Escrito por Redacción | Febrero 6 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Existen
en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por
violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó
consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial
durante 2013. Los
responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son
llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de
la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado
asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras
que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han
conseguido avances importantes.
Entre
las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas,
activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a
los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en
riesgo. Tras despedir
arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de
Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita
a este poder a destituir jueces y al fiscal general, una medida que
profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial
La
impunidad en casos de graves abusos policiales representa un problema
crónico. Entre enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a
manos de policías, incluidas 18 personas de menos de 19 años, según
surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El
entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva
confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya
habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron
denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la
universidad de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido
investigados o permitieron la imposición de condenas.
Evidencias
convincentes recabadas por una investigación de Associated Press en
mayo de 2013 sugieren la participación policial en al menos cinco
ejecuciones extrajudiciales o desapariciones de presuntos miembros de
pandillas en Tegucigalpa. Las autoridades han aportado versiones
contradictorias con respecto a los avances de iniciativas para erradicar
la corrupción policial. La implementación de estos esfuerzos ha sido
lenta e ineficaz.
En
abril de 2013, el entonces jefe de la Dirección de Investigación y
Evaluación de la Carrera Policial comunicó al Congreso que, de 230
policías que fueron evaluados según parámetros sobre corrupción,
33 no superaron la prueba. No obstante, solamente siete de estos fueron
suspendidos, y algunos fueron reincorporados posteriormente.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En
noviembre de 2011, el Congreso sancionó un decreto de emergencia que
permitió a militares llevar a cabo funciones de seguridad pública, y
desde entonces se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, el
Congreso sancionó una ley que autorizó la creación de una fuerza de
policía militar con atribución para controlar barrios donde haya
violencia y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los
antecedentes de abusos militares contra civiles.
Independencia judicial y fiscal
En
diciembre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia determinó la inconstitucionalidad de una ley sobre vigilancia
policial, que había conseguido el apoyo de la mayoría en el Congreso y
del presidente. Poco después, el Congreso destituyó a cuatro de los
cinco miembros de la sala por “conducta administrativa” impropia. En
enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y en febrero la Corte
Suprema desestimó un recurso interpuesto por los jueces destituidos.
El
Consejo de la Judicatura, un órgano independiente creado mediante una
reforma constitucional en 2001 para designar y destituir jueces, podría
contribuir con su trabajo a frenar la interferencia policial en procesos
judiciales, pero al momento de la redacción de este documento sus
miembros aún no habían sido designados.
En
abril de 2013, el Congreso suspendió en funciones al Fiscal General
Luis Rubí y a su adjunto, y nombró en reemplazo a una comisión
interventora, mientras se encontraba pendiente una investigación sobre
la efectividad de esta fiscalía y presuntos actos de corrupción
cometidos en su ámbito, una potestad que se confirió al Congreso tras
una reforma constitucional en 2002. Rubí y su adjunto renunciaron en
junio, antes de que concluyera la investigación.
Impunidad de abusos posteriores al golpe de Estado
Luego
del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió
varias libertades civiles fundamentales, incluida la libertad de prensa y
de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad
respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo
de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias
muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La
comisión de la verdad establecida por el Presidente Porfirio Lobo
publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso
excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas
de seguridad. Honduras obtuvo avances muy limitados en el juzgamiento
de abusos durante 2013.
Ataques contra periodistas
Sigue
siendo habitual que periodistas sufran amenazas, agresiones y
asesinatos en Honduras. Las autoridades no investigan estos delitos
eficazmente. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH), 36 periodistas fueron asesinados entre 2003 y mediados de
2013, y otros 29 desde que el Presidente Lobo asumió la presidencia. En
junio de 2013, el presentador de noticias de televisión Aníbal Barrow
fue llevado por la fuerza mientras circulaba con su vehículo en San
Pedro Sula, y restos de su cuerpo desmembrado fueron encontrados varias
semanas después. Si bien varias personas han sido acusadas por su
presunta participación en el secuestro y homicidio de Barrow, ninguna ha
sido condenada.
Violencia rural
Más
de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con
controversias de tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de
ellas a partir de 2009, conforme indica un informe publicado en marzo de
2013 por el CONADEH, y muchas más han sido víctimas de ataques y
amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas
agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que
reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una
reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas
han sido campesinos, también guardias de seguridad fueron asesinados o
sufrieron lesiones. Ninguna de las investigaciones sobre los asesinatos
relevados en el informe del CONADEH ha dado lugar a una condena.
Violencia contra personas LGBTI
Los
ataques dirigidos específicamente a personas lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) constituyen un grave
problema en Honduras. Según organizaciones locales de derechos, más de
90 personas LGBTI fueron asesinadas entre 2009 y 2012, y muchas más
sufrieron agresiones y hostigamiento. La presunta participación de
policías hondureños en algunos de estos violentos abusos constituye un
dato particularmente alarmante. En 2011 y 2012, el gobierno creó
fiscalías especiales para investigar estos delitos, pero pese a ello en
general estos hechos quedan impunes.
Condiciones en centros de detención
Existen
en las cárceles hondureñas condiciones inhumanas sistémicas, que
incluyen sobrepoblación, nutrición inadecuada y salubridad insuficiente.
Según el CONADEH, en mayo de 2013 había más
de 12.600 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima
para aproximadamente 8.200 internos. La corrupción es particularmente
pronunciada entre los funcionarios penitenciarios. Un informe publicado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de
2013 determinó que el gobierno no había asignado suficientes recursos
para abordar estos problemas crónicos, ni tampoco había investigado
exhaustivamente distintas tragedias, como el incendio ocurrido en la
Penitenciaría Nacional de Comayagua en 2012, durante el cual murieron
362 personas.
Defensores de derechos humanos
Continúan
los hechos de violencia y las amenazas contra defensores de derechos
humanos. En julio, dos observadores internacionales de derechos humanos
que acompañaban a activistas amenazados por oponerse a un proyecto
minero en Nueva Esperanza afirmaron haber sido llevados por la fuerza y
amenazados por hombres armados, quienes les advirtieron que iban a
desaparecer si no se iban de la comunidad.
Si
bien en agosto de 2013 el gobierno presentó un proyecto legislativo
ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos,
periodistas y profesionales del derecho, diversas organizaciones de
derechos humanos de Honduras indicaron que el proyecto no prevé medidas
de protección adecuadas. A la fecha de elaboración de este documento, la
ley aún no había sido sancionada. El gobierno tampoco ha cumplido su
compromiso de crear un mecanismo nacional de protección para defensores
de derechos humanos y periodistas en riesgo, que según informó a la CIDH
en febrero de 2013 se encontraba en “proceso de consulta”.
Actores internacionales clave
Estados
Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia a objetivos de
seguridad en Honduras entre 2010 y 2012, y mantiene esta ayuda a través
de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central
America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa
estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras indica
que el 20 por ciento de los fondos estarán disponibles recién cuando el
Departamento de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno
hondureño ha cumplido una serie de requisitos de derechos humanos.
En
su informe de 2012 sobre tales requisitos, el Departamento de Estado de
los Estados Unidos dispuso la entrega de los fondos condicionados, pero
estipuló que no se debía destinar asistencia al director de la Policía
Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, ni a otras personas bajo su
supervisión directa, debido a una investigación sobre presuntos abusos
cometidos en el pasado. No obstante, ha trascendido en la prensa
información que indica que continúa llegando asistencia estadounidense a
policías que actúan bajo el mando de Bonilla. En una entrevista
realizada por Associated Press en noviembre de 2013, Bonilla afirmó que
recibía apoyo logístico continuo de la Embajada de Estados Unidos para
operativos policiales. Al momento de redacción de este informe, el
Congreso de Estados Unidos retenía aproximadamente US$10 millones de los
fondos correspondientes a 2012 a la espera de que se resolvieran
investigaciones sobre abusos graves.
En
enero de 2013, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la
independencia de los magistrados y abogados expresó que la destitución
de cuatro magistrados de la Corte Suprema por causas administrativas
constituía una violación del derecho internacional y “un grave atentado a
la democracia”. En febrero, el
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios
expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas
de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto
“involucramiento en violaciones de derechos humanos, […] incluidos
asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.
En
abril de 2012, la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman de la
Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation,
IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Grupo del Banco
Mundial, inició una investigación sobre un préstamo otorgado en 2008 a
Corporación Dinant, una empresa hondureña dedicada a la producción de
aceite de palma y alimentos. El informe de la IFC, que aún no se había
divulgado al momento de la preparación de este documento, evaluará si la
IFC cumplió de manera suficiente sus propias políticas sobre seguridad y
derechos humanos en relación con el préstamo, y si respondió
adecuadamente al “cada vez más grave conflicto social y político” tras
otorgarlo.
Para leer el Reporte Mundial 2015 de Human Rights Watch,
visite: http://www.hrw.org/world-report/2015
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/hwr-existen-grav%C3%ADsimos-%C3%ADndices-de-impunidad-por
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