Tegucigalpa, Honduras.-
Una noche y un día, Claudia y Marcial se refugiaron en el monte,
huyendo de los ataques de sus vecinos que no les permitieron volver a su
casa, acusándolos de ser portadores del Covid-19.
Confinados en una pequeña casa de adobe,
por una ventana Sandra les pasa la comida. Pronto cumplirán dos semanas
de aislamiento, pero no le ven fin al temor que sufrieron en la
comunidad de Cacautare, municipio de Pespire, Choluteca, la noche del
sábado 25 abril y el domingo siguiente.
Hasta el momento, sus familiares solo
pueden saludar de largo al matrimonio conformado por Claudia Patricia
Sánchez de 35 años y Marcial Martínez Sierra de 39, será el próximo
lunes 11 de mayo, que se reencuentren con sus pequeños hijos.
La pareja está recibiendo atención
sicológica, hay trastorno para dormir porque las pesadillas invaden sus
pensamientos, detalló la lideresa comunitaria, Sandra Sánchez, hermana
de Dilcia, quien alertó a organizaciones defensoras de derechos humanos,
sobre la situación que enfrentaban desde el domingo 26 de abril, cuando
sus parientes estaban desaparecidos.
Buscando oportunidades de empleo,
Marcial emigró a la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés,
donde se dedicó a la venta de guineos verdes en el mercado, pero con la
pandemia del Coronavirus en Honduras, ya tenía 20 días sin trabajar,
cuando se le presentó la oportunidad de trasladarse a su natal Pespire.
“Pedí jalón” relató el padre de familia, viajando 345 kilómetros de norte a sur.
La familia Sánchez ya había creado un
plan de aislamiento, Marcíal estaría guardando “la cuarentena” que son
dos semanas sugeridas y monitoreadas por personal autorizado. Su
compañera comunicó a la policía su llegada, y pido ayuda para irlo a
encontrar al desvío de calle principal.
Al enterarse los vecinos que Marcial
venía del epicentro de la pandemia, se opusieron a que la patrulla
policial lo llevara a casa. El miedo los obligó a desaparecer “sólo
queríamos que llegara la noche para volver a la casa”, expresó Dilcia,
mientras volvía a probar comida, el lunes 27, después de ser evaluados
por personal médico.
Sandra declaró a Defensores en Línea
que, hasta el lunes 4 de mayo, los niños fueron con su abuela a dejar
comida a las víctimas de estigma. “Dice mi mamá que fue doloroso para
todos, se vieron a la distancia, porque estamos respetando el protocolo,
aunque ellos no han mostrado síntomas de ninguna enfermad”, continuó.
Aunque los vecinos en la comunidad de
Cacautare, han pedido disculpas por su comportamiento que obligó a la
pareja estar por más de 24 horas sin agua ni comida y a la intemperie,
siempre hay algunas personas que bajo efectos del alcohol pasan lajeando
la casa o vecinos que “hablan mal, tiran indirectas y eso ofende”,
denunció Sandra.
El estigma ha afectado a toda la
familia, causando desintegración familiar, aislamiento social, miedo e
incertidumbre ante la reacción de los vecinos, porque en su momento la
misma policía no les pudo ayudar para salvaguardar su vida.
Imagen del día que la Policía y personal de Salud fueron a ver a Dilcia y Marcial.
Recordando el día que llegó el personal
de salud a ver a su hermana y cuñado, todo fue tan rápido y los agentes
policiales afirmaron que “para ellos el tiempo era oro”, pero se
miraban más bien apurados por irse.
La familia agradeció el acompañamiento
brindado por organizaciones defensoras de derechos humanos como la Red
de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que
alertó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), desde el primer momento en que se denunció el hecho.
El COFADEH ha denunciado diferentes
hechos de estigma en el marco de la pandemia por Coronavirus, que desde
el de marzo hasta hoy, registra 1,771 casos positivos, 16 de ellos en
el departamento de Choluteca y 1,264 en Cortés, siendo el epicentro de
la pandemia y donde trabajaba Marcial Martínez.
Al igual que Marcial, son innumerables
las personas que por motivos laborales o estudiantiles emigran a otras
ciudades y la emergencia sanitaria no les permitió regresar a sus
comunidades antes que cerraran calles de manera comunitaria o por el
toque de queda impuesto bajo Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que
suspendió las garantías Constitucionales, emitido el desde el 16 de
marzo.
El COFADEH ha documentado casos de
trabajadores y trabajadoras que fueron desempleas y no tienen tampoco la
facilidad de volver con sus familias o de se les obliga estar en
cuarentena en lugares sin las medidas básicas de bioseguridad, aunque
sus familias les haya preparado un lugar oportuno.
En el primer informe publicado por el COFADEH a inicios de abril “Crisis de derechos humanos durante la pandemia Covid-19”,
recomienda “Garantizar el respeto de las disposiciones fundamentales de
las normas internacionales del trabajo, relacionadas con la seguridad y
la salud, en todas las modalidades y labores, debe ser prioridad”.
Y de manera urgente que la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos organice equipos de monitoreo permanente
para garantizar los derechos humanos de la población inmigrante. Y
penalice a aquellas personas particulares o autoridades que cometen
delitos racistas y xenofóbicos.
Cabe señalar que a Dilcia y Marcial no
se les realizó pruebas médicas para saber si eran portadores de
Covid-19, solo se les ha monitoreado la sintomatología vía telefónica,
afortunadamente han estado sanos a espera que el lunes de les dé el
alta.
http://defensoresenlinea.com/habia-mas-miedo-por-los-vecinos-que-las-pruebas-de-covid-19/
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