Javier Suazo
ALAI AMLATINA, 06/05/2016.-
La reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por querer ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor control sobre los recursos naturales con que cuentan los países miembros, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador. Se busca además eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de PETROCARIBE, cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a los países miembros por la crisis económica y política que enfrenta el gobierno del presidente Maduro.
Ello es así ya que, por un lado, este
sector luce fragmentado y desarticulado; no existe integración,
compatibilización y coordinación de políticas, programas,
proyectos e
incentivos para un desarrollo conjunto con una visión de largo
plazo. El
sistema de interconexión eléctrica para la región
centroamericana (SIEPAC) se
usa como bombero para apagar demandas de urgencia sin una
planificación de
largo plazo ni estructuras institucionales integradas. Asimismo, todavía es fuerte
la dependencia de
energías térmicas frente a las crecientes oportunidades que
existen para
ejecutar proyectos de generación de energía renovable en la
región. En
Guatemala se estima que la energía renovable generada es menor
del 45%, El
Salvador de 43% y Honduras 51%.
La reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por querer ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor control sobre los recursos naturales con que cuentan los países miembros, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador. Se busca además eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de PETROCARIBE, cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a los países miembros por la crisis económica y política que enfrenta el gobierno del presidente Maduro.
En complemento a ello, las agencias y
organismos de cooperación internacional cuentan con suficiente
recursos para
apoyar la ejecución de estos proyectos, y hay interés de
empresas privadas
gringas para invertir capital en los mismos: pero hay una falta
de capacidad
técnica para absorber estos recursos y darle un uso eficiente.
Entre 2014 y
2015, la región centroamericana tuvo acceso oficial a cerca de
3,000 millones
de dólares de fuentes privadas y cooperantes para ejecutar
proyectos
energéticos menos contaminantes, pero las demandas potenciales
duplican ese
monto.
El problema es que en la Cumbre
Energética se habló muy poco de las causas que explican los
bajos niveles de
inversión efectiva en el desarrollo de proyectos energéticos a
pesar del ajuste
de los marcos jurídico-institucionales sufridos por los países
para incentivar
su desarrollo y la disponibilidad de recursos externos
facilitados por los
OFIs. La primera es la proliferación de un enfoque extractivista
del desarrollo
que privilegia la obtención de beneficios económicos y
financieros en un
cortísimo plazo sin considerar la opinión y participación de la
población,
organizaciones de sociedad civil de base e incluso de gobiernos
locales. En los
países de la región, especialmente Honduras y Guatemala, la
ejecución de
proyectos de energía renovable se liga a prácticas
institucionales corruptas
que induce a la protesta pública de la población afectada.
Lo segundo con el cubrimiento de los
costos de las externalidades negativas de los proyectos con
impactos no
deseados en las economías locales y condiciones materiales de
vida de los
pobladores.
Sobre lo primero, organizaciones de
sociedad civil y grupos ambientalistas han venido denunciado que
los proyectos
energéticos renovables se ejecutan sin consulta y participación
previa, esto es
sin el consentimiento y aprobación de los pobladores de las
zonas donde
construirán represas; los
casos donde se
ha realizado esta consulta, la mayorías de las reuniones
celebradas han sido
manipuladas por los alcaldes, gobierno central y ejecutores
privados, por lo
cual no hay el consenso requerido para ejecutar la obra.
Esta mala práctica está afectando la
construcción de los proyectos e impacta negativamente en su
ejecución y
sostenibilidad futura. Hay tomas de calles y ríos de grupos
indígenas por la
construcción de represas, pero también por los efectos que
tienen en las mermas
del caudal del agua de los ríos aquellos proyectos en ejecución
y aprobados por
decreto e impuestos a la fuerza. Un ejemplo es la construcción
de la represa
Agua Zarca en Honduras, que costó la vida de la líder
Ambientalista Bertha
Cáceres que ha
implicado, entre otras
cosas, el retiro de los inversionistas extranjeros y aumento de
la presión de
los pueblos indígenas y organizaciones sociales para que desista
de los
proyectos y haga justicia.
Sobre lo segundo, los gobiernos de la
región deben exigir a las empresas una protección efectiva sobre
los daños y
perjuicios que puede causar la ejecución de proyectos
energéticos mal
formulados y sin mecanismos claros de regulación y sanción por
parte de los
gobiernos centroamericanos. Las acciones a tomar incluyen: a) el
cubrimiento de
los costos de las externalidades negativas generadas con la
ejecución del
proyectos, elaborándose un plan de trabajo de dichas acciones y
los proyectos
adicionales compensatorios a ejecutarse; b) el respeto a la
legislación en
cuanto a que el agua para consumo humano tiene prioridad por
sobre los demás
usos, ello ya que las quejas de los pobladores son que con el
proyecto
hidroeléctrico encuentran más difícil tener acceso a una fuente
de agua segura;
c) una política de incentivos económicos neutra, o sea que no
favorezca a
empresarios de estos proyectos pagándoles más caro el precio de
la energía
generada en comparación a otras
fuentes
aduciendo la fuerte inversión realizada.
El presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, abogó por una liberalización del mercado energético
de la región,
que permita a los países comprar energía donde se produce más
barata, igual
propuso fortalecer los marcos regulatorios. Ello se da cuando se
está a las
puertas de la vigencia de la Unión Aduanera entre Honduras y
Guatemala, que es
avalada por EEUU y será utilizada como un instrumento de presión
para que se
sume el Salvador en esta primera fase. La liberalización
demandada implica que
a lo interno del país, se eliminen también los subsidios a las
empresas que distorsionan
el mercado e impactan negativamente en el bolsillo de los
consumidores al
garantizársele un precio mayor por kilovatio de energía generado
incluso
superior al de las plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un
país más caro
y menos competitivo por los altos costos pagados por la energía.
Los presidentes de Honduras, Guatemala y
Salvador, miembros y beneficiarios del Plan del Triángulo Norte
de la Región, o
el Patio Trasero de EEUU junto a México, expusieron también
acerca de los
avances habidos con dicho plan, después que corriera el rumor en
Washington que
la administración Obama suspendería dichos fondos por los pocos
resultados
obtenidos en el combate de la violencia, corrupción e impunidad.
Incluso, en el
caso del El Salvador se pensó que ello era posible por el
aumento de la
violencia en las calles, y en Honduras por la falta de castigo a
los corruptos
y responsables de la muerte de Bertha Cáceres (ya se dio la
captura
“supuestamente” de cuatro personas involucradas en el
asesinato).
El presidente Obama se muestra
complacido por los avances en los alineamientos de los fondos,
por lo que los
gobiernos exigen el desembolso de un 25% de los 750 millones de
dólares
aprobados por el Congreso pero disponibles hasta 2017.
No obstante estos avances, la región
centroamericana
presenta dos crecientes focos de inestabilidad económica y
social. La primera
es la llamada crisis ambiental estructural por la pérdida de los
bosques que
amenaza por convertir a países como Honduras en desiertos,
sumado a problemas
de sequía agrícola y dependencia alimentaria por el cambio
climático. La
segunda es la crisis de empleo, donde el grupo de jóvenes que no
estudia ni
trabaja (Niní) se multiplica, y las universidades ya no son una
opción por los
altos costos y las pocas oportunidades de trabajo y pago de
salarios que se
ofrecen por el mercado una vez obtenido el título. En Honduras
hay más de 1
millón de Nini, sin que existan políticas claras de inserción
progresiva en el
mercado de trabajo.
La administración Obama ha destinado cinco
millones de dólares para fortalecer la interconexión regional
eléctrica y
abaratar el costo de la energía, y también existen recursos en
el marco del
Plan de la Alianza del Triángulo Norte para combatir la
violencia, fortalecer a
las fuerzas de seguridad pública y operadores de justicia para
reducir los
niveles de corrupción e impunidad alarmantes. Todavía, para el
caso de
Honduras, no se aprueba otro compacto de la Cuenta del Milenio
que permita
generar fuentes de trabajo en forma rápida y mejore el acceso a
los alimentos
básicos por la población en situación de pobreza. Los beneficios
mayores de los
proyectos energéticos se focalizan en un grupo reducido de
empresas nacionales
y de capital extranjero, donde se involucran diputados y
funcionarios de gobierno,
pero los mayores efectos e impactos negativos (pérdida creciente
de acceso a
fuentes de agua segura para consumo humano y desplazamiento de
territorios y
hábitat naturales) los sufre mayormente la población de bajos
recursos.
Hay que poner la mirada en estos
problemas que presagian otra crisis de magnitudes insospechables
para la región
y su gente. No hay que
seguir con la
destrucción de las principales fuentes de valor: el trabajo
humano y la
naturaleza, propio de un modelo neoliberal autoritario.
Tegucigalpa,
6 de mayo de 2016
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