En
medio de un conflicto que aún no finaliza y que mantiene en la mira de
la comunidad nacional e internacional a la empresa Desarrollos
Energéticos –DESA-, particularmente después del asesinato de la lideresa
indígena y ambientalista Berta Cáceres, presentan el documento de
sistematización “Rio Blanco: la reconstrucción histórica de la lucha por
la defensa del Río Gualcarque”.
El documento, financiado por la Federación Luterana Mundial y realizado por el equipo del Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, recoge las valoraciones, reflexiones y la experiencia que han sobrellevado las y los pobladores de Río Blanco, una comunidad perteneciente a la estructura del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH-, y que inició la lucha por la defensa del Río Gualcarque, ante la pretensión de la empresa DESA de construir sobre sus aguas, la hidroeléctrica Agua Zarca.
Pero
esa lucha, destaca el documento, ha estado llena de situaciones
irregulares que comienzan con la inconsulta concesión del río
(violentando el Convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es
suscriptor), las estrategias subrepticias de la empresa DESA para
cooptar a las autoridades locales, la destrucción de zonas de cultivo de
los indígenas, falsificación de actas de cabildos abiertos y el cruce,
durante todo el conflicto, de un proceso evidente de militarización que
ha dejado abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos y el
asesinato de varios de sus dirigentes, incluyendo el de Berta Cáceres.
La
reconstrucción de la histórica lucha de Río Blanco rescata, entre
muchos más, el episodio con el cual esta comunidad hizo retroceder a las
grandes corporaciones nacionales e internacionales, que abandonaron
esta zona del departamento de Intibucá, para posteriormente, con el
apoyo del Estado, reinstalarse en San Francisco de Ojuera, jurisdicción
del departamento de Santa Bárbara y construir, siempre sobre el Río
Gualcarque, la represa hidroeléctrica.
El
documento recoge las lecciones y aprendizajes que ameritan ser contados
para que contribuyan con otros pueblos que en otras zonas geográficas
del país, se encuentran en situaciones como la acontecida en esta
comunidad de Río Blanco.
De allí que las conclusiones hacen énfasis en
la persistencia del Gobierno de Honduras por profundizar del modelo
neoliberal extractivista, que fortalece la mercantilización de los
recursos naturales, poniéndolos a disposición de las empresas nacionales
y extranjeras para la ejecución de proyectos como fuente de acumulación
de beneficios y riquezas.
La investigadora del Cespad, Claudia Mendoza, hizo la presentación del informe.
Por
otro lado, se hace hincapié en el papel que el Estado de Honduras
protagoniza en los conflictos territoriales y las violaciones de
derechos humanos en las comunidades, con la intervención directa, a
través de la participación de policías y militares en conflictos como el
de Río Blanco y en otros que se suscitan en otras regiones del país.
A
partir del asesinato de Berta Cáceres, la sistematización enfatiza en
las demandas que surgieron y que persisten desde la comunidad
internacional, para suspender la concesión del Río Gualcarque, el apoyo
financiero internacional al proyecto Agua Zarca y para que el gobierno
de Honduras identifique, capture y juzgue ejemplarmente a los autores
intelectuales del crimen de la lideresa indígena.
http://criterio.hn/informe-cespad-la-lucha-la-defensa-del-rio-gualcarque-aun-no-finaliza/
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