Sambo Creek, febrero 22 de 2017.-
En medio de un incremento de la violencia
y el colapso total de la policía nacional; el Congreso Nacional bajo
resguardo militar aprobó el día de ayer parte del paquete de
controvertidas reformas penales, y terminará hoy con lo que para muchos
no es más que un golpe jurídico del poder Ejecutivo, con el cual culmina
el proceso desmantelamiento del estado de derecho, iniciado en junio de
2009.
Mientras el estado aduce que las reformas penales son un imperativo
para poder frenar la violencia, casualmente circula la notica del
incremente de 44% de las masacres en el presente año, al mismo tiempo
que la tardía depuración de la policía nacional, la que durante más de
una década se convirtió en una caterva de criminales.
La dictadura civil que surgió después del 2009, avalada por las
cuestionadas elecciones del 2009 y 2013, en las que fue obvio el fraude
y compra de votos, además del golpe contra el poder judicial a finales
del 2012, culminaron con la apropiación de todas las instancias de
poder, para así poder perpetuar la dictadura instalada
A pesar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) , La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
, manifestaron su preocupación por el retroceso que representan las
reformas penales para el respeto hacia los derechos humanos de los
hondureños, el Estado permanece incólume a las críticas.
Mientras la propaganda gubernamental insiste que las reformas “sirven como disuasivo para evitar actos criminales”
, los partidos de oposición y la población en general tememos la
criminalización de la protestas social y el blindaje de las fuerzas
represoras a través de una cuestionable inmunidad.
El nuevo artículo 335-A nos conlleva a pensar que su interpretación a
manos de los politizados operadores de justicia, más que dirigirlo
contra el crimen organizado -el que se encuentra insertado dentro del
estado- será destinado a perseguir y criminalizar aquellos que nos
oponemos a la subasta del territorio nacional y los bienes comunes de la
naturaleza
La república mafiosa que se ha instaurado en Honduras y la
necropolítica como una estrategia de la élite de poder, incrementan la
vulnerabilidad de la población, la que se encuentra totalmente
indefensa. Buena parte del territorio nacional se encuentra en manos del
crimen organizado, asociado con algunos Alcaldes y las fuerzas de
seguridad. La problemática existente va más allá de reformas penales, ya
que la putrefacción está enraizada en los partidos políticos que han
controlado el país y perpetúan el feudalismo.
Para el pueblo Garífuna, las aberraciones jurídicas perpetuadas por
la actual administración, son una amenaza para nuestra sobrevivencia
cultural. El sinnúmero de leyes inconsultas que afectan a los pueblos
indígenas en Honduras forma parte de la ofensiva en el partido en el
poder para impulsar una dictadura en pleno siglo XXI. Las reformas al
código penal, tarde que temprano serán para reprimir a nuestro pueblos,
especialmente con el tema de las ZEDE, las que están impulsando
nuestra expulsión.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
https://ofraneh.wordpress.com/2017/02/22/hondurasrepublica-mafiosa-y-reformas-penales/
jueves, 23 de febrero de 2017
Honduras: república mafiosa y reformas penales
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