Escrito por Redacción | Marzo 26 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Sin
orden judicial, miembros de la Policía Militar y del Orden Público
(PMOP) ingresaron a la casa del dirigente estudiantil del Movimiento
Amplio Universitario (MAU), Nery Gómez.
Este
acto de intimidación, por parte de policías, militares y guardias de
seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocurre
menos de 24 horas después del asesinato de dirigentes estudiantiles de
educación secundaria y tras una oleada de represión contra estudiantes
universitarios, de educación secundaria y defensores del Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
A
través de una denuncia que el periodista Cesario Padilla divulgó por
las redes sociales se informa que Gómez, un militante activo del
Movimiento Amplio Universitario (MAU), relató, vía teléfono, que a las
4:00 de la madrugada, “miembros de la PMOP se presentaron en el sector
de la colonia antes mencionada -la cual tiene circuito cerrado- y
preguntaron a los miembros de la seguridad privada del lugar si conocían
a Nery y donde vivía”.
“Los
guardias privados los dejaron entrar y le señalaron mi casa. Yo no
dormí ahí por temor a que me pasara algo, ya que he estado apoyando como
MAU a los compañeros de secundaria. Entraron a la casa y a mi
apartamento, lo vaciaron y se llevaron mis documentos", dijo Gómez,
según este comunicado.
Es
de destacar que el artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos establece que ningún ingreso o registro podrá
realizarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución
de autoridad competente. Del mismo modo, el artículo 99 de la
Constitución de la Republica manda que el domicilio es inviolable.
El
universitario denunció además que anoche, mientras se dirigía a comprar
cena, sujetos que conducían un vehículo, marca Nissan Frontier, color
blanco, sin placas, le dio seguimiento hasta el lugar donde él iba a
consumir sus alimentos.
El
ex Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión,
Frank La Rue, declaró el 15 de agosto pasado, al finalizar su visita
oficial a Honduras: “La libertad de expresión se puede dar a través de
cualquier medio y esto incluye el derecho a movilización y manifestación
pacífica por medio de cual organizaciones o sectores sociales pueden
hacer ver su descontento con políticas públicas, concesiones de
explotación de recursos naturales, o actitudes de funcionarios”.
El
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) recuerda que el derecho a la
manifestación pacífica, si bien es un derecho humano contenido en las
libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera
especial debido a que representa un modo de acción cívica para la
exigencia y la defensa de otros derechos, poniendo en evidencia el grado
de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la
fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el
uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos.
Asimismo,
la manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la
disidencia, y está relacionada con la protección de las minorías y el
respeto a los derechos individuales en el marco de una sociedad libre y
democrática.
Ante
todo eso, se urge al Estado hondureño a asegurar la aplicación de lo
dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del
derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”
(Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la
protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del
ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente
Declaración” (Art.12.2).
/Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/polic%C3%ADa-militar-allana-casa-de-universitario-que-apoy%C3%B3-protestas
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Organizaciones de DDHH condenan estigmatización e intolerancia de la protesta pública
Escrito por Redacción | Marzo 26 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones
de derechos humanos mostraron hoy su repudio por la acción policial en
contra de estudiantes de colegios públicos capitalinos, y porque además
consideran que el asesinato de al menos tres colegiales en las últimas
horas es una respuesta a la intolerancia a la protesta pública.
Aglutinados
en la Alianza por los Derechos Humanos, los defensores exigieron al
gobierno dar respuesta a los asesinatos, resolver la problemática en el
sistema educativo con respecto a los derechos fundamentales de los
estudiantes, además que piden la deducción de responsabilidades contra
los funcionarios que con sus acciones atropellaron a estudiantes, padres
de familia y docentes.
Desde
el Centro de Investigación y Promoción de los derechos humanos,
Ciprodeh, donde llevó a cabo una conferencia de prensa, la Alianza por
los Derechos Humanos, condenó las últimas acciones del Estado hondureño
en contra de menores de edad, que estudian en diferentes centros
educativos públicos del país.
“Lamentamos
que el gobierno no considere a la juventud como personas sujetas de
derechos, negándoles el derecho a la información adecuada, el derecho a
disentir. Antes las represiones y luto del estudiantado, el presidente
de la República, no se ha dignado en pronunciarse”, establecieron. En
la conferencia estuvieron Wilfredo Méndez, director ejecutivo de
Ciprodeh; Juan Almendares, del CPTR; y el reverendo Rigoberto Ulloa,
entre otros defensores de derechos humanos.
“Hacemos
un llamado para no estigmatizar a la juventud protestante, a no
provocar acciones violentas ante el derecho universal a la protesta
pacífica, por el respeto al derecho de los estudiantes en la defensa de
la educación pública, por el contrario, se ha usado la represión
militar, policial, lanzando bombas lacrimógenas, disparando con armas de
fuego y agresiones contra la humanidad de las y los afectados., dejando
como resultado estudiantes heridos por armas de fuego y lesionados”,
manifestó Méndez.
Asesinados estudiantes en menos de 24 horas
Agregó
la condena de Soad Nicolle Ham Bustillo, 13, estudiante del Instituto
Central Vicente Cáceres, que participó activamente en las protestas
estudiantiles de estos días, pero amaneció muerta este 25 de marzo en un
costal en las proximidades de la colonia El Álamo.
A
esa muerte se suman la de Elvin Antonio López, 19, y Darwin Josué
Martínez, 21, líderes estudiantiles del “Jesús Aguilar Paz”, quienes
fueron abatidos esta semana también en las proximidades del colegio.
“Rechazamos
la actitud agresiva e irresponsable de miembros de Seguridad de la UNAH
contra los estudiantes y contra defensores de derechos humanos;
condenamos las acciones de intimidación, amenazas y persecución contra
docentes; y rechazamos las amenazas, intimidación y campañas de
desprestigio contra defensores de derechos humanos en el ejercicio de su
labor”, dijo Méndez.
En
ese sentido, exigen investigar, enjuiciar, y condenar a los
responsables de las muertes de estudiantes; demandan del Poder Ejecutivo
resolver con urgencia esta problemática en el sistema educativo en el
marco del respeto a los derechos fundamentales de estudiantes. Más allá
de la responsabilidad de Educación el problema se centra en la
responsabilidad del gobierno por el precario sistema educativo nacional.
“Llamamos
a las autoridades universitarias a pronunciarse contra la agresión
militar y policial contra sus estudiantes. A tomar las medidas de
control con su personal de seguridad privada para que ejerzan su labor
en el marco de la ley”.
Según
Méndez, “hacemos un llamado general para no motivar acciones de rechazo
y odio contra defensores y defensoras de derechos humanos en el
ejercicio de su labor por la integridad y la vida, la lucha por la
justicia y mejores condiciones de la gente. Finalmente responsabilizamos
al Estado en caso de perjuicio en contra de la vida y la integridad de
más dirigentes estudiantiles”.
Para
Méndez, las muertes de estudiantes provienen de la intolerancia a la
protesta. Por su lado, Juan Almendares manifestó que los estudiantes
protestan no por 45 minutos de clases, el problema es la inseguridad,
los estudiantes temen que al salir de clases sean víctimas de esa
inseguridad.
Cuestionó
que se olvida que los jóvenes son seres humanos, los azuzadores no son
defensores de derechos humanos, los azuza la realidad, el hambre, la
violencia, la violación a derechos humanos.
Entre
tanto, el reverendo Rigoberto Ulloa, dejó claro su respaldo a todas las
acciones de los colegiales y cuestionó al gobierno por sus acciones
durante los últimos seis años. “Estamos unidos por un pueblo que lucha, este régimen usa la religión para justificar los asesinatos, el hambre”, dijo.
Agregó que la verdad es mediatizada y además invitó a las iglesias a salir de protestar en vez de seguir orando y rezando. Por
su lado, Matías Sauceda, presidente de la Junta Directiva de Ciprodeh,
reseñó que acompañó a los estudiantes en sus jornadas de protesta y
anunció que las juntas directivas de padres de familia de los colegios
públicos estarían reunidos para determinar no enviar a sus hijos a
clases por inseguridad.
En
los últimos días estudiantes de colegios públicos salieron a las calles
a protestar porque la secretaría de Educación determinó sumar cinco
minutos más de clase a cada materia. Los jóvenes son liderados, en
algunos casos, por personas ajenas a las instituciones. La policía ha
procedido a dejarlos de las instituciones que se han tomado. Paralelo,
tres colegiales murieron acribillados en las últimas horas.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/organizaciones-de-ddhh-condenan-estigmatizaci%C3%B3n-e
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