La
directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa
(ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, asegura que en Honduras por la forma en
la que opera el Poder Judicial, “la justicia está torcida”, haciendo
hincapié en el caso de criminalización de los pobladores de Guapinol.
Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 27 Febrero 2019
Tegucigalpa.
En Honduras la justicia es extraña, opera de forma selectiva, esa
impresión la recogen diversos analistas de la vida política del país,
quienes lamentan que castiga la lucha social por un lado, pero es ciega,
cuando de castigar a corruptos se trata.
En
ese contexto, la directora de la Asociación para una Ciudadanía
Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, asegura que tanto por el
caso de Guapinol, como el de los presos políticos en el marco de la
crisis poselectoral de 2017, “se ha visto que la justicia está torcida”.
Reflexiona
que: “No han tenido acceso a la justicia, el caso de ambientalistas, no
han tenido los resultados deseados, y lo que vemos en Guapinol es que
se ha confabulado el Gobierno con los grupos de poder, y están tratando
de arrebatarles su territorio, su agua y su derecho a seguir viviendo,
en una zona sana”.
Con
relación al asesinato de los dos indígenas tolupanes el pasado lunes,
Castro afirma que no son los primeros indígenas que mueren de forma
violenta por defender sus derechos. “Recordemos que el 36 por ciento del
país está concesionado, donde están grupos de personas en campamentos
defendiendo su territorio y son esas personas las que son
criminalizadas”.
Destaca
que las personas que exponen su vida para no permitir un desplazamiento
forzoso, por el arrebatamiento sus tierras, son las que más persecución
judicial afrontan.
“Honduras
ya está en cifras rojas, vino Global Witness y dijo que era un país
donde era un riesgo defender los derechos humanos, pero no solo eso,
vino Michelle Forst y dijo lo mismo, dice y recomienda que ya dejen de
perseguir judicialmente a los defensores de derechos humanos,
especialmente a los ambientalistas”, sentencia la activista hondureña.
En
ese sentido, el Observatorio para la Protección de Defensores de
Derechos Humanos, maneja la información sobre los 32 pobladores
señalados por el Poder Judicial, quienes desde el pasado 21 de febrero
se han presentado a diferentes juzgados, y 12 de ellos, han sido
enviados a prisión preventiva.
Cabe
destacar, que el caso está siendo llevado por el juzgado de Asuntos con
Jurisdicción Nacional, donde penalmente se procesa a miembros acusados
de conspirar en el crimen organizado.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3239-justicia-en-honduras-esta-torcida-en-caso-guapinol
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