Javier
Suazo
ALAI AMLATINA, 17/06/2016.-
“Sin auge no hay
inflación; si la
economía se mantiene deprimida no hay que inquietarse por las
consecuencias
inflacionarias de crear dinero”. Paul Krugman.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
en una publicación reciente (Neoliberalism: Oversold) ha
reconocido que sus
políticas de ajuste recesivo y de corte neoliberal han
contribuido a reducir el
ritmo de crecimiento del PIB y a una mayor desigualdad, en el
entendido que
está también contribuye a un bajo PIB.
Aunque
el problema de la desigualdad económica y social se ha generalizado en el
mundo, dicho
reconocimiento de la insuficiencia de las políticas no
necesariamente conduce a
su abandono por la Institución ya que, como en el caso de
Honduras, siguen aplicándose
para aumentar (disminuir) el PIB
y contribuir a reducir (aumentar) la pobreza y desigualdad.
Existen, al menos, seis (6) aspectos en
los cuales el FMI ha fallado. El
primero
es la creencia generalizada en muchos de sus funcionarios, que
la inflación es
un problema monetario como lo apuntó Milton Friedman. Todo el
desarrollo
teórico y la evidencia empica aportada por los economistas
Cepalinos, y Aníbal
Pinto en particular, acerca de las raíces estructurales de la
inflación
latinoamericana y la
necesidad de un
enfoque heterodoxo fueron desechadas siguiendo este argumento
que se convirtió
en ideología. El FMI incluso ha recomendado contraer el gasto
público para
bajar la inflación cuando, como señala Paul Krugman, la economía
está en
recesión.
El segundo es la apuesta a un régimen
cambiario flexible. Un tipo de cambio libre y sin controles por
el Banco
Central estimula las exportaciones y encarece las importaciones,
con lo cual se
disminuye el déficit en la balanza comercial, además de reducir
el gasto agregado
y disminuir a la vez el déficit del gobierno. Según éste
argumento, la
devaluación es un instrumento virtuoso que incluso permite que
las empresas
puedan competir ya que los salarios se rezagan por la inflación,
o sea por el
impacto del aumento del costo de los alimentos y servicios
públicos. En
Latinoamérica la alta dependencia de bienes importados frente al
fracaso de los
procesos de integración económica y comercial, se ha ensanchado
con la
devaluación acelerada y más bien en vez de cerrar la brecha
externa esta ha
aumentado volviendo a los países más dependientes.
El tercero es la apuesta al equilibrio
fiscal privilegiando instrumentos de política fiscal como la
reducción del
gasto público, congelamiento de salarios, despido de
trabajadores y aumento de
impuesto indirectos. Muy poco se habla de respetar un techo de
gasto de
inversión pública para no afectar los niveles de empleo
productivo, aprobación
de tasas impositivas que graven el patrimonio, la riqueza y las
transacciones
financieras; eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales
a sectores y
grupos empresariales como ejemplo la maquila, turismo, zonas
francas y comidas
chatarras; es decir, vigencia de tasas impositivas que gravan
los mecanismos de
obtención de mayores ingresos por grupos económicos que
estimulan el aumento de
la desigualdad económica y social.
Un cuarto es un fiel ciego en los
mecanismos de mercado. Se parte de la premisa que el Estado es
ineficiente y,
por tanto, el gobierno debe dar paso a los empresarios en la
administración de
las empresas públicas con la privatización; igual, eliminar los
subsidios y
controles que frenan “supuestamente” el libre comercio. La
privatización se ha
dado en un marco de procesos pocos trasparentes y corruptos con
la venía del
FMI, donde las empresas públicas son vendidas a precios de
“gallo muerto” a
empresas de maletín (algunas ligadas al capital transnacional)
con la
participación de capital nacional producto del narcotráfico y la
corrupción;
otras a empresas transnacionales en condiciones leoninas para el
país. La
eliminación de subsidios y restricciones al
comercio ha conducido por un lado, al aumento del número
de hogares
vulnerables y en riesgo social y, por el otro,
a una avalancha de productos importados subsidiados que
vuelven crónico
el déficit en las cuentas externas y comprometan los recursos
públicos al
aumentar la demanda de importaciones de bienes y servicios.
El quinto es el interés del FMI por la
eficacia de los programas y proyectos de compensación social,
frente a los impactos
negativos de las políticas de ajuste y estrategias fallidas como
la ERP y ODM.
Se busca focalizar la política social en los más pobres e
indigentes, como un
medio para que los niños y niñas no dejen de asistir a las
escuelas, se sometan
al control de salud y talla y permita a los padres de familia,
en especial las
madres solteras, disminuir la carga que implica el aumento del
costo de los
servicios públicos y canasta de alimentos, el deterioro del
salario real y
falta de empleo permanente.
Esta
bonificación de la política social como
una política de Estado que implica el cumplimiento de una
condicionalidad de
los gobiernos con el FMI ( si no se cumplen las metas fiscales y
financieras no
hay fondos para la compensación social o, en su defecto, los
recursos son
menores), ha sido un fracaso por la filtración (no pobres como beneficiarios), la falta de
programas de
apoyo complementario que ataque causas estructurales como la
falta de
producción y acceso masivo
de alimentos
y demás servicios de apoyo a las familias como crédito,
tecnologías, asesoría
de mercados, innovaciones, etc.
Finalmente se apuesta, siguiendo la
tradición del enfoque institucionalista, al respeto por los
países de los
derechos de propiedad y protección de la inversión extranjera,
sin que se
visualicen los daños causados a los recursos naturales y salud
de la población.
Esta protección y otorgamiento de concesiones se da un marco
institucional poco
trasparente con políticos y funcionarios corruptos que
trasgreden las leyes y
vulgarizan los mecanismos de expresión de demanda de la
población y la
participación ciudadana en el ciclo de diseño, aprobación,
ejecución y
evaluación de los proyectos.
El
reconocimiento del FMI del fracaso de las
políticas de ajuste neoliberales debe reflejarse en un cambio
del marco
conceptual y operativo de actuación de la institución, pero
sobre todo en
políticas fiscales,
monetarias,
financieras y comerciales alternativas,
que posibiliten devolver parte de lo mal apropiado por
los países y
empresas transnacionales, grupos
económicos y financieros, fracciones de clase al interior de los
países,
empresarios, militares, políticos y dirigentes obreros y
campesinos que se han
visto favorecidos con la aplicación de dichas políticas de
ajuste y reforma
estructural. Caso contrario, este informe del fracaso del
neoliberalismo será
otra declaratoria de culpabilidad que queda en papel.
Ciudad
Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, 17 de junio de 2016
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