Publicada en defensores / Por: Sandra Rodríguez
Las procuradoras del Área de Acceso a la
Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas y Dora Oliva, acompañadas del abogado
y defensor de derechos humanos, Merlin Bonilla, tuvieron acceso a
algunos de los expedientes de presos políticos, que en su mayoría gozan
medidas sustitutivas a la prisión, y dos permanecen privados de
libertad.
También se tuvo acceso al libro de
entradas correspondiente al año 2017 del Juzgado de Letras de lo Penal
de El Progreso, en el que se corroboró la existencia de números
expedientes en los cuales se inició procesos penales contra quienes se
manifestaron contra el fraude y régimen de JOH.
El monitoreo se realizó el martes 25,
previo a la Audiencia otorgada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), sobre faltas al debido proceso en casos de
presos políticos en Honduras, a realizarse el 03 de octubre en el Salón
“Wittemyer Courtroom”, University al Colorado Law School, de 9:00 a
10:00 de la mañana, en Colorado, EEUU.
La la audiencia “Situación de personas
criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto de conflicto
postelectoral en Honduras” fue concedida ante la petición de Amnistía
Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y
la Coalición contra la Impunidad.
La crisis post electoral dejó en
Honduras a 22 presos políticos, pero el 30 de agosto Día Nacional del
Detenido Desaparecido, la cifra aumentó luego que un juez enviara a
prisión a 12 ciudadanos acusados de incendiar el Palacio Municipal de
Las Vegas, Santa Bárbara, supuestamente durante las protestas que se
dieron post fraude que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández.
Estas personas fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad conocida
como El Pozo, sumando así 17 privadas de libertad.
Ya que permanecen recluidos Edwin Robelo
Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad
situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres y José
Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso,
Yoro; y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, ahora son 13 presos
políticos recluidos en Ilama.
El defensor Merlin Bonilla, detalló a
defensoresenlinea.com, que en la ciudad de El Progreso es donde más
criminalizados hubo por oponerse al fraude al electoral, al menos 65
personas estuvieron en prisión y por diferentes razones Gustavo Adolfo
Cáceres y José Gabriel Godínez no siguen tras las rejas.
Las abogadas del COFADEH y el abogado Bonilla en la revisión de expedientes
Cabe señalar que a ninguno se le imputan
delitos políticos, sino que se les tipifica en otro tipo, de ese modo
el régimen puede negar la existencia de ellos en la cárcel de esa
ciudad. Hay un expediente que contiene a 25 personas acusadas de
incendiar la municipalidad, y el alcalde Alexander López Orellana, del
Partido Liberal, ha manifestado que él no va a conciliar.
Bonilla representa a Jonhy Salgado, uno
de los primero presos políticos en obtener libertad bajo medidas
contrarias a la prisión, es un caso emblemático, afirmó, ya que está
inmerso en dos procesos judiciales, uno en su cintra donde lo tachan de
portación ilegal de armas y uso indebido de indumentaria
militar/policial; y otro caso en que se logró acusar a los policías que
lo sacaron de su vivienda violando sus derechos humanos para arrestarlo,
ambos son con la finalidad de buscar justicia.
El Progreso es una de las ciudades que
constantemente realiza acciones de resistencia contra la dictadura
histórica en Honduras. Del Golpe de Estado del 2009 a la fecha, los y
las progreseñas realizan protestas por la situación de país, y con ello
hay imposiciones gubernamentales para retenerlos hasta con la
instalación de casetas de cobro de peaje que los dejaría incomunicados a
menos que paguen un coste económico para circular hacia San Pedro Sula,
Comayagua y posiblemente la ciudad de Tela, Atlántida.
Es este lugar vive el dictador Roberto
Micheletti Bahin, presidente de facto tras el golpe contra Manuel
Zelaya, eso no impide que la población continúe en las calles exigiendo
el respeto a los derechos humanos, detalló Bonilla, quien es padre de un
joven víctima de ejecución extrajudicial en el año 2011.
D A T O S: Los
jóvenes Nahúm Murillo, Neptaly Galeano y Narzy Bonilla, fueron
ejecutados de varios balazos el uno de febrero del 2011 en el balneario
Los Encuentros, Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro. Los policías
señalados en el triple crimen son: Santos Fidencio Pérez Corea, Mario
Alexis Corea Hernández y Glendi Georgina Rosales Martínez, quienes
estaban asignados para ese entonces a la posta policial de dicha
comunidad.
Los tres jóvenes salieron el martes 1 de
febrero del 2011, en horas de mañana con la intención de trasladarse a
un balneario ubicado en la parte alta de la comunidad. Horas más tarde
fueron encontrados asesinados. Cerca de los cadáveres se encontró un
casquillo de fusil y uno posiblemente de arma calibre 22.
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Además, se encontró a la par de los pies
del cadáver de Narcy un radio de comunicación, este aparato fue
decomisado por el Sargento Rosales, Jefa de la Policía de Agua Blanca,
declaró en su momento Bonilla.
Posteriormente, se encontraron más
evidencias que implican como ejecutores del crimen a la y los policías
Glendi Georgina Rosales, Santos Fidencio Pérez Corea y Mario Alexis
Hernández Corea, mientras que a un policía de apellido “Ponce” en el
transcurso del juicio, no se logró identificar como implicado, denunció
Merlín Bonilla.
Don Merlin, como es llamado en el
COFADEH, y a quien se le ha acompañado en la búsqueda de justicia,
lamenta que en dicha ciudad exista impunidad y se criminalice -en este
caso- a quienes se oponen al régimen hondureño, y que haya personas
presas políticas por su forma de pensar.
27 septiembre, 2018
http://defensoresenlinea.com/mas-de-60-presos-politicos-habria-en-el-progreso/
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