Martin
Almada
ALAI AMLATINA,
12/07/2016.-
En un ambiente tenso
a nivel
nacional el Tribunal de Sentencia de escasas luces (pero con
bolsillos profundos),
cumpliendo órdenes superiores declararon culpables a los
inocentes campesinos.
Con la sentencia nula del Tribunal se pretende legitimar los
crímenes más vergonzosos
y cobardes realizados en nombre del Estado por la policía, las
FFAA y los
políticos nostálgicos de la dictadura.
Se
debe sancionar ejemplarmente a los jueces y fiscales
encubridores de la Masacre
de Curuguaty. Es la única manera que nuestros hijos y las
futuras generaciones
vivan con la tranquilidad de que en Paraguay NUNCA MAS se
ejerzan por la rosca
judicial los agravios que injustamente estamos viviendo.
Es
preocupante el silencio sobrecogedor de la Asociación de
Magistrados del
Paraguay, (que en su mayoría son abogados con “espinazos
flexibles), del
Representante paraguayo ante el Consejo de los Derechos Humanos
de la ONU, del
Consejo de la Ética Judicial, de la Unión Industrial Paraguaya
que tenía como
conspicuo socio a Blas N. Riquelme que acumuló bienes mal
habidos como el Campo
Morombi. Gracias a su “arandu kaaty” nos imaginamos que tendría
sus bienes distribuidos
en S.A, empresas offshore y acciones al portador. En primer
lugar para
distribución entre los herederos, y para evitar gastos en
honorarios de
sucesión e impuestos. Las víctimas de la masacre de Curuguaty
tienen legítimo
derecho a participar en el juicio sucesorio.
Apoyamos
una vez más la
declaración pública de
Amnistía Internacional (AI) del 05.07.16, INCIDENCIAS, al referirse al violento
desalojo que
desencadenó la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6
policías) en el
Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Con acierto AI
reitera su
preocupación por la falta de investigación exhaustiva,
independiente e
imparcial que garantice la verdad, justicia y reparación para
todas las
víctimas y sus familiares.
Los
jueces y fiscales debieron escuchar
a
quienes el sistema político excluye o maltrata y su misión es
brindarle un
debido amparo. En este caso, como en tantos otros. Jueces y
fiscales en
Paraguay se convierten en verdugos de los mismos
a quienes por mandato constitucional,
deben resguardar, proteger, es decir, se convirtieron en
víboras que
solo muerden a los descalzos, es decir, a los pobres.
Nuestros
jueces y fiscales bien remunerados con nuestros impuestos dejan
solos a los campesinos
y naciones originarias forzándolos a que se defiendan con las
armas que no
tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen.
Obviamente
esto ocurre es un rémora del pasado
porque la Justicia durante la dictadura fue simplemente
un apéndice de
la policía política y ahora es apenas un resorte del Poder
Legislativo.
La
visita del Santo Padre Francisco en julio del
2015 fortaleció la fe de los paraguayos pero la paz no llegó de
la mano de la
justicia, porque sigue siendo la misma: injusta, vergonzosa
porque fue
convertida en una máquina
burocrática de
terror que estableció una pena de 35 años, una “joya” para
el Museo de la Supuesta
Justicia que
funciona en la planta baja del Poder Judicial.
El
juicio ya dictó sentencia. La masacre de Curuguaty, antes del
hecho, durante y
hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada con
muchas
complicidades que es de conocimiento público.
Esa
tierra pretendida por la familia Riquelme le corresponde al
Estado. La tierra
apropiada no es de quiénes hoy la han cubierto de soja
contaminante que
exportan sin pagar impuesto.…
Después
de escuchar la Sentencia elaborada seguramente
en un Estudio Jurídico del
CAMPO
MOROMBI se impone solicitar la nulidad del
proceso y la
necesidad de una investigación independiente e imparcial sobre
todas las muertes
y las denuncias de tortura que dejó muertos que hubo entre la
policía y los
campesinos el 15 de junio de 2012 .
Exigimos
un castigo ejemplar a los fiscales y jueces corruptos
intervinientes en el
caso.
No
hay justicia sin jueces probos.
Si
callamos, las piedras hablaran.
Lucas
19.37.
Porque
tenemos memoria reclamamos justicia
- Martin
Almada, Premio Nobel Alternativo y miembro del comité
ejecutivo de la Asociación
Americana de Juristas (AAJ)
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