Washington,
D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su
157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016.
Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos
y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34
reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la
sociedad civil de la región. Asimismo, durante estas sesiones la CIDH
presentó cinco informes temáticos: “Pueblos indígenas, comunidades
afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos
en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”;
“Violencia, Niñez y Crimen Organizado”; “Estándares Jurídicos: igualdad
de género y derechos de las mujeres; “Violencia contra personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en América” y
“Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos". La
CIDH también sostuvo un diálogo con los Estados Miembros sobre buenas
prácticas en materia de derechos de personas LGBTI.
La CIDH valora el creciente interés en la región sobre la situación de
derechos humanos y en los mecanismos de los que dispone el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que una vez más se vio reflejado en
el interés generado en este período de sesiones. Más de 7 millones de
personas siguieron las audiencias a través de la transmisión en vivo o
de medios sociales.
En las audiencias públicas, la CIDH recibió información sobre diversas
temáticas de derechos humanos en 19 países y a nivel regional. Siete de
las audiencias fueron para recibir argumentos de las partes sobre casos
en etapa de fondo. Se realizaron 49 audiencias, cinco de ellas a
solicitud de los Estados de Brasil, Costa Rica, México, Perú y
Venezuela; 40 a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, y
cuatro por iniciativa propia de la CIDH. La CIDH saluda y valora la
participación activa de las delegaciones de los Estados Miembros de la
OEA, así como aproximadamente 350 organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, la CIDH lamenta que los Estados de Cuba y Nicaragua no
participaron en las audiencias a las que fueron convocados, y que el
Estado de Ecuador participó en una de las dos audiencias convocadas. En
este sentido, la Comisión Interamericana destaca la importancia de que
los Estados participen en todas audiencias, de buena fe y con
información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva
hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la
región.
La Comisión Interamericana valora muy especialmente la participación en
sus períodos de sesiones de agencias e instancias de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). La CIDH destaca la importancia del trabajo
conjunto de los sistemas regionales y el sistema internacional de
derechos humanos a los efectos de mejor proteger y promover la vigencia
de los derechos humanos, y se complace que esta cooperación sea cada vez
más estrecha y concreta. En esta ocasión, la Relatora de la ONU sobre
Violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Dubravka
Simonovic, participó como experta en una audiencia. Asimismo, Juan
Méndez, Relator Especial sobre la tortura; Mónica Pinto, Relatora
Especial sobre la independencia de jueces y abogados; Michel Forst,
Relator Especial sobre la situación de defensores; Ariel Dulitzky,
miembro del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias y Dubravka Simonovic participaron en una consulta regional
con sociedad civil organizada en conjunto por la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la CIDH. La
sesión fue inaugurada por Ivan Simonovic, Secretario General Adjunto de
la ONU para los Derechos Humanos, el Vicepresidente de la Corte
Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y el Presidente de la CIDH,
James Cavallaro, y participaron más de 80 organizaciones de defensoras y
defensores de derechos humanos. Finalmente, el 11 de abril la CIDH
recibió a una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos liderada por Iván Simonovic, e integrada por Amerigo
Incalcaterra, Representante de la Oficina Regional para Sudamérica, y
Vladlen Stefanov, jefe de la Sección de Instituciones Nacionales,
Mecanismos Regionales y Sociedad Civil, así como las oficiales de
derechos humanos Claudia Gerez y Liza Sekaggya. Dicha reunión se hizo en
seguimiento a la
declaración conjunta de
colaboración firmada en 2014. Asimismo, se celebró un diálogo sobre
Política Fiscal y Derechos Humanos en Tiempos de Austeridad, al que
asistieron, entre otros expertos, Ricardo Martner, de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Rodrigo Uprimny,
Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas.
En estas sesiones, la CIDH tuvo reuniones, privadas y por separado, con
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que
trabaja en México en torno a las investigaciones del paradero de los 43
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, una alta delegación del Estado
mexicano y representantes de los familiares. Dichas reuniones tuvieron
el propósito de dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y
escuchar la posición de las partes sobre la continuidad del trabajo del
GIEI en México. Los familiares de los estudiantes solicitaron a la CIDH
la renovación del mandato del GIEI hasta que se determine la verdad de
lo ocurrido, se esclarezca el paradero de los estudiantes y se haga
justicia. El padre de uno de los estudiantes desaparecidos habló con la
CIDH en pleno y dijo: “les pido de corazón que el GIEI siga llevando el
caso. La verdad la dirán los muchachos cuando aparezcan”. Por su parte,
la delegación del Estado valoró positivamente los aportes del GIEI en la
investigación, indicó que aún no se ha determinado el paradero de los
estudiantes y expresó su voluntad de concluir el acuerdo de asistencia
técnica y que la Comisión haga seguimiento al asunto en el marco de sus
competencias. Al respecto, la CIDH lamenta profundamente que el Estado
mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del
GIEI y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo
permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los estudiantes
desaparecidos. Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en
la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no
están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo. Por
consiguiente, teniendo en cuenta los hallazgos realizados por el GIEI,
tomando en consideración la posición de los familiares de los
desaparecidos, teniendo presente las facultades de monitoreo de la CIDH y
la medida cautelar vigente, y dada la imperiosa necesidad de continuar
vigilantes en este asunto, la Comisión Interamericana ha tomado la
decisión de establecer un mecanismo especial de seguimiento hasta lograr
el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos tanto
en la medida cautelar como en los informes del GIEI. La CIDH
determinará, tras consultar a las partes, los términos específicos sobre
cómo operará el mecanismo de seguimiento especial.
Durante estas sesiones, la CIDH recibió el planteamiento de Berta Zúñiga
Cáceres y otros familiares y compañeros de la reconocida defensora de
derechos humanos Berta Cáceres, lideresa indígena y coordinadora general
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), asesinada el 3 de marzo de 2016 siendo beneficiaria de medidas
cautelares de la CIDH. Berta Cáceres había denunciado reiteradamente
(más de 30 veces), tanto a las autoridades como públicamente, la
situación de grave riesgo y permanentes amenazas en la que se
encontraba. La familia de Berta Cáceres solicitó a la CIDH que designe a
un grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar a
la investigación sobre el asesinato. El Secretario General de la OEA,
Luis Almagro, apoyó dicha solicitud tras reunirse con la familia y los
representantes de la defensora. La Comisión Interamericana expresó al
Estado de Honduras su disposición de designar un grupo de estas
características.
El asesinato de Berta Cáceres confirma la grave situación de riesgo en
que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en
Honduras, la cual ha sido y continúa siendo motivo de profunda
preocupación para la CIDH. Asimismo, este y otros asesinatos de personas
beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión ponen en
tela de juicio la eficacia del Estado de Honduras para implementar
dichas medidas, proteger a las personas beneficiarias y cumplir sus
obligaciones internacionales. Esta situación debe ser analizada
conjuntamente por las personas protegidas por medidas cautelares y sus
representantes, el Estado, y la CIDH, a fin de encontrar soluciones para
lograr la efectividad de las medidas de protección en el país.
En las audiencias la CIDH recibió información sobre la situación de
inseguridad y riesgo en que viven los defensores y las defensoras de
derechos humanos en Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua,
Venezuela y muchos otros países. Los asesinatos, agresiones, amenazas y
actos de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos
humanos continúan ocurriendo con el fin de silenciarles y poner un alto a
su importante labor. También se realizan señalamientos públicos en su
contra, campañas de difamación y descrédito, y se los criminaliza, tema
que se analiza en profundidad en uno de los informes temáticos
presentados por la CIDH en estas sesiones. La gran mayoría de estos
hechos de violencia permanecen en la impunidad, lo cual propicia su
repetición. La Comisión Interamericana llama a los Estados a garantizar
el derecho a defender derechos.
Defensores y defensoras y otras personas que participaron en audiencias,
reuniones de trabajo y otras actividades en el marco del Período de
Sesiones, han sido objeto de represalias y amenazas al regresar a sus
países. Esta situación ya se había presentado en el pasado en algunos
países, y su repetición resulta alarmante. Es absolutamente inaceptable
cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la
participación o el accionar de personas u organizaciones ante los
órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos
convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la
CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las
personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a
la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y
no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer
represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o
dictámenes rendidos ante la Comisión”.
En audiencias y reuniones de trabajo, se recibió información
profundamente preocupante sobre los graves obstáculos que enfrentan
muchos sectores de la población en América para ejercer sus derechos
fundamentales. En una audiencia se plantearon los alarmantes niveles de
desnutrición de niños y niñas en Guatemala. Los pueblos indígenas en
Ecuador, Panamá y Perú informaron sobre el grave impacto de algunos
proyectos de explotación de recursos naturales sobre el ejercicio de sus
derechos. Diversos grupos de Estados Unidos plantearon problemas de
acceso a agua potable y ausencia de sistemas sanitarios adecuados, los
cuales afectan en forma desproporcionada a comunidades
afrodescendientes, indígenas y personas en situación de pobreza. En otra
audiencia se analizó la crisis económica de Puerto Rico y el impacto
diferenciado que tiene sobre las personas que viven en situación de
pobreza y extrema pobreza, así como sobre otros grupos en especial
situación de vulnerabilidad. Asimismo, se recibió información
particularmente alarmante sobre la violencia y la discriminación que
sufren las mujeres afrodescendientes en Brasil y las personas lesbianas,
gay, bisexuales y trans o percibidas como tales en Bolivia y Honduras.
En especial, preocupan a la CIDH los altos niveles de violencia policial
que sufren las mujeres trans en algunos países de la región. En
relación con República Dominicana, la CIDH fue informada sobre la grave
situación de vulneración de derechos políticos de las personas
dominicanas de ascendencia haitiana, que resulta del proceso arbitrario
de desnacionalización de estas personas, así como del racismo
estructural y la discriminación de la que son objeto. Adicionalmente, se
recibió información sobre violaciones a los derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes en los contextos de movilidad humana, incluyendo su
detención, en especial cuando forman parte de flujos migratorios
irregulares o cuando huyen de contextos de violencia buscando refugio en
otros países, situación que se habría visto agravada por medidas de
seguridad adoptadas por varios Estados de la región. En muchos casos,
las políticas públicas que los Estados han adoptado en respuesta a la
inseguridad ciudadana, conocidas como “políticas de mano dura”, han
enfatizado el aspecto represivo, tales como reducción de la edad de
imputabilidad, penas más largas o el uso extendido de la prisión
preventiva, lo cual favorece la intolerancia, la estigmatización y la
exclusión social. En estas sesiones, se realizó una importante audiencia
sobre medidas alternativas a fin de reducir el uso de la prisión
preventiva.
La CIDH valora los avances logrados en el proceso de paz en Colombia y
en el ámbito de sus atribuciones dará seguimiento y analizará los
acuerdos resultantes. La consolidación del proceso de paz y las
expectativas de alcanzar una paz estable y duradera son elementos
transversales en la situación de los derechos humanos. La CIDH está
convencida que el logro de la paz en Colombia es un paso fundamental
para la protección de los derechos humanos en el país. Si bien este
proceso plantea una compleja dinámica para su consecución, la plena
observancia de las obligaciones del Estado en materia de derechos
humanos debe ser un aspecto central. Adicionalmente, resulta preocupante
la información recibida sobre un aumento de los asesinatos y agresiones
contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como sobre las
actividades de grupos armados ilegales que la CIDH ha identificado como
reductos de las estructuras paramilitares, los cuales el Estado tiene el
deber de desarticular.
Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante
conflictos armados no pueden quedar en la impunidad. En relación con
este tema, durante estas sesiones se celebró una audiencia sobre la
situación de impunidad en que continúan las graves violaciones a los
derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado en El Salvador.
Durante dicha audiencia, la CIDH observó que la recuperación de la
memoria histórica y la justicia para los graves crímenes del pasado es
fundamental para comprender y solucionar la violencia en la actualidad.
La CIDH agradece la invitación formulada por el canciller de El Salvador
para que la CIDH visite el país.
Respecto de la importancia de combatir la impunidad, la CIDH saluda la
decisión de Canadá de establecer una investigación nacional respecto de
las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en el país, la
cual daría cumplimiento a una de las recomendaciones que la Comisión
Interamericana estableció en su informe sobre mujeres indígenas
desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá.
La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de
expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto
nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los
solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las
organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y
comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de
expresión que se habrían producido como consecuencia de las
modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a
través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La
delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de
violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior
administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la
información y la posterior convalidación de estas normas por parte del
Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá
un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva
legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la
CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda
el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo
que continuará dando seguimiento al proceso.
En otra audiencia sobre libertad de expresión, la periodista mexicana
Carmen Aristegui y varias organizaciones denunciaron una serie de
mecanismos de censura indirecta y afectaciones al derecho de acceso a la
información que se habrían puesto en marcha en México, lo cual reduce
el debate de asuntos de interés público. El Estado mexicano, en tanto,
explicó los avances normativos e institucionales para garantizar el
acceso a la información y la asignación de la publicidad oficial bajo
criterios objetivos.
Uno de los más serios desafíos que actualmente enfrenta la Comisión
Interamericana es la falta de recursos para cumplir a cabalidad los
mandatos de promoción y defensa de los derechos humanos. La situación
financiera de la CIDH, que es muy grave desde hace muchos años se ha
agudizado este año. La CIDH recibe sólo el 6% del presupuesto general de
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dada la gravedad de la
situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un
enérgico llamado a los Jefes de Estado de la región para que asuman su
responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En
este sentido, la CIDH urge a los Estados a instruir a los órganos
competentes a asignar los recursos financieros requeridos a fin de que
la CIDH pueda cumplir cabalmente con su mandato.
La CIDH preparará un informe sobre el 157 Período de Sesiones que se hará público en su sitio Web.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan sus países de origen o residencia.
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