http://criterio.hn/ 6 de Noviembre 2015
Thelma Mejía
Tegucigalpa.-
Frescas están aún las imágenes en el Congreso Nacional con el alboroto
de los diputados por querer entrarle a la depuración de los llamados
cuerpos operadores de justicia: Ministerio Público, Poder Judicial,
Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.
El
crimen de los estudiantes universitarios, fue el escenario propicio que
jugó a esas reformas depuradoras que demandaba la ciudadanía, a quien
como siempre, le dieron confites, nombres rimbombantes de cambio,
mientras en la práctica se ejecutaba una operación de limpieza a los
acomodos del partido en el poder y del poder mismo. Las elites imponían
su juego.
Se
sacudieron así a incómodos magistrados de la Sala Constitucional en lo
que fue un golpe a la institucionalidad, el segundo después de la
asonada al ex presidente Zelaya. Siguieron en esa escalada, la salida
forzada del entonces fiscal general y su adjunto.
Los
diputados, lúcidos y comprometidos como nunca y como siempre, fijaron
incluso una ruta de medición de resultados en donde los operadores de
justicia serían sometidos a su ojo crítico, pues debían rendir cuentas
al pleno cada dos meses o algo por el estilo, no recuerdo bien, porque
el entusiasmo era demasiado contagioso.
Para
volarse al entonces fiscal general y adjunto jugaron con las mismas
armas de la fiscalía que en un informe dijo que casi el 95% de los casos
que llegan a esa dependencia quedan impunes por diversas limitaciones:
presupuestarias, logísticas, humanas, colusión, otras.
Ese
dato impactó a los legisladores y a las instancias civiles que
acompañaban las reformas en seguridad, sin acordarse de que eran los
mismos que se venían dando casi todos los años en los informes anuales
en el congreso. Solo que en ese entonces no incomodaban ni asustaban
porque nadie estaba indignado con las entonces autoridades fiscales, a
excepción de las víctimas de la impunidad que no siempre tienen voz en Honduras.
Hoy
con nuevos fiscales y una nueva Sala Constitucional dizque comprometida
con la justicia y la institucionalidad, los niveles de impunidad están
casi intactos y fiscalías especiales como la de derechos humanos ya ni
voz tienen y los crímenes emblemáticos incluyendo los de sus propios
fiscales, siguen cayendo en la red de los delitos ignorados.
Los
confites dados a la sociedad civil que demandaba cambios de forma y
fondo fueron la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial (DIECP) para entrar de lleno a la reforma policial al salir a
la luz pública una pudrición de corrupción y criminalidad organizada
cuya limpieza o no termina o nunca empezó o se encuentra a medias sin
hallar el “campeón” de la depuración.
El
otro dulce fue la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, que
fue desarticulada rápidamente luego de sendas propuestas de leyes e
iniciativas reformadoras que terminaron incomodando al poder político
que no dudó en eliminarla de tajo bajo su óptica de “medición” de
resultados.
Ahora
la existencia de la DIECP parece tener las horas contadas con el nuevo
proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional enviado por el poder
ejecutivo al Congreso, en el cual se concentran poderes en la figura del
director de la Policía Nacional para “depurar” a discreción e incluso
algunos diputados revelaron que los policías quieren crear un fuero
policial para juzgar a sus elementos sin tener que ir a los tribunales
civiles. Eso se llama impunidad.
Esta
última idea si bien no está plasmada en el documento de proyecto, ha
tenido conversaciones off te record con los parlamentarios, reveló uno
de ellos a un noticiero televisivo e incluso trascendió que intentaran
introducir esa reforma en la discusión de los debates, así como hicieron
con la ley de secretos oficiales que nadie se dio cuenta cuando se
aprobó.
Las
nuevas autoridades de la DIECP revelaron que más de mil uniformados
policiales, entre preventivos, oficiales de alto rango y dos
comisionados generales, no pasaron las pruebas de confianza y se les
presume implicados en algunos ilícitos, pero nadie los tocó, continuaron
en la policía como si nada había sucedido. Los titulares de Seguridad
que antecedieron al actual conocieron esos hechos pero optaron por
guardar silencio. Sepa usted que pasó.
Resulta
irónico que el titular del Ejecutivo sea quien ahora—dos años
después—envíe una propuesta de contrarreforma a la reforma que él mismo
promovió, empujó y hasta “encadenó” cuando se encontraba al frente de la
titularidad del Legislativo.
Parece
que nos aprestamos a vivir historias pasadas con retrocesos de siempre,
mismos actores, mismos escenarios pero con distractores distintos en
los llamados juegos del hambre.
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