• De 278,000 funcionarios que presentaron declaración jurada, apenas 600 fueron auditados. / Escrito por Redacción | Marzo 8 del 2015 Secciones: InvestigacionesTegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Carretillas repletas de expedientes, conteniendo declaraciones juradas de bienes, son trasladadas desde las oficinas receptoras del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un pasillo con poca luz hasta llegar a un costado del primer piso del edificio.
En una especie de bodega, archivo o caja fuerte gigante, son celosamente guardados los documentos que establecen la millonaria fortuna de funcionarios hondureños. La actividad parece normal en un día cualquiera en el TSC, ubicado a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas. Los funcionarios que reciben más de 30 mil lempiras de salario acuden a declarar o actualizar los montos de su patrimonio.
Pero
no, esa información es un secreto de Estado, es más, la Ley del TSC,
aprobada por Decreto Legislativo No. 10-2002-E, prohíbe revelar las
declaraciones juradas.
Mientras en naciones como México, Argentina y Uruguay hay avances, y se conoce desde la “Casa Blanca” que adquirió la pareja presidencial Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la inmensa fortuna que amasa Cristina Fernández de Kirchner o el modesto Volkswagen Fusca, 1987, que declaró como patrimonio único, al inicio de su gobierno, el ex presidente de Uruguay, José Mujica; en Honduras y pese a compromisos firmados para la transparencia, aún es delito que el pueblo sepa cómo viven sus funcionarios.
Para
algunos, la transparencia debería ir más allá de conocer sólo el
patrimonio económico de los funcionarios, deberían presentar hasta su
expediente clínico para que la población sepa si están saludables para
cumplir sus funciones.
Y
como tampoco es un secreto que el país está calificado como uno de los
más corruptos del mundo, donde desde policías y militares se han
enriquecido sin lograr salarios superiores a los 40 mil lempiras
mensuales si es que llegan al más alto rango, según Transparencia Internacional,
y donde funcionarios que tienen como techo 80 mil lempiras mensuales
también aparecieron con grandes fortunas, entonces las dudas razonables
llevan a pensar que no hubo forma lícita de acumular tanto dinero.
Pero
averiguar eso en Honduras es un crimen, si un funcionario del TSC
revela información relacionada a las declaraciones juradas o
patrimoniales puede ir a la cárcel, puede ser sancionado con so
destitución hasta ir a prisión acusado por el delito de violación a los
deberes de los funcionarios.
De
acuerdo con información oficial, sólo en los últimos cuatro años, el
TSC recibió 278, 213 declaraciones juradas de bienes, de estas, no ha
tenido tiempo ni personal para cotejar si la información es válida y
menos para saber si incrementaron su fortuna al salir del cargo público y
por ende desconocen si su enriquecimiento fue legal o ilícito.
Desde
la óptica del TSC no es posible conocer ni un caso tan público como el
del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, Mario
Zelaya, acá no han establecido como amasó tanta fortuna, pues su declaración jurada nunca fue analizada.
El
equipo de Conexihon solicitó esta información, pero funcionarios del
TSC informaron que no sabían en cuánto se enriqueció Zelaya porque este
caso nunca ha sido sometido a auditoría.
Cifras del “tesoro escondido”
De
las 278,213 declaraciones juradas de bienes que recibió el TSC en los
últimos cuatro años, apenas unas 600 fueron cotejadas, es decir unas 150
por año. Los auditores del TSC realizaron estas revisiones al alzar
para conocer si su fortuna es lícita.
Chimirri
ha sido enjuiciado tres veces por las armas decomisadas en su casa y en
los tres juzgados ha recibido carta de libertad, mientras el caso de
enriquecimiento ilícito, basado en auditorías del TSC, también fue
cerrado provisionalmente desde el 25 de julio de 2013 porque el ente
contralor no pudo demostrar el delito.
“Los
verdaderos delincuentes de este país posan en las mejores revistas de
Honduras”, ha dicho Chimirri ya que a su juicio el verdadero origen de
la persecución en su contra es que mientras fue gerente de Hondutel tocó
a unas seis familias muy poderosas del país que tenían injerencia en
los gobiernos y él se les enfrentó porque denunció el tráfico gris, en
el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
Es
tal debilidad para auditar, por medio de la declaración jurada que, en
información del MP, se estableció que en cinco años, de 2010 a 2015, el
TSC sólo investigó 26 casos por enriquecimiento ilícito.
Contrario
a lo engorroso de investigar un caso y llegar hasta las últimas
consecuencias, como se ha detallado, el trámite para lograr una
solvencia temporal es mucho más sencilla, se presenta el interesado a
secretaría del TSC, donde basta con confirmar que no tiene ninguna
denuncia en su contra y se va solvente.
- Vea la segunda parte: Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años: Honduras
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/investigaciones/declaraciones-juradas-en-honduras-el-%E2%80%9Ctesoro-escondido%E2%80%9D
No hay comentarios :
Publicar un comentario