Rodolfo Cortés
CalderónJueves, 19 de febrero de 2015
Con la presente queremos acompañar y
testimoniar que los pobladores de las comunidades de Azacualpa, San Andrés, San
Miguel y Platanares de La Unión, Copán, desde hace varias décadas o centurias
sufren violaciones a sus derechos humanos de parte de las empresas mineras
llámense Minerales de Copán, Minosa, Banco Atlántida o Aura Minerales, son la
misma mona con diferente vestido, que han violado históricamente los derechos civiles
de estas comunidades.
El año 2003 hicimos una Consultoría sobre “Conciliación
y Resolución de Conflictos entre estas comunidades y Minosa”, auspiciado por el
Comisionado Nacional de Derechos Humanos
de Honduras, CONADEH, donde conocimos en carne propia el daño y el sufrimiento
que realizan estas mineras en contra de las personas, comunidades, ambiente y
los derechos humanos y civiles.
Conocimos además de cerca la complicidad y
contubernio que existe de parte del Estado: SERNA, MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN,
CONADEH, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
(2003), y DEFOMIN (hoy INGEOMIN) aliados con las EMPRESAS MINERAS en contra de
las comunidades.
Existe en poder de CONADEH y otras
instituciones, el documento final de esta Consultoría donde se pueden ver con
detalle al menos 8 Actas firmadas en varios momentos históricos entre las
Comunidades y MINOSA donde se comprueba cómo las mineras incumplen la mayoría
de los acuerdos que firman, por eso se cambian constantemente de nombre para no
cumplirlas y si cumplen sólo son las inversiones de menos peso como becas,
apoyo de transporte, engañosos proyectos productivos, etc.
Ya antes estas MINERAS destruyeron
literalmente la comunidad de SAN ANDRÉS, fundada en el siglo XVI, donde borró
del mapa toda la comunidad con casas, negocios, solares, iglesia histórica y todo
en completa violación a la Constitución de la República.
En SAN MIGUEL en 1997, destruyó una docena de
viviendas y emborrachó a sus pobladores para trasladar los cadáveres, algunos
aun descompuestos, del cementerio histórico a otro lugar, para construir ahí
las pilas de lixiviación.
Los hondureños en general no podemos ser
indiferentes ante el dolor y agresión que viven nuestras comunidades rurales
sean garífunas, lencas, chortís, misquitas, etc. Es necesario que despertemos
ante tanto abuso Empresarial y Estatal.
Por todo esto nos solidarizamos con AZACUALPA
y todas estas comunidades de La Unión, Copán.
19 de febrero 2015
“Si no te agrada este artículo, bórralo; si te
agrada medítalo y difúndelo”RCC
PATRONATO PRO
MEJORAMIENTO DE AZACUALPA, LA UNIÓN, COPÁN
COMUNICADO
Reunidos los miembros del Patronato Pro Mejoramiento, Comité
de Apoyo de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, en la ciudad de Santa
Rosa de Copán con miembros de Organizaciones defensoras del Medio Ambiente y de
Derechos Humanos para pronunciarnos en los términos siguientes:
1.- Que el día Domingo 11 de Enero del año 2015 en horas de
la mañana se realizó Cabildo Abierto en la comunidad de Azacualpa, La Unión,
Copán, con la Corporación Municipal el Alcalde Don Serafín Tábora, los
regidores, representantes de organizaciones ambientalistas, de Derechos Humanos
y la comunidad en general para tratar el tema del cierre o no del Cementerio de
esta comunidad por la explotación de Minerales de Occidente.
2.- En Cabildo Abierto se aprobó por unanimidad de la
comunidad NO cerrar el Cementerio de Azacualpa, reafirmando la encuesta
realizada en el mes de mayo de 2014 pronunciándose así: en contra del dictamen
que dio la Secretaría de Salud, representada por la Doctora Doris Valeska
Cardona Fúnez Jefa Regional Departamental de Copán, quien en su dictamen ordenó
el cierre del cementerio argumentando “vulnerabilidad del terreno”; problema
que ha sido ocasionado por la Minera de San Andrés, La Unión, Copán, creando un
problema a los pobladores de Azacualpa.
3.- Nosotros como Patronato nos oponemos a que la compañía
Minerales de Occidente siga explotando en el cerro que es base de este
cementerio y de nuestra comunidad, ya que por las explosiones de dinamita han
dañado seriamente nuestras viviendas las cuales se encuentran en constante
peligro de derrumbe, corriendo el riesgo de perder nuestras vidas.
4.- Denunciamos que La
Compañía Minera ha incumplido y violentado los permisos de explotación
otorgados por el Estado, ya que están dinamitando y explotando a 50 metros del
Cementerio de la comunidad de Azacualpa, causando serios daños a la estructura
del cementerio y a las viviendas en general, razón por la cual los pobladores
hemos venido protestando, siendo reprimidos por la Policía Militar del sector,
el día 15 de abril del 2014; en donde golpearon a niños, mujeres y hombres,
agredidos con gases lacrimógenos haciendo uso de sus armas de fuego y golpeando
con sus toletes para detener la toma de la calle de acceso a la mina,
violentando los derechos de libre reclamo de todos los vecinos de esta
comunidad.
5.- La comunidad de Azacualpa siempre ha manifestado su
voluntad de diálogo, sin embargo la compañía Minerales de Occidente ha
respondido con medidas de intimidación y amenazas al incoar proceso en contra
de 19 habitantes de la comunidad por defender sus derechos, demostrando
renuencia a resolver este problema.
6.- Hacemos un llamado a las autoridades locales de La Unión,
Copán, a las Autoridades del Gobierno Central, Instituto de Conservación
Forestal, a la Secretaría de Energía, Recurso Naturales, Ambiente y Minas, a
COPECO y a todas las organizaciones de protección ambiental y de Derechos
Humanos para que nos brinden su apoyo, ya que todos los pobladores estamos en
riesgo de muerte por los daños severos que presentan el medio ambiente y las
viviendas.
7.- Esperamos respuesta inmediata del gobierno central en la
solución de este problema ya que está en riesgo la vida de más de 2,500
habitantes.
Dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 16 días del
mes de Febrero del año 2015.
Firman: (12 firmas
ilegibles de diferentes organizaciones comunitarias y de la sociedad civil), entre
ellas: Comité de Apoyo de la comunidad de Azacualpa ; Patronato de Azacualpa; ASONOG:
Coordinadora Regional de Defensoría de Derechos Humanos; Instituto de Derecho
Ambiental de Honduras (IDAMHO).
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Declaración conjunta del Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos
- Publicado el Jueves, 19 Febrero 2015 02:45
(Ginebra, Palais des Nations, Sala XX, del 2 al 6 de febrero de 2015) La
Via Campesina, La Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA),
el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP), la Alianza Mundial de
Indígenas Trashumantes (WAMPI), el Consejo Internacional de Tratados
Indios (CITI), la Federación Internacionales de Movimientos Adultos
Rurales Cristianos (FIMARC), Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN
Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para la segunda sesión del grupo de
trabajo intergubernamental de composición abierta sobre una Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras
personas que trabajan en zonas rurales.
Somos representantes de hombres y
mujeres campesinas, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores
y trabajadores rurales de todo el mundo, es decir millones de personas
que vivimos y trabajamos en las zonas rurales, acompañadas, por FIAN
Internacional y CETIM y otras organizaciones de derechos humanos.
Venimos participando de una forma constructiva en el proceso de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y
campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales desde hace
muchos años, desde nuestros campos, nuestros pastos y nuestros lugares
de trabajo en todo el mundo, y también desde Ginebra. Nos agrada ver el
proceso que está en marcha y las aportaciones constructivas de tantos
Estados y organizaciones de la sociedad civil.
La Resolución 26/26 del Consejo de
Derechos de las Naciones Unidas entregó, en 2014, el mandato a este
grupo de trabajo intergubernamental para negociar, finalizar y presentar
ante el Consejo un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las campesinas y campesinos y de otras personas que
trabajan en zonas rurales. Dicho mandato pide que se aclaren y
consoliden los derechos humanos existentes con el objetivo de promover y
proteger los derechos humanos de las campesinas y campesinos y de otras
personas que trabajan en zonas rurales.
Compartimos la opinión que la
Declaración debería extender los derechos universales al campesinado en
general y a todos las personas que trabajan en zonas rurales, y así
colmar las brechas legales existentes en la protección. Debería también
ser progresista, para tratar las brechas emergentes y, por ende, acabar
con las prácticas discriminatorias que afectan a campesinas y campesinos
y a otras personas que trabajan en zonas rurales.
Nosotras y nosotros, como
representantes de mujeres y hombres campesinos, pueblos indígenas,
pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, debemos ser
reconocidos como parte legítima de la cooperación internacional en
relación a la alimentación y al desarrollo rural, puesto que somos el
principal grupo de la población que se enfrenta al hambre y a la
malnutrición, a la vez que contribuimos sobremanera a la alimentación
del mundo. Los dos mil millones de campesinos y campesinas y otras
personas que trabajan en zonas rurales poseen un gran conocimiento y
experiencia, así como también nuestras propias perspectivas. Entendemos
los desafíos actuales a los que se enfrenta el sistema alimentario
mundial, y tenemos ideas para una solución. Podemos contribuir al
proceso del desarrollo de manera valiosa.
Hacemos un llamado a los Estados a
que se unan para reconocer y garantizar en mayor medida la realización
de los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que
trabajan en zonas rurales. Los Estados y las organizaciones de las
Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar la mejor manera
de promover y proteger la subsistencia y los productores de alimentos a
pequeña escala y de las poblaciones rurales. Esta tarea incluye un
impulso fuerte para la adopción de medidas antidiscriminatorias, como ya
se mencionó en el proyecto de declaración sobre los derechos de las
mujeres, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y
trabajadores rurales, hombres y mujeres. Opinamos que, con estas
medidas, los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en
zonas rurales tendrán una mayor seguridad y podrán trabajar
arduamente en producir alimentos adecuados y nutritivos para la
humanidad.
Para nosotras y nosotros, la
relación con la Madre Tierra, sus territorios y aguas constituye la base
física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Debemos mantener
esta relación con la Madre Tierra para la supervivencia de las
generaciones futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel de
guardianes y guardianas de la misma.
Más allá de las fuentes ya
mencionadas en el preámbulo, desearíamos enfatizar la relevancia de
incluir la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de
setiembre de 2007 y las convenciones relevantes de la OIT, así como el
trabajo realizado por el Comité sobre la Seguridad Alimentaria y el
derecho a la alimentación.
Los Estados, la sociedad civil y las agencias de las Naciones
Unidas han hecho un arduo trabajo a lo largo de esta semana para hacer
aportes y desarrollar una Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan
en zonas rurales. Encomiamos la naturaleza inclusiva del proceso,
especialmente el lugar brindado a las organizaciones de la sociedad
civil, para participar plenamente en él. Ha llegado el momento de aunar
fuerzas y trabajar por el bien de nuestra identidad, integridad y
derechos.
Como organizaciones que representan
a campesinas y campesinos y a otras personas que trabajan en zonas
rurales, estamos listas para cumplir con nuestra parte y asumir nuestras
responsabilidades. Instamos a los Estados y al sistema de las Naciones
Unidas a cumplir con sus obligaciones y a que sigan participando de
buena fe y de una manera proactiva para garantizar una discusión
democrática en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.
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