HONDURAS TIERRA LIBRE: Honduras. Miembro de “banda de sicarios” enjuiciado por crimen contra periodista Nery Soto

• Un testigo escuchó cuatro disparos y luego dos disparos más, supuestamente hechos para rematar al comunicador.
Escrito por Equipo de Investigación | Diciembre 13 del 201/ Serie 2/2

Secciones: Libertad de Expresión, Investigaciones

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El brillo metálico despuntó del arma en la mano del asesino de Nery Francisco Soto Torres, el hombre corría de la casa del periodista, en medio de la bruma oscura que rodeaba, aseguró un testigo. El asesino escapó por la bocacalle principal con el arma en la mano sabiendo que sólo había pasado un instante cuando retornó el servicio público de energía eléctrica a Olanchito, departamento de Yoro. Soto Torres había salido para meter la motocicleta a su casa…el sonido de los balazos se oyó uno a uno…alguna gente dice que escuchó siete.

Con un recorrido se constató que en la salida de la citada bocacalle está un poste de alumbrado eléctrico, en mal estado. Ese acceso converge con una calle de tierra que conduce hacia el centro de Olanchito y, en el extremo contrario, a varios solares baldíos, con caminos hacia otros lugares, uno de estos es la comunidad de Agalteca a donde supuestamente marchaba el sicario.

La Fiscalía no tiene todas las pruebas científicas para comprobar ese relato y demostrar la culpabilidad de los asesinos del periodista porque en el juicio, los fiscales sólo acreditaron testigos protegidos que vieron cuando el asesino material huía de la escena del crimen del periodista.

También la Defensa presentó testimonios para demostrar que la persona acusada estaba ese día con ellos. Sin embargo, en el pleito judicial, el Ministerio Público lidera la investigación criminal y no cree en las pruebas de los defensores. Entre tanto, la Defensa Pública carece de capacidad para aportar pruebas que muestren la inocencia del sospechoso.

Y si no fuera porque el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, ordenó la exhumación del cadáver -tres meses después de su entierro- tampoco existiría la autopsia para determinar científicamente las lesiones y otras pistas de las circunstancias de muerte del comunicador.

Supuesto sicario de alta peligrosidad

La víctima es descrita por las autoridades con un perfil vulnerable por la actividad a la que se dedica; el victimario, como un sujeto con antecedentes penales, supuesto integrante de una banda de sicarios, capaz de presionar mediante sobornos (pagos) a las autoridades policiales para lograr su liberación y con peligrosidad de evadir la justicia si se le deja en un centro penal como el de Olanchito.

Si se compara con otros procesos penales por asesinatos de periodistas, en el juicio por el crimen de Nery Soto, la fiscalía abusa del recurso de testigos sin rostro, carece de prueba científica para demostrar que el imputado estuvo en la escena del crimen y comprobar que este fue un asesinato y no un homicidio, según el análisis del expediente judicial realizado por Conexihon.hn.

Además, como en los demás juicios, el miedo y la falta de colaboración de la gente aparece como una causa de la impunidad, las autoridades desatienden los detalles a la hora de investigar; hasta ahora sólo hay un indicio balístico, recolectado en la escena del crimen un día después del hecho. Hasta cinco días después del asesinato, empezaron a vigilar al sospechoso, encontraron supuesta complicidad judicial y hubo intentos de sobornos para liberarlo, denunció la policía.

Sólo sicarios enjuiciados

Con la poca evidencia descrita, la Unidad Especial de Muertes de Alto Impacto de la Fiscalía de Delitos contra la Vida pretende probar la culpabilidad del presunto miembro de una banda de sicarios ante el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Supuestamente, el sicario recibió el pago y la orden de asesinar por parte de un político local, detenido por la policía a inicios de este año por presuntos ilícitos ligado al crimen organizado y ese sería el autor intelectual de esta muerte.

No obstante, la falta de investigación científica deja esta hipótesis como una superstición capaz de producir la impunidad del asesino intelectual.

Si eso pasara, sería la misma historia de los últimos cinco años en el sistema judicial puesto que de siete casos judicializados por muerte de comunicadores no hay ni un asesino intelectual procesado, mucho menos condenado.

Hasta ahora no hay una explicación para justificar por qué un político habría de querer matar al periodista Nery Soto. Los periodistas de Olanchito le restan credibilidad a la versión policial . Además, Nery Soto no reúne las características de un periodista con un perfil crítico, más bien era un profesional “bastante moderado” cuentan sus colegas.

Otra hipótesis policial es que al periodista lo mataron por confusión. Sin embargo, el acta de levantamiento legal describe que tenía disparos en el rostro como si fueran balazos de remate.

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Las primeras investigaciones

El principal sospechoso del crimen es Carlos Javier Martínez Ponce, trasladado del Centro Penal de Olanchito, Yoro a la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, de La Ceiba, porque los operadores judiciales temieron que en la cárcel penal se produjera un rescate del detenido.

Al mismo tiempo, la Fiscalía realiza una investigación criminal en el Juzgado Penal de Olanchito ya que Martínez Ponce tenía medidas sustitutivas de cárcel por los presuntos ilícitos de portación ilegal de armas y tentativa de homicidio.

En el momento que lo empezaron a investigar por el asesinato de Nery Soto, detectaron que el investigado ya no iba a firmar al juzgado para cumplir con las medidas sustitutivas. Una hipótesis por confirmar es que algún empleado judicial le avisó a Martínez Ponce que entraron las primeras diligencias para investigarlo por el asesinato de Soto Torres.

Conexihon habló con la empleada judicial que aparece mencionada en este caso. Ella admitió que le dio su número celular a Martínez Ponce, pero lo hizo de buena voluntad, pues Martínez Ponce le había dicho que trabajaba y no le daban permiso para ir a firmar, “No tengo nada que ver con él", afirmó.

Ahora la Fiscalía está investigando si alguien firmó en vez de Martínez Ponce para que no apareciera como que estaba incumpliendo las medidas sustitutivas en el mismo período que la policía lo buscaba por el crimen del periodista.

Desde el momento del crimen, la Fiscalía empezó a seguir la pista del supuesto asesino, luego presentó la acusación criminal y solicitó orden de captura. Los detectives empezaron el rastreo del imputado y el 25 de agosto, 11 días después del asesinato del periodista, les informaron que el sospechoso iba en un automóvil. La Policía Nacional Preventiva montó un operativo y detuvo al sospechoso, junto a su primo Marcelino Edilberto Soto Martínez.

Ambos fueron trasladados a la estación de policía, en atención a la orden de captura que emitió el juzgado por el delito de asesinato en contra de Soto Torres. En la cárcel de Olanchito solamente quedó interno, por el delito de portación ilegal de armas, Marcelino Edilberto Soto Martínez.

Dentro de la posta, la policía encontró un arma de fuego en los genitales del sospechoso de asesinar al periodista. Tras la muerte de Soto Torres, la policía hizo varios interrogatorios preguntando por una persona blanca de ojos verdes, contextura gruesa, supuestamente vinculada a los asesinos de Nery Soto. Por ahora, la investigación criminal está buscando pruebas científicas como pericias de trayectoria de las balas, el tipo de lesiones y se buscan testigos que venzan el miedo a declarar.

Otra teoría de los comunicadores de la zona es que Soto denunció que cerca de su casa funcionaba una bodega para guardar electrodomésticos robados de una tienda que cerró su local unos días después de la muerte del comunicador y otro supuesto es que el periodista pudo presenciar algo y por eso lo mataron. A juicio de los colegas del fallecido, esas presunciones también deberían ser investigadas por las autoridades.

Un ejecutivo del Canal 23 indicó que desconoce porqué mataron a Soto, no quiso dar información porque afirmó que sentía desconfianza del equipo de C-Libre. Reveló que los detectives de la DNIC le solicitaron todo el material periodístico producido por el periodista antes de su muerte, pero que se negó a entregarlo porque ninguna orden judicial lo obligaba a hacerlo. C-Libre ha registrado tres agresiones a periodistas del mismo canal, uno de ellos se vió forzado a salir temporalmente de la zona, por temor a perder su vida.

En general, en Olanchito ocurren delitos típicos de zonas con crecimiento de operaciones delictivas tal como lo demuestran los requerimientos fiscales, presentados en el Juzgado de Letras de Olanchito entre el 14 y 26 de agosto; en el Libro de Entradas se registran acusaciones por desobediencia a la autoridad, lesiones leves, uso público de nombre supuesto, homicidio simple, hurto y asesinato.

Hablaron algunos testigos

Uno de los testigos declaró ante el juez que “el 14 de agosto de 2014, siendo aproximadamente 9:00 y 10:00 de la noche, Soto Torres se encontraba en su casa de habitación en la colonia La Conquista, de esta jurisdicción de Olanchito, Yoro.

“Este tenía estacionada su motocicleta rojo y blanco afuera de su vivienda, en el momento que el señor Soto intentaba introducir la moto a su vivienda, recibió varios disparos lo que le causó la muerte de forma instantánea, posteriormente, el sospechoso se salió en veloz carrera huyendo del lugar siendo que la víctima recibió varios disparos quien en vida se dedicaba a transmitir noticias en Canal 23 de esta ciudad de Olanchito, Yoro.

Por tratarse de una víctima considerada como perfil vulnerable por la actividad a la que se dedica, se desarrollan diligencias investigativas de forma inmediata para poder dar con la verdad de los hechos. Es así que ubicó a un testigo que tiene conocimiento de los hechos quien ha manifestado tener temor por su vida o que ejecuten actos de represalia contra su familia o por sus bienes, por el testimonio que ha de rendir”.

Las deposiciones de los testigos se tomaron bajo la modalidad de prueba anticipada en virtud de la gravedad de los hechos “y por tratarse de un caso sumamente complejo se corre el riesgo de no contar con la declaración de testigos al momento de la audiencia inicial. Es necesario tomar esta declaración bajo el protocolo de prueba anticipada”, justificó la Fiscalía.

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