Escrito por Redacción | Marzo 16 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
El gobierno ha recurrido a la militarización de los centros
penitenciarios del país, como respuesta a los altos niveles de
corrupción e inseguridad que experimentan, lo que representa una abierta
violación a las leyes nacionales y a los tratados internacionales,
denunció la organización defensora de los derechos de la niñez, Casa
Alianza.
En
un comunicado público Casa Alianza lamentó que “la violación de
derechos humanos es una constante para los privados de libertad en todas
las cárceles del país”. Y que “la violencia estructural ejercida por el
sistema en contra de la población hondureña y la ausencia de políticas
de prevención del delito, han provocado que las cárceles de Honduras se
encuentran desbordadas en su capacidad, generando condiciones inhumanas
para los privados de libertad”.
En
los últimos años, al menos tres incendios de grandes proporciones se
han registrado en los centros penitenciarios, en 5 de abril de 2003, el incendio
en la Granja Penal de El Porvenir en La Ceiba, con un saldo de 69
privados de libertad muertos quemados, en el gobierno de Ricardo Maduro
(Partido Nacional, nacionalista), el 17 de mayo de 2004 un incendio
en el Centro Penal de San Pedro Sula, el dejó un saldo de 107 privados
de libertad muertos quemados, en el gobierno de Ricardo Maduro
(nacionalista) y el 13 de febrero de 2012 otro en el Centro
Penal de Comayagua, con un saldo de 377 privados de libertad muertos
quemados, en el período de gobierno Porfirio Lobo Sosa (nacionalista).
Este
año, durante al actual gobierno de Juan Orlando Henández (nacionalista)
también el centro psicopedagógico “Renaciendo” para menores privados de
libertad, que dejó dos muertos y cuatro heridos adolescentes internos
privados en libertad; el
último amotinamiento del Centro Penal de San Pedro Sula, el 11 de
marzo, en donde haciendo uso excesivo de la fuerza intervino la Policial
Militar del Orden Público (PMOP), la Policía Nacional y el Ejército,
con un saldo de 5 muertes y más de 40 heridos entre los privados de
libertad.
Para la organización es urgente "proceder
de inmediato a la desmilitarización del sistema carcelario del país,
debido a que solo ha generado mayores niveles de violación a los
derechos humanos y corrupción al interior de los centros penales, la
reconversión inmediata de sistema penitenciario nacional desde el
enfoque de justicia restaurativa; que los centros de detención sean
modelos de rehabilitación para la reinserción de los privados de
libertad a la sociedad y que el gobierno de Honduras cumpla con el mandato constitucional de garantizar la vida y la protección de todos los hondureños".
Finalmente,
llamaron a la comunidad nacional e internacional permanecer vigilante y
exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos humanos de los
privados de libertad.
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