Miércoles, 27 de agosto de 2014Por: Dina Meza
“Es que no nos están haciendo un favor, lo que vendemos es un servicio y nadie puede decirnos cómo presentar la realidad nacional, el objetivo es favorecer al gobierno para que paute con nosotros”, expresaron.
En el documento “Censura sutil en Honduras : Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en Honduras”, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se expresa que la relación del Estado con los medios de comunicación social y sus operadores ha sido un área deliberadamente gris en la legislación hondureña.
Agrega que la ausencia de un marco legal específico sobre la contratación de la publicidad oficial y la alusión imprecisa de este tema en diversas leyes secundarias, otorga a los funcionarios públicos un margen de acción discrecional en el manejo de las partidas publicitarias, las cuales cuentan con asignaciones millonarias que están distribuidas entre las diferentes dependencias públicas, centralizadas, descentralizadas y en los tres poderes del Estado.
La forma cómo se manejan los dineros públicos por este concepto también permite a funcionarios gubernamentales de bajo nivel hacer ejercicio de poder, “a mí un empleado de una institución del Estado me dijo que me hincara y le pidiera perdón si es que quería que me tomara en cuenta para darme un contrato, se sintió ofendido porque critiqué los altos índices de delincuencia y violencia en el país y la inactividad del gobierno de Juan Orlando Hernández para detenerla”, relató una periodista entrevistada.
Pero no solamente se utiliza los dineros públicos para pretender mediatizar la información, según lo denunció otro comunicador social que tiene un programa de televisión, desde casa de gobierno le enviaron emisarios “me dijeron que dejara de hablar papadas contra el gobierno, después como no lo lograron entonces se dedicaron a hablarle a los anunciantes privados para que no pautaran conmigo y de esa forma ahogarme financieramente”.
Otro de los entrevistados manifestó que cuando Juan Orlando Hernández cuando andaba en campaña política “hasta un bus nos mandaba para facilitar nuestro trabajo, pero hoy nos tratan con el látigo del desprecio”.
La denuncia anterior evidencia que no solamente se tiene control sobre el mensaje publicitario sino que sobre los contenidos informativos y se premia o castiga a los periodistas que se salen del esquema.
Expresaron que su demanda no va en el sentido de que obligatoriamente les den un contrato de publicidad sino que lo denuncian porque pretende trastocar los contenidos informativos.
La recomendación número 73 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señala que “ El Congreso Nacional debe aprobar una ley sobre la contratación de la publicidad oficial, que defina criterios claros y transparentes sobre una selección objetiva de medios, conforme a las necesidades públicas específicas, que se correspondan con una audiencia correcta y precios justos”.
También recomienda que se debe de eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en particular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
No obstante dichas recomendaciones no se ha avanzado ni un paso para ponerlas en práctica, si se hiciera vendría a desmantelar un sistema de control y ejercicio de poder a través de los dineros públicos.
Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a publicar en sus portales el uso de los dineros públicos para que la gente se dé cuenta en qué se gastan los recursos, en ningún portal de transparencia aparecen los gastos en publicidad y los nombres de medios con los que pauta el gobierno.
“En México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas”, denunció en marzo pasado la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).
Al dar a conocer el informe ”Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” la asociación que agrupa más de 18 mil publicaciones, 15 mil sitios web y más de 3 mil empresas de 120 países diferentes esta organización dijo que mientras los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil.
En Honduras los diferentes gobiernos en sus cuatro años de mandato gastan millones de lempiras en publicidad la cual es discrecional y fomenta la corrupción, hay denuncias que funcionarios a cargo del rubro publicitario han cobrado en otros años hasta el 50 por ciento de comisión si le consiguen a un periodista un contrato publicitario, y que este período de gobierno no es la excepción.
Pero no solamente la denuncia proviene de los comunicadores sociales con programas propios sino desde medios de comunicación que el actual gobierno considera de oposición, tal es el caso de Radio Globo.
Con la pauta publicitaria utilizada a beneficio de los ocupantes de la silla presidencial y otras dependencias estatales, se ven lacerados los derechos a la libertad de expresión, de información y la pluralidad informativa, lo que viene a causar un grave perjuicio en la sociedad hondureña, por lo que urge se apruebe una Ley que controle este abuso.
Véala también en: https://www.facebook.com/dina.meza.73
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En
defensa de la libertad de expresión
Víctor
Manuel Ramos
David Romero y su
equipo de trabajo informativo en Radio y Televisión Globo enfrentan una demanda
por difamación y calumnia en los tribunales. La persona demandante es la esposa
del Fiscal Adjunto. Romero y su equipo, en sus últimos noticieros y en las
emisiones de su programa de debate «Interpretando la noticia», han hecho serias
acusaciones en contra del Fiscal Adjunto por sus actuaciones como Ministro de
la Secretaría de Recursos Naturales y como Fiscal Adjunto y ha aseverado de que
posee las pruebas suficientes para probar sus aseveraciones.
Llama profundamente la atención el que Romero asegure que el Fiscal Adjunto, que a mi
parecer fue electo de manera improcedente, envíe los casos que están en investigación
y en manos del Ministerio Público, para que sean atendidos en el que era su
bufete como abogado, con la intermediación de su esposa, asunto que de ser
cierto pondrá en precario la honorabilidad del Señor Fiscal Adjunto, de quien
los hondureños esperamos una conducta rectilínea, irreprochable, sin rendijas
que conduzcan a la opinión popular a dudar de la legitimidad de justicia.
Por la firmeza y la propiedad con que David Romero
hace sus denuncias y por las advertencias que ha enviado a las autoridades de
que es objeto de vigilancia y de persecución luego de hacer los señalamientos que
comentamos, no cabe duda de que ha sembrado, en el pensar y el sentir del
pueblo hondureño, la idea de que la conducta de nuestros funcionarios públicos
sigue siendo la misma, irreverente frente a la ley. Que les importan un comino
la honradez y la transparencia con que deben desempeñarse. Que el ejercicio del
poder es similar a un atraco a la hondureñidad.
La demanda incoada en contra de David Romero y su
cuerpo de colaboradores no deja de sorprender porque, a mi modo de ver las cosas,
el Señor Fiscal Adjunto está evadiendo el bulto y nos quiere armar una alharaca
paralela para desviar la atención de del verdadero problema. Lo más lógico y
correcto es que debiera, el Fiscal Adjunto, asumir su responsabilidad y
defenderse de los señalamientos que se le han hecho desde la Globo. Demostrar
fehacientemente que él no es responsable de lo que se le achaca. Y para que
todo esto sea realmente un proceso creíble, para que todos los catrachos
quedemos realmente satisfechos de si es cierto o no lo que dice David Romero,
el Fiscal Adjunto debería, eso lo exige la decencia y la honorabilidad que le
deben caracterizar, por su alta investidura, poner a disposición su cargo
mientras se dilucida con auténtica imparcialidad y en estricto apego a la ley
si tiene o no responsabilidad penal, si de lo que se le acusa es verdad o una
simple invención. Así estaremos todos tranquilos y satisfechos de que vamos por
la ruta de un verdadero rescate de la impartición de la justicia en nuestro
lar.
Por ahora, la acusación en contra de David Romero y
sus compañeros periodistas, no aclarará la médula del asunto, simplemente nos
luce como un nuevo atropello a la libertad de expresión, como una coartada para
desviar la atención del meollo del conflicto.
La actuación de David y sus compañeros, por tanto,
debe de recibir el respaldo irrestricto de todos los hondureños. No son David, ni
sus compañeros, quienes deben
defenderse. Ellos son los valientes que han puesto el dedo sobre la llaga.
Quienes deben realmente responder ante el pueblo son quienes son señalados por
David Romero y darnos la satisfacción de que todo esto no es cierto, pues en el
caso de que lo que David afirma sea comprobado no queda más camino que aplicar
la ley, con todo su peso. La verdad debe resplandecer como el sol de verano.
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