Comité por la Libre Expresión (C-Libre).-
“Retírese o lo voy a llevar detenido”, fue la frase que en un tono
burlesco un policía amenazó al comunicador Mauricio Ortega, mientras
daba cobertura a un suceso en el municipio de Omoa, departamento de
Cortés, el pasado martes 12 de marzo
. El
comunicador, entrevistado por C-Libre aseguró solo cumplir con su deber
de informar y mientras iniciaba a filmar el hecho, sin cruzar la cinta
amarilla de precaución “vienen y me sacan, me amenazan con enchacharme y
subir a la patrulla”.
En
el video se observa que el policía le coloca la mano al lente de la
cámara que porta el comunicador, para impedirle filmar. Cuando el agente
de la fuerza pública es increpado por tal acción, le insiste a Ortega
que se retire de la escena y hasta da su nombre, mostrando superioridad.
Mauricio
Ortega es director de Noti Omoa, y corresponsal para medios de
comunicación radiales y televisivos. Además, conforma la Red de Alertas y
Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que
coordina C-Libre.
- Ver amenaza policial e impedimento informativo, aquí.
En
abril de 2018, Ortega denunció ante C-Libre que, por sus abordajes
informativos recibió amenazas a muerte, con mensajes de texto en
Facebook y persecución vehicular en horas de la noche, desde una
camioneta color negro y sin placas, cuando se conducía, junto a su
familia hacia su casa de habitación.
La
Relatoría especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), llama a los Estados para
que adopten mecanismo de prevención adecuados para evitar hechos
violentos de las fuerzas de seguridad contra quienes trabajan en medios
de comunicación.
“Instruir
adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la
prensa en una sociedad democrática, constituye un paso importante para
prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de
comunicación”, expresa la RELE- CIDH en su informe “Violencia contra
periodistas y trabajadores de medios”, publicado en 2013.
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Guardia de seguridad agrede fisicamentea comunicadora y estudiante de la UNAH
Foto: IM-Defensoras
Portada AlertasAlerta No. 027-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).-
Por grabar con su teléfono celular la agresión de un guardia contra
unos niños, la comunicadora social Nancy García, fue atacada la tarde
del martes 12 de marzo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), por un miembro de la empresa de seguridad privada
“CNK”.
En
un video que publicó el Movimiento Amplio Universitario (MAU- CU) a
través de redes sociales, se observa como el guardia, identificado como
Selvin Antonio Moncada, al ser grabado por la estudiante de periodismo,
se abalanza violentamente hacia ella y le arrebata el teléfono celular.
Posteriormente
fue golpeada en su rostro, brazo y pierna. La Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunció que el guardia de
seguridad cargó su arma y apuntó hacia la comunicadora.
García
está organizada en el MAU-CU y forma parte del Colectivo “Josefa
Lastiri”. Producto de su liderazgo y militancia en el Movimiento
Estudiantil, fue criminalizada por las autoridades universitarias desde
mayo de 2017, bajo la rectoría de Julieta Castellanos.
- Ver video del Movimiento Amplio Universitario (MAU), Click aquí.
La
Red de Defensoras detalló en una alerta, que la joven comunicadora se
avocó tanto al Comisionado Universitario de la UNAH y a la Jefatura
Metropolitana No. 1 (Core 7) a presentar denuncia por los hechos en su
contra. En la estación policial estuvo cerca de cuatro horas a la espera
de ser examinada por Medicina Forense.
La
Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada CNK S de R. L. comenzó
operaciones desde el mes de octubre del año 2018, luego de la firma del
contrato No. 09-2018-SEAF-UNAH, por el rector Francisco Herrera. Bajo un
costo de treinta y tres millones veinticuatro mil lempiras (L. 33,
024,000.00) por un año; mensualmente la UNAH erogará a la empresa 2
millones setecientos cincuenta y dos mil lempiras (L. 2, 752, 000.00).
Cabe
señalar que, la UNAH emitió un comunicado en el que ni siquiera
menciona la agresión hacia la estudiante y comunicadora; sin embargo,
justifica las acciones violentas de la empresa de seguridad privada.
Las
acciones de agresión de parte de guardias de seguridad privada
contratados por la máxima casa de estudios no son nuevas, aunque las
empresas se cobijen bajo distintos nombres para atacar a quienes hacen
uso de su derecho a la libertad de protesta, libertad de prensa y
libertad de expresión. Al grado que representantes de la seguridad
público-privado hasta sirven de testigos judiciales para criminalizar a
estudiantes y defensores de derechos humanos.
Recientemente,
la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión
Interamericana de derechos Humanos (RELE-CIDH), publicó el informe
“Mujeres periodistas y libertad de expresión”, en donde expone sobre la
violencia hacia las mujeres periodistas no son actos aislados; “sino que
son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las
mujeres, que tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y
subordinación de las mujeres ante los hombres”.
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