Miércoles, 17 Agosto 2016 21:57
Written by
Tomy Morales
pasosdeanimalgrande.com/
Siempre se ha sostenido la tesis de que los únicos violadores a los derechos humanos son los Estados, pero actualmente debido al lento exterminio de los pueblos también las empresas son responsables por los abusos a los derechos fundamentales de sus empleados y comunidades.
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Siempre se ha sostenido la tesis de que los únicos violadores a los derechos humanos son los Estados, pero actualmente debido al lento exterminio de los pueblos también las empresas son responsables por los abusos a los derechos fundamentales de sus empleados y comunidades.
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El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una
organización independiente, no gubernamental e internacional, que
Trabaja en todo el mundo para promover los derechos humanos en los
negocios. Hacen un seguimiento de más de seis mil empresas y ayudan a
erradicar la vulnerabilidad a los abusos.
Amanda Romero
Los temas que manejan son la discriminación, los derechos laborales, desarrollo, medio ambiente, salud, seguridad y zonas de conflicto.
Tienen su sede en las ciudades de Londres, Inglaterra y Nueva York, Estados Unidos, creada en el 2002 con el propósito de hacer un seguimiento a un tema que no había sido reconocido en esos momentos, que son los abusos a los derechos humanos en los que pueden estar implicadas las empresas indicó Amanda Romero.
Uno de los casos más resonantes fue la señora Kiewel versus la empresa Royal Dutch Shell, por una vinculación directa de asesinatos por parte del ejército de Nigeria en el 2002, presentaron el incidente ante la Corte de los Estados Unidos, pero fue hasta el 2013 que llegó a la sala de la Corte Suprema de Justicia, en ese contexto se pensaba que las empresas no tenían nada que ver con los derechos humanos, pero en el momento en que invierten en zonas que están en conflictos, en países en guerra o donde existe bastante violencia y criminalidad, los emporios deberían analizar si es factible hacer negocios en ambientes hostiles.
El Antiguo representante para las Naciones Unidas de los derechos humanos y las empresas, John Raly, manifestó que “no es hacer negocios por hacer negocios, ya que implica una responsabilidad que no es la empresarial”, añadió la analista Romero que implica una convicción de prever cualquier impacto negativo en las personas, las comunidades, trabajadores o colaboradores y al medio ambiente.
Aunque existen empresas cuyos impactos no se pueden detener, por ejemplo, hacer una represa implica inundar poblaciones enteras, perder territorio para cultivo, pero al menos se debería consultar a la gente y preguntar para qué se necesita una hidroeléctrica, si es necesaria más energía eléctrica, quién la va a usar, cuál es el sentido en relación al concepto de progreso y desarrollo.
Lamentablemente en el seno de la ONU surgió la discusión a raíz de varias tragedias como la del Delta del Rio Niger, en Nigeria y la de Gopal en donde está inmiscuida la empresa Unión Carbay que pasó a ser Baul Quimical, en donde por descuido de la empresa nunca hicieron mantenimiento y hubo una ruptura en la planta con emanación de gases letales que mataron a toda la población que estaba alrededor, narró Romero.
En ese contexto se plantearon la idea de generar normas que vincularan a las empresas con los derechos humanos, las que fracasaron en el 2002, entonces fue que en la ONU nombraron a un relator especial, un profesor de Harvard para que estudiara el tema, él realizó diez consultas y proyectos pilotos con empresas y gobiernos en todo el mundo dando como resultado un borrador de documento que fue aprobado en el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos, denominado “Principios rectores de la Naciones Unidas sobre las empresas y los DDHH”.
En cierta manera el Centro de Información sirve de mediador entre la empresa y las comunidades para establecer un diálogo, logrando que la compañía entienda el punto de vista de la comunidad, de igual manera el empoderamiento de las poblaciones para que ejerzan su derecho a la participación ciudadana exponiendo sus puntos de vista, haciendo incidencia hacia el Estado para que garantice y haga efectiva su protección jurídica hacia los pueblos.
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Por su parte, Karen Hudlet representante investigadora del Centro para México y el Caribe, indicó que para poder entender el contexto, los y las 17 investigadoras se subdividen las regiones con el requisito fundamental que debe ser originario de uno de los países que cubre, las naciones se convierten en prioritarias de acuerdo a la situación de emergencia que presentan.
Según Hudlet México y Centro América tienen características semejantes en cuanto a los abusos a los derechos humanos por parte de las empresas, especialmente en las industrias extractivas como las mineras, las energéticas de petróleo, gas o carbón, la producción de energía sustentable que si bien es un esfuerzo noble se realiza en un marco violatorio de los derechos, perjudicando a las comunidades.
Uno de los problemas radica en que no se acercan a las colectividades de los territorios con la debida información de lo que pretenden hacer, no existe una evaluación en materia de derechos humanos, lo que se convierte en una escalada de conflictos que perjudica a todos.
No menos preocupante es la criminalización y los abusos a defensoras y defensores que se oponen a los proyectos y el evidente papel que tienen las empresas que en algunos momentos presentan denuncias penales para encarcelarlos, dirigidas a personas estratégicas para que mientras sucede una negociación no haya quien se oponga, lo que visibiliza un desbalance de fuerzas.
Atentatoriamente otro patrón es la captura corporativa, donde las mismas personas que son autoridades son dueñas de las empresas, como una puerta giratoria de empresa a gobierno retornando los papeles, dificulta la separación de funciones, lo que impide que se cumplan las regulaciones en el acceso a la justicia y favorecen a los intereses empresariales.
Los principios rectores indican que debe haber mecanismos de regulación en los países, pero no existe la efectividad de ponerlos en marcha, ya que los procesos judiciales toman mucho tiempo, a veces las sentencias no se cumplen y buscar el cese como para la contaminación, simplemente puede salir una sentencia que se efectúa de manera parcial o no se pasa nada, deja a las personas sin justicia y sin posibilidades de canalizar sus demandas.
Portal de información
El Centro de Documentación cuenta con un portal en donde dan a conocer las investigaciones e información que tiene que ver con la mayoría de las empresas que operan en los diferentes países.
www. business-humanrights.org, por ejemplo; si se coloca Empresa de Desarrollos Energéticos “DESA” arrastra toda la información recolectada y artículos.
Con relación al asesinato de Bertha Cáceres, en este portal se puede encontrar que tras el crimen el FMO lanzó un llamado a las autoridades de Honduras para realizar una investigación exhaustiva y para que los responsables respondan por sus actos. Además, FMO suspendió temporalmente sus actividades en Honduras.
Se publicó que el FMO está profundamente preocupado por el hecho de que se han formulado acusaciones contra un empleado de la empresa hondureña DESA (desarrolladora del proyecto Agua Zarca). FMO se retirará de proyecto si quedara comprobada la existencia de un vínculo contundente entre uno de nuestros clientes y un acto de asesinato. FMO cree firmemente en el respeto de los Derechos Humanos, condena todo tipo de violencia y no tolera las conductas ilegales.
FMO ha solicitado confirmación oficial e información adicional a las autoridades de Honduras sobre las detenciones y el curso de los procedimientos judiciales. Hemos confirmado a nuestro cliente DESA que esto implica que la suspensión de los desembolsos continuará hasta nuevo aviso. Aunque se tiene en cuenta que los cargos no son convicciones, es necesario que FMO contemple una salida responsable y legal del proyecto.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/1474-empresas-usan-el-poder-desmedido-para-cometer-abusos-a-los-derechos-humanos
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