La Tribuna.hn/ 17 nov, 2015 - 5:00 am
La Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), inició una investigación en el departamento de
Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República ante supuestos
hechos irregulares que se habrían denunciado en los últimos días.
El director de la Agencia, Ricardo Castro, explicó que “todavía no se pueden dar detalles de las investigaciones”, dijo al consultársele sobre la investigación.
Ahondó que “lo que se investiga es toda el área de recursos humanos en general, la investigación la estamos realizando desde el momento que se hizo la denuncia”.
El funcionario fiscal no ahondó en detalles sobre la investigación, tampoco el período en que se produjo la supuesta anomalía.
Castro indicó que se indaga “una denuncia sobre una planilla y lo que se está investigando es si hubo temas administrativos o fueron temas de carácter penal”.
El Ministerio Público tiene entre sus áreas una Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios del Ministerio Público, que en conjunto con la ATIC, investigan la denuncia presentada.
Esa Fiscalía puede ejercer la acción penal pública contra los funcionarios, empleados o servidores del Ministerio Público que pudieren cometer infracciones a las leyes constitutivas de delitos, se informó al momento de su creación en 2014.
Además busca “proteger a la institución de abusos o desviaciones, dirigiendo la investigación de las acciones con apariencia de delitos a nivel interno, y una vez comprobada la comisión de ilícitos penales, ejercer la acción penal en los diferentes juzgados de la República a través de los requerimientos fiscales”.
REINTEGRO A 15 DESPEDIDOS
La Fiscalía comenzó el reintegro de 15 personas que fueron despedidas
del Ministerio Público en el período que fungió la Comisión
Interventora integrada por María Antonia Navarro (Preisdenta), Miriam
Guzmán, Lino Tomás Mendoza y Ángela Madrid (suplente).La apoderada legal de los empleados, Delmi Aracely Márquez explicó a LA TRIBUNA que “hasta el momento hemos reintegrado 15 empleados despedidos por la Comisión Interventora, nosotros en el transcurso del juicio, logramos probar que la finalidad para la cual fue nombrada la Comisión Interventora no cumplió, ya que ellos debieron ser evaluados para ver la calidad de empleados con que contaba el Ministerio Público, no obstante logramos comprobar que a ellos no se les hizo ninguna evaluación, por lo tanto no había causal de despido y además ellos eran trabajadores permanentes”.
A cada empleado el Estado debe pagarle por concepto de salarios dejados de percibir, entre 260 y 270 mil lempiras, sumando un monto de 3.9 millones de lempiras, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La togada indicó que en su caso, aún resta que reintegren ocho personas más, porque una de las personas que emprendió el proceso ya falleció. Sin embargo, otros abogados llevan el caso de los restantes 66 y que aún no se conoce la condición de ellos.
En su mayoría, el personal reintegrado es administrativo, algunos miembros de la seguridad y conductores.
La Fiscalía ha acatado la orden de la Fiscalía, aunque se conoció que están buscando los fondos para pagar los salarios caídos y los sueldos que deberán pagar al personal reintegrado.
En su momento la junta adujo que no existía estructura presupuestaria para pagar el sueldo.
Los interventores fueron juramentados el 17 de abril del 2013, dos días después entró en funciones y se mantuvo por espacio de un año, sustituyendo así al fiscal general en ese entonces, Luis Alberto Rubí y su adjunto Roy Urtecho.
DATOS
DATOS
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| Durante su gestión, la interventora, hizo cambio
de fiscales y dejó una serie de recomendaciones, entre ellos la creación
de fiscalías y unidades que darían un cambio a ese ente operador de
justicia, entre ellos la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, que fue
dirigida por el abogado Roberto Ramírez Aldana, quien llevó por más de
dos años el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La Junta fue sustituida por los actuales fiscales, Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar. |
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