Es
así como denominaba uno de los periódicos de Honduras al sueldo que
cobran algunos de los funcionarios públicos de nuestro país. Y esto lo
conocemos porque el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
está elaborando el informe donde aparecen los salarios que reciben
dichos funcionarios. El nombre está muy bien elegido sobre todo por el
contraste con todos aquellos que no tienen trabajo (sinónimo de no tener
salario), tienen un trabajo por horas, estás siendo despedidos de las
maquilas o son víctimas de un “estado de bienestar” que solo alcanza
para una reducida élite burocrático-política que dirige y administra el
país.
Ha
sido el diputado del partido LIBRE por Cortés, José Luis Cruz quien en
agosto pasado presentó una moción a fin de que la IAIP presentara en 30
días un informe sobre los exagerados sueldos de algunos funcionarios. Y
eso por la sencilla razón de que se violenta la ley de Fortalecimiento
de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que
establece un techo de cien mil lempiras para los sueldos de los
funcionarios, así como de 20 mil lempiras para gastos de representación.
Extraoficialmente
se conoció que son más de 50 los funcionarios que ganan un sueldo mayor
a cien mil lempiras, por encima de lo que cobra el mismísimo presidente
de la república que recibe aproximadamente unos 95,000 Lps mensuales.
La comisionada Doris Madrid, presidenta de la IAIP, expresó que hay 18
instituciones con salarios mensuales arriba de los cien mil lempiras. A
la cabeza está el poder judicial con 16 cargos de más de ciento
cincuenta mil lempiras y, en COALIANZA, tres comisionados se acercan a
los 200,000 Lps.
La
lista la encabeza el director ejecutivo de Banhprovi con ciento ochenta
y cinco mil lempiras, el presidente del BCH con ciento ochenta y cuatro
mil lps y cada uno de los subgerentes del BCH con 175,000 Lps. Cada uno
de los subgerentes de Coalianza gana 160,000 Lps y los comisionados de
la misma institución 151,000 Lps. Hay otro apartado de altos salarios en
las instituciones descentralizadas como la ENEE, HONDUTEL e incluso
asesores con sueldos superiores a lo que gana un “secretario de Estado”.
Estos
datos hablan por sí solos acerca de la corrupción gubernamental y
administrativa en la que estamos inmersos. En primer lugar no deja de
ser llamativo que en un país pobre como el nuestro sean nuestras
autoridades e instituciones las encargadas de “empobrecer” más a los
“insignificantes sociales” del país. Nuestros gobernantes demuestran una
pobreza mayor de horizontes, de ínfima calidad humana e incapacidad
para administrar un país en crisis a todos los niveles. Solamente saben
trasladar a los pobres una crisis que no les afecta, pero que sí les
enriquece, y mucho.
Conforman
una élite de intocables que no poseen el más mínimo nivel de “ética
política” donde sencillamente anteponen sus intereses estamentales,
corporativos y de casta a toda una nación que lucha por sobrevivir y
recuperar una dignidad arrebatada por gobiernos, partidos, autoridades y
crisis de todo tipo.
Todo
esto es legal, constitucional y permitido. Y el único pecado consiste
en hacer público y trasparente a toda la ciudadanía cómo funciona el
poder y cómo es utilizado por unos pocos que son premiados por su
fidelidad al partido de gobierno.Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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