Tegucigalpa.
En el Foro Internacional: El Estado de la Libertad de Expresión auspiciado por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), resaltó el análisis de expertos en torno a la libertad de reunión y de la protesta social como una herramienta legítima para la reivindicación de las demandas de la ciudadanía y que el estado debe reconocer, de acuerdo a resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Silvia Lavagnoli, Representante Residente Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expuso en el foro que desde la perspectiva de derechos humanos es que la articulación del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de reunión en el contexto de la protesta social es la herramienta que el estado tiene que reconocer para permitir que las reivindicaciones sociales sigan en un ámbito legítimo y democrático.
El derecho a la reunión abordado desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido varias resoluciones, para alentar a los estados a respetar el derecho a la protesta social como un derecho a la libertad de reunión, y con especificaciones bastantes claras sobre la necesidad de evitar la criminalización de las personas que participan de la protesta social, subrayó la diplomática.
Lavagnoli citó que otro paso importante ha sido el mandato para la creación en 2011, del Relator Especial sobre la Libertad de Reunión de las Naciones Unidas.
La diplomática explicó que en el contexto general se aprecia que las reivindicaciones sociales ejercidas a través de la protesta (como lo reconoce el Consejo de Derechos Humanos) son percibidas por los estados como amenazas a su autoridad, y la respuesta no es una respuesta que mira el tema de la solución, sino más bien a prevenir, a contener y a castigar las protestas sociales.
“Y entonces utiliza el Código Penal y funciones policiales, y (el Estado) no mira el contenido de las reivindicaciones y la otra cuestión es la condición de la prensa, porque el hecho es que hay una contraposición entre la protesta y la paz pública ,entendiendo que la protesta por sí misma es algo que va a afectar la paz pública, afecta el orden público y entonces hay esta contraposición; que después tiene un impacto cuando la gente mira los noticieros, percibe y se posiciona”, detalló Lavagnoli.
Lavagnoli reforzó el ejemplo expuesto por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) cuando mostró en pantalla publicaciones de medios tradicionales de prensa y de la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) calificando de “encapuchados” a los estudiantes universitarios que se mantuvieron en protesta dentro de los centros regionales por casi 2 meses.
Periodista Dunia MontoyaFinalmente Silvia Lavagnoli dijo que desde la perspectiva de derechos humanos es que la articulación del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de reunión en el contexto de la protesta social es la herramienta que el estado tiene que reconocer para permitir que las reivindicaciones sociales sigan en un ámbito legítimo y democrático.
La CIDH ha hecho llamamientos permanentes a Honduras para que garantice la libertad de expresión
Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención permanentemente sobre incumplimientos, “muchos de ellos graves” respecto a las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión.
Hay más de 50 periodistas asesinados en Honduras en una década, y eso nos tiene que llamar la atención del riesgo y la interferencia brutal que existe en el ejercicio de la profesión periodística en Honduras.
En los últimos informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, solo hemos registrado 4 de estos 50 casos, en donde ha habido condenas contra los autores materiales de estos crímenes, pero no se ha sancionado a los autores intelectuales, por lo tanto mientras subsistan estos índices de impunidad en estos crímenes y mientras tanto no se identifiquen las razones, y la conexión entre ese asesinato y la actividad periodística; va a hacer muy complicado reducir estos índices tan alarmantes.
“Una cantidad también mayor de amenazas, de agresiones de distinto tipo a periodistas y medios de comunicación, este es hoy un elemento fundamental para restringir la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas y también para restringir el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de recibir, difundir y compartir información”, resaltó Lanza.
Lanza indicó que el ataque a los periodistas no solo es la forma más brutal de censura, sino que también implica un riesgo, un silenciamiento de las voces y una falta de acceso a la información, por parte de los ciudadanos en general.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión dijo que a pesar de todo ello nos congratulamos y felicitamos al estado de Honduras y a la sociedad civil por la aprobación en el año 2015, de la Ley de Protección para Periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadoras sociales y operadores de justicia.
“Confío en que este mecanismo sea implementado de manera transparente con participación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, de los periodistas y de los sectores que están en riesgo, dotar de recursos a este mecanismo y que además haya transparencia en la prestación de las medidas de seguridad”, sostuvo Lanza.
En torno al tema del abordaje periodístico desde la protesta social, la periodista Dunia Montoya, directora de la organización Comunicación Comunitaria, que edita la Revista Vida Laboral dijo que cuando en una población hay una acción concreta que lo lleva a una protesta social, es porque hay demandas insatisfechas que han conducido a esa población a presentarse a hacer determinadas acciones.
Montoya citó que a partir del 2009 son reiteradas las manifestaciones de protesta en demanda de territorios, para que no se construyan Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) porque están despojando de los bienes comunes a poblaciones ancestrales y originarias.
A esto se suman manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de la libertad de expresión, y todas estas situaciones que estamos viviendo, por tanto es importante conocer la postura adoptada desde los grandes medios de comunicación.
La periodista señaló que los medios alternativos y los periodistas independientes apenas estamos colocados en el 1 por ciento de la distribución de los medios, el resto las mantienen concentradas esas grandes empresas, esos grandes monopolios.
Entonces, añadió Montoya, la postura de los grandes medios de comunicación frente a las protestas sociales es ignorar que existen esas manifestaciones, ignorar que hay luchas sociales, ignorar que hay demandas.
La otra actitud que están asumiendo las grandes empresas de medios de comunicación es la descalificación, el desprestigio, y la estigmatización de quienes están desarrollando la protesta social, los tratan de vándalos, delincuentes y de gente sin oficio, de ahí que hay una terrible descalificación, expuso la directora de Comunicación Comunitaria.
La periodista Dunia Montoya fue víctima directa de la brutal represión ejercida por agentes del estado el pasado 2 de septiembre de 2015, mientras realizaba una cobertura periodística de una protesta por la colocación inconsulta de casetas de peaje entre El Progreso y San Manuel, Cortés.
Montoya quien actualmente acaba de concluir su tercer ciclo de terapia, sufrió producto de la brutal agresión, una luxación de su hombro derecho, golpes contusos en el tórax y patadas que le propinaron los policías, aún y cuando ella yacía en el piso con el brazo derecho fracturado. Asimismo su equipo fotográfico y las imágenes grabadas, fueron destruidos por los policías.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4242:el-estado-de-honduras-debe-reconocer-el-derecho-de-la-poblacion-a-la-protesta-social&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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