Publicado en defensores -
Un nutrido grupo de organizaciones
sociales, populares y sindicales han venido insistiendo en la necesidad
de una reforma sustancial del nuevo código penal, que fue aprobado el
año pasado y que entrará en vigor el próximo 25 de junio.
Según las tres confederaciones obreras
hondureñas, el nuevo código crea más de 50 nuevos tipos penales y varios
de sus artíc
ulos atentan contra la libertad sindical, de expresión, de
asociación, reunión y de manifestación.
Asimismo ataca el derecho a la protesta
social pacífica y reduce las penas por delitos de corrupción y de
violencia contra la mujer.
Joel Almendares, secretario general de
la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), explicó a
La Rel que, ante la creación de nuevas figuras delictivas, están
pidiendo la derogación de diferentes artículos.
Se trata de los artículos 553 (reuniones
y manifestaciones ilícitas), 554 (asociación para delinquir), 573
(desórdenes públicos), 574 (perturbación del orden) y 587, 588, 589
(asociación terrorista, colaboración sin pertenencia a la asociación
terrorista, delitos de terrorismo).
También los artículos 102 y 103 donde se
define que las organizaciones sociales serán penalmente responsables
por delitos dolosos cometidos por sus representantes y sus miembros.
Según Almendares, estas figuras penales
sirven para intimidar, criminalizar y judicializar a trabajadores y
trabajadoras, organizaciones sociales y populares, medios de
comunicación independientes, defensores y defensoras de derechos
humanos, entre otros.
“En estos artículos está la esencia del
plan que tiene como objetivo golpear, acallar y desaparecer al
movimiento social organizado, incluyendo al movimiento sindical.
Por esto estamos exigiendo la
eliminación de estos artículos y hemos solicitado la solidaridad de
organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la UITA. El
apoyo ha sido masivo”, dijo el dirigente sindical.
Sin embargo, el secretario general de la
CUTH advirtió que el ambiente no es muy propicio, y que la aplanadora
parlamentaria del partido de gobierno y sus aliados podría hacer caso
omiso de las propuestas y sugerencias que le han llegado desde
diferentes espacios.
“Estamos lidiando con un gobierno
criminal y dictatorial. No podemos descartar de que intenten dejar el
nuevo código penal tal y como está ahora.
Además, la emergencia sanitaria y la
limitación de derechos constitucionales no permite que el movimiento
social organizado se movilice”, explicó Almendares.
Articulación de fuerzas y mayor presión
En los próximos días, las
confederaciones obreras hondureñas continuarán reuniéndose con
instancias diplomáticas y organizaciones nacionales e internacionales
para aumentar la presión sobre el gobierno y la bancada oficialista.
Asimismo, la CUTH seguirá desarrollando campañas de sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes.
Lo mismo están haciendo organizaciones sociales y populares comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales.
“Nos esperan días muy difíciles. De la
pandemia Honduras va a salir sumida en una crisis económica sin
precedentes y un insostenible nivel de deuda pública.
A eso se le podría sumar una crisis
política si el régimen pretende aprovechar la emergencia sanitaria para
quedarse en el poder. Sería un detonante de una crisis aún más
profunda”, concluyó Almendares.
No hay comentarios :
Publicar un comentario