Escrito por Redacción | Marzo 19 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Por Dana Frank | Foreign Policy
Pero,
muy al contrario, Hernández está impulsando una peligrosa
militarización de la policía nacional y al mismo tiempo se niega a
enfrentar la vasta corrupción inmanente a la fuerza policial.
En los
últimos seis años ha demostrado ser un hampón aterrador. Ahora, poco más
de un año desde el inicio de su presidencia, es evidente que está
perpetuando una crisis de derechos humanos sin aliento, mientras que
ampara un pantano de corrupción y de crimen organizado, en el que están
enmarañados los niveles más altos de su gobierno.
No
obstante, a pesar de abrumadoras pruebas que delatan el peligroso
historial de Hernández en materia de derechos humanos y seguridad, el
gobierno de Obama ha decidido hacer firme el apoyo a su régimen, e
incluso aclamarlo. Actualmente, hay un caudal de fondos de desarrollo,
de seguridad y económicos hacia Honduras, y la Casa Blanca no escatima
esfuerzos para presionar por cientos de millones más – incluso al tiempo
que Hernández consolida su poder de una forma tal que la oposición
unida ya la califica de dictadura.
Aunque,
por una parte, Obama ha logrado un avance estelar con respecto a Cuba
–finalmente abriendo paso a las relaciones diplomáticas y señalando una
disposición a darle la espalda a la rigidez de la Guerra Fría– en
Honduras, por la otra, está enviando un mensaje muy diferente y
peligroso para la región: que Estados Unidos está dispuesto a respaldar
con entusiasmo a un régimen represivo, con el fin de consolidar y
ampliar su poderío militar y económico.
El
gobierno de Obama se está haciendo la vista gorda ante lo que sucede en
Honduras, optando por apuntalar a Hernández, conforme a un patrón que
replica trágicamente el apoyo brindado a regímenes represivos en América
Central a lo largo del siglo XX, por parte de EE.UU.
* * *
Juan
Orlando Hernández ha acopiado un sórdido historial, tanto como un
miembro del Congreso de larga data, como desde que ejerce la
presidencia. En junio de 2009, presidió una comisión del Congreso clave
que sancionó el golpe militar mediante el cual fue derrocado el
presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya.
En
diciembre de 2012, cuando Hernández era presidente del Congreso, éste
depuso a cuatro jueces de la Corte Suprema y en 2013 dirigió el
nombramiento ilegal de un nuevo Fiscal General. Desde ese entonces, ha
obligado a todos los diarios del país a seguir su línea, y su Partido
Nacional ha silenciado en gran parte a la oposición en el Congreso
hondureño, al no permitir los debates y al adueñarse de la composición
anteriormente bipartidista de las comisiones.
Hasta
la elección que lo colocó en su cargo se vio empañada por los informes
de los observadores internacionales de la compra conspicua de votos, la
intimidación violenta de los electores, los opacos procedimientos de
escrutinio, y el asesinato de más de 30 disidentes y activistas de la
oposición política durante la campaña electoral. Hernández ahora
controla casi todas las riendas institucionales de poder en el país. Y
desde que asumió la presidencia en enero de 2014, ha consolidado su
poder mediante una serie de amenazas y maniobras maquiavélicas que hacen
que House of Cards luzca como una fiesta de cumpleaños de algún alumno
de cuarto grado.
La
política hondureña ha estado profundamente enturbiada por la corrupción
y los abusos, desde hace mucho tiempo. Plagada de narcotraficantes, de
crimen organizado y pandillas, el sistema político del país se ve
secuestrado por un puñado de familias de la elite, que durante décadas
han controlado sus medios de comunicación y la mayor parte de sus
recursos económicos. Pero el golpe de 2009 le abrió la puerta en grande a
la criminalidad. Zelaya, electo en el 2006 y de por sí un integrante de
la élite tradicional, había girado ligeramente a la izquierda, apoyando
un aumento en el salario mínimo, la compra de petróleo a Venezuela, y
frenando las tomas de poder mediante la privatización en Honduras.
Cuando en abril de 2009 quiso hacer que una encuesta de opinión pasara
las urnas el mes de junio de ese año –de forma completamente legal –
para consultar a los electores si estaban de acuerdo con la convocatoria
a una asamblea constituyente, sus opositores aprovecharon la
oportunidad para denunciar de la nada que lo estaba haciendo para poder
obtener un segundo mandato. El 28 de junio de 2009, el ejército metió a
Zelaya en un avión, sin más que sus piyamas y lo botó en Costa Rica.
El
golpe de Estado, un acto criminal en sí mismo, dejó como secuela la
degeneración casi completa del Estado de derecho. Grandes porciones del
poder judicial, la fiscalía, y sectores del Congreso están ahora
plagadas de corrupción y vinculados con el crimen organizado y el
narcotráfico, según las acusaciones. En diciembre, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos confirmó una tasa de impunidad
impresionante, del 95 a 98 por ciento.
La
corrupción policial, ya extensa antes del golpe, se ha amplificado
dramáticamente desde entonces, y continúa sin cesar bajo el mandato de
Hernández. En el 2011, la policía asesinó al hijo de Julieta
Castellanos, la presidenta de la universidad más grande del país. En el
2013, la Associated Press reveló que el director nacional de la policía,
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, supuestamente contratado para limpiar a
la policía, era él mismo un documentado líder de un escuadrón de la
muerte entre 1998 y 2002, cuando las políticas de “mano dura” intentaban
acabar con las pandillas, mediante la amplia represión de sus supuestos
miembros. En el 2013, la AP documentó además la ocurrencia de
asesinatos actuales, por parte de escuadrones de la muerte de la policía
hondureña. Ya para agosto del 2013, una comisión gubernamental
encargada de la limpieza de la policía admitió que el 70 por ciento de
la policía “era insalvable”. InSight Crime, una fundación que rastrea el
crimen organizado, con sede en Washington, informó en un Resumen
ejecutivo del 2014 que “una serie de poderosos grupos locales,
conectados a las élites políticas y económicas (…) administran la mayor
parte de las actividades del hampa en el país; los cuales han penetrado
profundamente a la policía hondureña “.
La
respuesta por parte del gobierno de Honduras a la profunda corrupción
de la policía ha sido encomendar a los militares hacerse cargo de la
policía a nivel nacional, a pesar de la prohibición expresa de la
Constitución acerca de la participación militar en las labores
policiales, excepto en casos de emergencia. Desde principios del 2012,
el antecesor de Hernández, Lobo, inició el despliegue de militares para
patrullar las grandes ciudades y para el resguardo de aeropuertos,
cárceles y zonas turísticas. Los militares incluso se hicieron cargo de
barrios enteros, aterrorizando a sus residentes.
Hernández
procedió a ampliar agresivamente la militarización iniciada por Lobo,
basando su campaña del 2013 en la promesa de “un soldado en cada
esquina”, y una vez en el cargo, impuso una línea de mando militar sobre
un amplio costado de la función policial interna. En el 2013, dirigió
la creación de una nueva policía militar, en rápida expansión, que hoy
día cuenta con al menos 3.000 funcionarios que responden directamente al
ejército, y que actualmente no sólo resguardan las cárceles, los
aeropuertos, y las zonas residenciales, sino también las escuelas, los
autobuses y las alcabalas que están en todas partes, a lo largo de las
carreteras. El 15 de diciembre, Hernández nombró a Julián Pacheco
Tinoco, el director de la inteligencia militar, como su nuevo ministro
de seguridad, responsable de supervisar la policía, a pesar de que
Pacheco era un general en funciones para ese entonces. De forma más
agresiva aún, Hernández recientemente instó al Congreso de Honduras a
modificar la Constitución para poder legalizar su policía militar,
aunque sin éxito.
La
nueva policía militar de Hernández ha afianzado rápidamente su propio
historial aterrador de abusos contra los derechos humanos. El 8 de mayo,
según Amnistía Internacional, un vehículo de la seguridad del Estado
embistió deliberadamente el coche estacionado de José Guadalupe Ruelas,
director de Casa Alianza y el defensor de niños más notable del país,
quien acababa de criticar al gobierno por no proteger a los niños, al
tiempo que denunciaba que la corrupción y la impunidad impedían la
ejecución de múltiples leyes. Los policías militares luego lo arrestaron
y lo golpearon brutalmente. Cinco días más tarde, rodearon, golpearon
con porras, agredieron con gas lacrimógeno y expulsaron a 35
congresistas del partido de la oposición, LIBRE, de la sala plenaria del
Congreso. El 22 de noviembre, una joven que esperaba su autobús a las
afueras de San Pedro Sula fue presuntamente secuestrada y luego violada
por ocho miembros de la policía militar. Nadie ha sido arrestado o
enjuiciado en ninguno de estos casos.
Una
desnuda celebración cultural del militarismo también se está
propagando. El pasado Día de la Independencia, el 15 de septiembre de
2014, los canales de televisión y los periódicos exhibían batutas,
desfiles de niños pequeños, y un estadio lleno de padres e hijos que
vitoreaban, mientras que unidad tras unidad de las fuerzas armadas y de
la policía militar desfilaba al unísono, con muchos de sus rostros
recubiertos de máscaras negras. Quizás de forma más alarmante, un nuevo
programa oficial llamado “Guardianes de la Patria” se ha puesto en
marcha para adoctrinar explícitamente a niños entre 5 y 15 años de edad,
en la cultura y los valores militares; del cual ya han salido graduados
1.500.
En
la medida que ha desplegado todo lo anterior, Hernández es una figura
mucho más brutal y maquiavélica que su antecesor, y ha dedicado su
tiempo hasta ahora como Presidente a consolidar con puño de hierro un
gobierno unipartidista. El único poder del Estado que no controla por
completo es el Congreso, donde se enfrenta a una oposición feroz – pero
que casi siempre se ve frustrada por una serie de maniobras que violan
los reglamentos y las normas históricas. Su Partido Nacional sólo cuenta
con 48 de un total de 128 escaños, mientras que un nuevo partido de
centro-izquierda, LIBRE, y dos partidos de extrema derecha, el
tradicional Partido Liberal y el nuevo Partido Anticorrupción, controlan
casi todo el resto. El partido de Hernández, sin embargo, admite poco
debate. El 28 de diciembre, los otros tres partidos grandes, junto a un
pequeño partido adicional, emitieron una declaración conjunta sin
precedentes que declara la unidad “contra la instalación de la dictadura
y en defensa de la ciudadanía y sus derechos garantizados por la
Constitución”.
* * *
Si
el vicioso historial antidemocrático del régimen de Hernández está tan
claramente documentado, entonces ¿por qué el gobierno de Obama aclama al
régimen y se hace la vista gorda con respecto a su militarización y
abuso de los derechos humanos? La Casa Blanca, al parecer, está fijando
agresivamente su apoyo al actual gobierno de Honduras, con el fin de
consolidar y ampliar la presencia militar de Estados Unidos en
Centroamérica, al tiempo que sirve a los intereses de las corporaciones
trasnacionales en la región.
Después
del golpe militar de 2009, Estados Unidos maniobró agresivamente para
estabilizar y consolidar el régimen post-golpe de Estado, con el fin de
garantizar un gobierno leal a los Estados Unidos y a los intereses de
las corporaciones; y para enviarle un mensaje a los gobiernos de
centro-izquierda y de izquierda, electos democráticamente, que habían
llegado al poder en América Latina en los 15 años anteriores, de que
podían ser los próximos. La financiación de la policía y del ejército de
Honduras por parte de Estados Unidos aumentó en los años sucesivos,
bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico – el cual, de hecho,
ha florecido en el festín de criminalidad inaugurado por el golpe.
La
crisis de los niños no acompañados en la frontera, en lugar de poner en
vilo el apoyo estadounidense a un régimen destructivo, ha dado lugar a
una relación aún más estrecha entre Estados Unidos y el gobierno de
Honduras, junto a un posible aumento en la financiación destinada al
régimen y a los intereses de élite que de éste se benefician. Las cifras
exactas para los años 2014 y 2015 no están disponibles –los fondos de
seguridad de Estados Unidos son poco transparentes–, pero en el 2013,
Estados Unidos le proporcionó al menos $ 27 millones al ejército y a la
policía de Honduras; un aumento con respecto a cada uno de los tres años
anteriores. El 29 de enero, la Casa Blanca solicitó la abrumadora
cantidad de $ 1 mil millones nuevos, en ayuda a Centroamérica, de los
cuales una gran parte está destinada a Honduras y a sus fuerzas de
seguridad.
El
Congreso de Estados Unidos, por el contrario, ha criticado enérgica y
repetidamente el apoyo del gobierno de Obama al régimen y sus fuerzas de
seguridad, a la luz de los abusos contra los derechos humanos. Veintiún
senadores, encabezados por Benjamin Cardin (miembro del partido
demócrata por el estado de Maryland), firmaron una carta en junio de
2013, dirigida al secretario de Estado John Kerry, en la que
cuestionaban el apoyo a la policía y al ejército de Honduras. En mayo de
2014, 108 miembros de la Cámara de Representantes, encabezados por la
representante Jan Schakowsky (miembro del partido demócrata por el
estado de Illinois), firmaron una carta manifestando su rechazo al
apoyo brindado por el Departamento de Estado a las fuerzas de seguridad
hondureñas. La Ley Orgánica de Asignaciones Consolidadas del presente
año 2015, por el cuarto año consecutivo, coloca condiciones de derechos
humanos sobre parte de la ayuda destinada a la policía y al ejército de
Honduras. Últimamente, en las audiencias del 25 de febrero ante la
Comisión de Asignaciones y la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, el senador Cardin y el senador Patrick Leahy (miembro del
partido demócrata por el estado de Vermont) cuestionaron con firmeza la
promoción por parte del Secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
del nuevo plan de financiación para Centroamérica.
En
cambio, los altos cargos militares y diplomáticos de Estados Unidos se
han hecho eco del blanqueo, por parte de la gestión, de los abusos en
materia de derechos humanos. El comandante John Kelly, del Comando Sur
de Estados Unidos, sostuvo el 2 de junio que el compromiso del gobierno
de Honduras en su lucha contra el crimen era “impresionante” y que su
labor durante los primeros meses de la presidencia de Hernández fue
“increíble”. El embajador estadounidense James Nealon, que arribó en
agosto directamente de una misión de dos años junto a Kelly, aún no ha
dicho ni pío públicamente para protestar la militarización o la
corrupción de la policía. En su primera entrevista pública, optó por
elogiar a Hernández por su “magnífico” discurso reciente en las Naciones
Unidas. Su anuncio en ocasión del Día Internacional de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre, enumeró los diversos sectores con los que
se había reunido, pero no hizo referencia concreta alguna a los
problemas dentro de Honduras relativos a los derechos humanos.
En
colaboración con los gobiernos de El Salvador y de Guatemala, Hernández
ha venido promoviendo agresivamente un “Plan de la Alianza para la
Prosperidad en el Triángulo del Norte” que data de septiembre del 2014.
Elaborado de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo,
el plan propone abordar la crisis económica de la región, al igual que
la violencia generalizada. No obstante, su contenido real apenas
agravará los problemas, ya que se centra en el desarrollo de
infraestructura para aupar a los propios sectores económicos que
actualmente ofrecen empleos con sueldos de miseria, en las zonas francas
de exportación y en turismo.
Por
lo general, el plan privilegia a la misma elite y a los intereses
corporativos trasnacionales cuyas políticas y prácticas han engendrado
la crisis de pobreza e inseguridad que la propuesta pretende solventar.
No hace mención alguna de los graves problemas que vive Honduras; no
sólo la actual militarización del país, sino también la naturaleza
unipartidista del gobierno, los despidos masivos de empleados de
gobierno por parte de la gestión de Hernández. Tal vez de forma más
preocupante todavía, apenas menciona brevemente la cuestión de los
derechos humanos, con respecto a la trata de personas y de las prisiones
– omitiendo por completo la crisis de derechos humanos generalizada en
el país luego del golpe de Estado, que incluye la represión de
periodistas, las personas LGBTI, los campesinos, los pueblos indígenas y
afro-indígenas, las mujeres, y la oposición, por no hablar de los
abusos cometidos por el gobierno en sí – todo lo cual ha sido
documentado exhaustivamente por observadores hondureños e
internacionales de derechos humanos.
El
plan incluso apuntala la infraestructura para el denominado proyecto de
“Ciudades Modelo” en la región Choluteca del Golfo de Fonseca: una
aterradora propuesta híper-neoliberal que deroga por completo la
Constitución de Honduras y el Estado de derecho en el país, puesto que
los promotores tendrían la libertad de redactar sus propias leyes y
suscribir tratados con las potencias extranjeras. Las leyes de Honduras
ni siquiera aplicarían. Grover Norquist, el líder del Tea Party, ocupa
un puesto en el comité superior facultado para supervisar el proyecto;
el cual está compuesto de 21 integrantes, de los cuales apenas tres son
hondureños. La participación de Norquist y la de otros consejeros
experimentados de la extrema derecha estadounidense es simplemente una
indicación de la forma en que los inversionistas neoliberales
internacionales y la prensa de negocios de Estados Unidos han estado
salivando ante la idea de las Ciudades Modelo.
Las
instituciones financieras internacionales también le han ofrecido su
apoyo al gobierno de Honduras. A principios de diciembre, el FMI anunció
un nuevo préstamo de $ 188,6 millones a Honduras y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) le ofreció un préstamo de $ 110
millones. En conjunto, los préstamos son un salvavidas para el gobierno
de Hernández, que se encuentra al borde de la quiebra, mientras que
agravan el empobrecimiento de los trabajadores del gobierno, mediante
los despidos y las privatizaciones masivas, expresamente decretadas, y
que incluyen la venta de la compañía telefónica estatal, las empresas
eléctricas y el puerto. Justo cuando se anunciaron los préstamos, el
gobierno de Honduras declaró que en el 2015 se proponía despedir a 7.000
más trabajadores públicos, como parte de una reducción del 30 por
ciento en los gastos.
Una
parte de los nuevos fondos de Estados Unidos también están destinados a
programas en el terreno en Honduras, para hacerle frente a las
pandillas y al crimen organizado. Pero la eficacia de dichos proyectos,
por muy bien intencionados que sean, no se logra dilucidar; pues en la
ausencia de una limpieza completa de la policía –incluyendo su alta
jerarquía– o de un repliegue de los militares, suelen aterrizar en un
campo magnético desregulado de corrupción, crimen, abusos de derechos
humanos, amenazas, extorsiones y asesinatos.
En
términos más generales, es necesario hacer una distinción entre los
programas financiados por EE.UU. y su política. Mientras que decenas de
millones de dólares en fondos de desarrollo, entre otros, fluyen hacia
Honduras para tratar síntomas, la política del gobierno de Obama, a
mayor escala, es de apoyar al propio régimen que –de diversas maneras–
es responsable de amparar, originar y arreciar los problemas que dichos
programas pretenden resolver.
La
política de EEUU hacia Honduras parece estar conducida por intereses
estratégicos de orden mayor, en su empeño de hacer retroceder a los
gobiernos de centro-izquierda e izquierda que han llegado al poder
democráticamente durante los últimos 20 años en Latinoamérica. Estados
Unidos también busca mantener bajo su llave a la base aérea Soto Cano en
Honduras y está ampliando su presencia militar directa en la región. El
mensaje inequívoco que Obama, Kerry y el Departamento de Defensa están
enviando, sin embargo, es que Estados Unidos acoge con agrado una
alianza cada vez más profunda con un peligroso hampón atornillado, que
se ha dotado de poderes dictatoriales — mientras que promueve un modelo
económico neoliberal, cuyos efectos devastadores ya están más que
comprobados, no solo para Honduras, sino para toda Centroamérica, el
hemisferio y más allá. Del mismo modo que Obama ha dado un gran paso
hacia adelante en Cuba, en otros términos, está enviando una señal mucho
más aterradora en Honduras.
La
gestión de Obama debe distanciarse en seguida y de forma pública de
Hernández y de su régimen. Debe desistir de exaltar a Hernández y exigir
que las fuerzas armadas sean sustraídas de las funciones policiales
domésticas, recortando igualmente toda ayuda financiera militar y
policial por parte de EEUU. Debe cuestionar el financiamiento a Honduras
por parte del FMI y del BID, también reevaluar el Tratado de Libre
Comercio Estados Unidos-Centro América (CAFTA-DR), el cual ha sido
dañino para la economía hondureña, según lo confirman la Federación
Americana de Trabajadores y el Congreso de Organizaciones Industriales
(AFL-CIO).
De
forma más positiva, urge que Estados Unidos le brinde su apoyo
contundente a una comisión contra la impunidad patrocinada por la ONU,
inspirada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
y se asegure de que dicha comisión permanezca libre de la influencia de
Hernández. El modelo del gobierno de Obama para el desarrollo económico
debería poner el acento en los derechos laborales, promover un sector
industrial variado que genere buenos empleos, calificados y con
remuneración digna, al igual que apoyar un desarrollo sostenible de la
agricultura, que respalde el derecho a la tierra de los campesinos y de
los pueblos indígenas. Ante todo, Estados Unidos debe replantearse su
rol en Honduras: en defensa de los derechos humanos y de la justicia
social, en vez de en su contra.
/Fuente en Español: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/
Fuente original: Foreign Policy (inglés)
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