Por: Redacción CRITERIO
Junio 27,2017 / redaccion@criterio.hn / Tegucigalpa.-
Defendamos el derecho a
pensar, para hacer frente a la crueldad pedagógica y seamos solidarios
con las Víctimas de la Criminalización de la protesta estudiantil, así
como con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y las
Organizaciones de Derechos Humanos en Honduras.
– La Pedagogía autoritaria de la Crueldad y el Racismo Pedagógico.
– La
solidaridad con el la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones
nacionales de derechos humanos.
El
proceso antidemocrático y autoritario, emergido con más fuerza a partir
del golpe de estado militar del 2009; tuvo como uno de sus epicentros a
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH; cuyo proceso se ha
manifestado a través de la modificación progresiva de la Ley Orgánica de
la UNAH, con lo cual se ha violentado la Autonomía Universitaria y las
conquistas pedagógicas; bien podríamos llamar a este momento la
“pinochetización” del Alma Mater de Honduras; a tal grado que se
modificaron las leyes para colocar a representantes del autoritarismo,
sobre todo para poner en funcionamiento el grado extremo de la Crueldad
Pedagógica, mediante la progresiva pérdida de libertad de estudiantes y
profesores en el proceso académico.
Consideramos
que, opera el Racismo Pedagógico, es decir una pedagogía sin sujeto, de
tal manera que al joven se le considera que no puede pensar, y por
tanto que no puede aportar al proceso de enseñanza aprendizaje.
Simultáneamente, se fue creando un clima de miedo e inseguridad en la
comunidad universitaria, en los profesores con respecto a su estabilidad
laboral al igual que los trabajadores administrativos.
En el
caso de represión contra las manifestaciones estudiantiles, no solo se
utilizó al ejército y a la policía, sino también a la guardia privada de
la UNAH, en otras palabras se violentó el derecho del estudiante y del
profesor(a) a ser autónomos y en consecuencia se perdió la autonomía
universitaria.
A través
de estos procesos se puede evidenciar el constante reclamo de profesores
y sindicalistas; así como en algunos casos que han quedado impunes, sin
que la Universidad se inmute por la falta de aplicación de justicia y
verdad, tal como el del profesor y defensor de los derechos humanos,
Héctor Martínez Motiño, quien recibió amenazas a muerte y fue asesinado;
y, a pesar de las denuncias el crimen continúa impune.
Las
incursiones militares y policiales han servido para estigmatizar a las y
los dirigentes estudiantiles a tal grado que algunos de ellos han
tenido que salir del país por las amenazas de las que han sido objeto.
Nada tiene que hacer la policía militar en un asunto interno de la
universidad, que debe ser resuelto por la capacidad de las autoridades
universitarias.
Vergüenza
nacional es la represión desproporcional de militares y policial contra
la protesta estudiantil. La policía ha olvidado su fin de servir y
proteger como lo ha perdido la universidad de forjar el nuevo liderazgo
nacional.
Consecuencia
actual es la criminalización por las autoridades universitarias, de
tres jóvenes estudiantes, Sergio Ulloa, Cesario Cáceres y Cesario
Padilla; bajo la sentencia condenatoria por el delito de Usurpación,
categoría jurídica perversa inventada por la política del estado
punitivo y persecutorio.
Lamentamos
la actitud negativa manifiesta de la Rectora ante el asesinato de
Roberto Gómez, padre de familia del joven universitario criminalizado
por las autoridades de la UNAH. El señor Gómez ha sido calificado por
organizaciones de derechos humanos como defensor de derechos humanos. No
ha valido su calidad de padre de un joven que lucha por la educación
universitaria, ni su condición de defensor de derechos y de defender a
quien defiende derechos.
La
alianza por los derechos humanos, se manifiesta en defensa de los
derechos de los jóvenes estudiantes, profesores y trabajadores
universitarios y aboga por la democratización de nuestra Alma mater. Así
mismo expresa en forma contundente y clara la solidaridad con la
representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que ha actuado
conforme al mandato respectivo y en base el respeto a las leyes
nacionales e internacionales.
Rechazamos
los ataques por parte de la rectora Julieta Castellanos contra las
organizaciones nacionales y personas defensoras de derechos humanos, que
entienda que las amenazas o campañas de desprestigio no detienen
nuestra labor en beneficio de la juventud universitaria y del pueblo
hondureño.
Por ello
hacemos un llamado de alerta al gobierno ante la vulnerabilidad de la
juventud universitaria que defiende sus derechos y sus familiares, por
el inminente peligro de sus vidas e integridad.
http://criterio.hn/2017/06/27/verguenza-nacional-la-represion-militar-policial-la-protesta-estudiantil/
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