concentrados en diferentes puntos, los labriegos cerraron la vía Cúcuta – Tibú y Cúcuta – Ocaña, esta última que conduce a la costa Atlántica.
Al respecto, Manuel Orlando Pradilla, alcalde de El Zulia, dijo que el sector de La Cascada, unas 150 personas, procedentes de la zona de Sardinata bloquean la vía.
El Comité de Unidad del Catatumbo y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) informaron que, con el retiro de la reforma tributaria, el paro no se ha desactivado y que continúa en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque.
“Nos sumamos a las voces de millones de colombianas y colombianos que siguen reclamando garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. Exigimos la desmilitarización de las ciudades y del campo y que cesen las masacres, se castiguen a los responsables y se desmonte el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía)”, señaló el Comité.
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