Redacción Central / EL LIBERTADOR /
Tegucigalpa. El
gobierno de Honduras decidió militarizar hoy los accesos a Casa
Presidencial por la llegada de un fuerte grupo de miembros del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que
reclaman el esclarecimiento del asesinato de la ambientalista Berta
Cáceres.
Los
accesos a la sede del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público se
encuentran resguardados por efectivos de la Policía Nacional, del
escuadrón antidisturbios Cobras, dirigidos por guardias presidenciales y
miembros de las FFAA.
A
pesar de la militarización de ambas entidades, miembros del Copinh
determinaron movilizarse, en demanda que el presidente Juan Hernández
instale una comisión independiente de expertos que investiguen a
profundidad el asesinato de la ambientalista, con el aval de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Es
la segunda movilización que realizan los miembros de la organización
que dirigió Cáceres; el lunes fueron brutalmente reprimidos por fuerzas
de seguridad que cuidan al presidente Hernández.
De
hecho, los manifestantes llegaron hasta Casa de Gobierno para
entrevistarse con el mandatario, cuando fueron atacados por policías y
militares, con el resultado de cuatro miembros detenidos y dos con
fracturas de consideración.
El
Copinh reclama que se dé con los autores materiales del asesinato de la
ambientalista, ocurrido el pasado 3 de marzo en La Esperanza, zona
occidental de Honduras; cuatro autores materiales han sido capturados y
afrontan juicio por el crimen.
Cáceres
se opuso de manera activa que la empresa Desarrollos Energéticos, S.A.
(DESA) construyera la represa Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en el
límite departamental de Intibucá y Santa Bárbara.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1333-gobierno-de-honduras-se-prepara-para-reprimir-protestas-de-indigenas
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Honduras: Gobierno castigará extranjeros que apoyan movilización social
De inmediato, se ha exigido al Instituto Nacional de Migración y a la oficina de Inteligencia que identifiquen a presuntos extranjeros que “provoquen actos vandálico” y que “se aplique a ellos los procedimientos que la ley indica”, esta advertencia fue emitida ayer a través de un comunicado que leyó el jefe de gabinete de la Presidencia de Hondu ras, Ramón Hernández Alcerro
Redacción Central / EL LIBERTADOR /
Tegucigalpa. El gobierno de Honduras estigmatizó ayer las movilizaciones indígenas reprimidas por las fuerzas de seguridad y responsabilizó a supuestos extranjeros de provocar “disturbios”.
El
jefe de gabinete, Jorge Hernández y el secretario privado Reinaldo
Sánchez, amenazaron con encontrar y a los provocadores para castigarlos
y, en el caso de los extranjeros, se les aplicará la ley.
Luego
de la represión contra los miembros del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ambos
funcionarios salieron a decir que “Casa Presidencial fue víctima de
agresión por un grupo de personas que se identificaron pertenecientes al
Copinh”.
“Como
Gobierno hemos demostrado ser respetuosos del derecho legítimo que
tiene la población hondureña a manifestarse de manera pacífica, y el
Gobierno de la República quiere reiterar ese compromiso con el respeto
al derecho ciudadano de manifestación pacífica”, dijo Hernández.
Volvió
a amenazar a los protestantes que “no vamos a permitir las
manifestaciones violentas, los actos de agresión en contra de la
autoridad y en contra de los edificios públicos”.
“No
permitiremos manifestaciones violentas que atenten contra los derechos
humanos de la ciudadanía ni contra la libre locomoción y el derecho de
transitar libremente a que tienen los pobladores”, insistió el jefe de
gabinete.
A
juicio del funcionario la movilización del Copinh “fue una acción
violenta de un pequeño grupo de personas que creen que a través de este
tipo de manifestaciones pueden lograr el objetivo de victimarse y
producir el objetivo de provocar una reacción en contra del gobierno”.
De
inmediato, exigió al Instituto Nacional de Migración y a la oficina de
Inteligencia que identifiquen de inmediato a presuntos extranjeros que
“provoquen actos vandálico” y que “se aplique a ellos los procedimientos
que la ley indica”.
Cabe
recordar que los miembros del Copinh fueron reprimidos ayer por
guardias presidenciales, policías y militares, cuando reclamaban que el
presidente Juan Hernández permita que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) investigue de manera independiente el asesinato
de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo en La
Esperanza, zona occidental de Honduras.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1334-gobierno-hondureno-estigmatiza-movilizaciones-populares
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