Publicado el Jueves 21 de febrero de 2013. Actualizado el Viernes 22 de febrero de 2013.
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó a Reporteros sin Fronteras
sobre las muy graves acusaciones que el 18 de febrero de 2013 formuló el
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch contra varios
periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de
movimientos sociales que informan sobre los acontecimientos que tienen
lugar en la región militarizada del Bajo Aguán.
La organización ve en esta iniciativa una clara maniobra de
intimidación y censura, y teme por la vida de personas que trabajan al
servicio de la información en medio de una situación particularmente
peligrosa.
En una conferencia de prensa el coronel Germán Antonio Alfaro Escalante acusó directamente al periodista Marvin Palacios, miembro del Cofadeh; a Wilfredo Paz, portavoz del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán; a Vitalino Álvarez y a Yony Rivas,
dirigentes del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA)
–interlocutores de radios comunitarias locales–, así como al Comité para
la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), de “denigrar
las acciones de los miembros de las fuerzas armadas” y de “deteriorar la
imagen de la nación hondureña”. El comunicado difundido por el alto
mando formula las mismas acusaciones contra otras personas que “se
escudan en el anonimato”. Los portales informativos
defensoresenlinea.com (diario en línea de la Cofadeh), voselsoberano.com
y hondurastierralibre.com también se encuentran concernidos.
Versión integral del comunicado:
“Esta forma de estigmatización pública expone
directamente a los afectados a riesgos importantes, teniendo en cuenta
la situación de los derechos humanos en el Aguán y, más ampliamente, en
Honduras, donde la criminalización de aquellos que se atreven a informar sobre los conflictos agrarios y medioambientales
es sistemática. El gobierno debe aclarar a qué título un alto mando
militar, supuesto a someterse a la autoridad del poder político, tomó
esta iniciativa. Existe en este caso un verdadero peligro para la
libertad de informar, del que las instancias internacionales y
americanas deben hacerse cargo”, declaró Reporteros sin Fronteras, quien
recuerda que en Honduras han sido asesinados 30 periodistas en la
última década, 25 de ellos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La organización ha solicitado una protección adecuada para periodistas y
defensores de los derechos humanos. Aún espera la respuesta del
gobierno a estas peticiones.
La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch cuenta con más de
500 militares y policías. Su objetivo es “conducir operaciones de
estabilización en el Departamento de Colón”, “en un irrestricto respeto a
los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, con el fin de
garantizar “el respeto de la propiedad privada en el agro”, según las
declaraciones del comandante.
“Este comunicado es un insulto para todos aquellos que
denuncian las violaciones a los derechos humanos y que padecen las
constantes amenazas de las fuerzas armadas. Estos militares y policías
no hacen nada para acabar con las exacciones cometidas por las milicias
de los terratenientes que nos persiguen”, confió a Reporteros sin
Fronteras Vitalino Alvarez. “Es un acto caracterizado de censura.
Incluso grandes medios de comunicación, como El Heraldo, has
recibido amenazas cuando han publicado información sobre la situación en
el Aguán”, añadió el portavoz del MUCA, quien informó que este 21 de
febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en la capital,
Tegucigalpa, organizada por las organizaciones afectadas.
El 19 de febrero de 2013 el Cofadeh respondió con un
comunicado, en el que denunciaba la “militarización del país”, con la
presencia de las fuerzas armadas en las calles y en las instituciones,
lo que consideró una “estrategia de aniquilación a las demandas y
reclamaciones ciudadanas”. El comunicado del Cofadeh también denuncia el
uso de armas, bombas lacrimógenas, torturas, detenciones, así como la
criminalización de la lucha campesina y los ataques a la prensa por
parte de la unidad militar Xatruch.
El peligro que implica dar cobertura informativa a
conflictos agrarios y medioambientales también lo demuestran las
amenazas policíacas proferidas el 18 de febrero contra Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio Progreso en Tela (norte) y fundador de la radio comunitaria Exclusiva.
Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre, organización
colaboradora de Reporteros sin Fronteras), el periodista es conocido por
dar cuenta de las protestas contra los proyectos de extracción minera a
cielo abierto en el Litoral Atlántico.
Reporteros sin Fronteras reitera su llamado a la protección de los periodistas de Radio Progreso. El asesinato de su corresponsal Nery Jeremía Orellana, director de la radio Joconguera en Candelaria (oeste), ocurrido el 14 de julio de 2011, sigue hasta ahora impune.
Los conflictos agrarios, mineros y medioambientales se
encuentran entre los principales contextos de ataques graves a la
libertad de informar en toda América Latina.
(Foto, de izquiera a derecha: Wilfredo Paz, Juan Chinchilla, Osman del Cid, Yoni Rivas, Vitalino Alvarez, Marvin Palacios)
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Honduras: La hipocresía verde olivo
Foto G. Trucchi | Rel-UITA Jefe de “Xatruch” ataca y amenaza a dirigentes campesinos, medios independientes y defensores de derechos humanos
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El 18 de febrero pasado, de manera sorpresiva, el Coronel de Infantería Germán Antonio Alfaro Escalante, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch”, que opera en el Valle del Aguán, convocó a una conferencia de prensa para denunciar una supuesta “campaña de desinformación”, que apunta a denigrar las acciones de los miembros de las FF.AA que integran dicha Fuerza especial.En el comunicado de prensa emitido y firmado por la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch”, se mencionan, con nombres y apellidos, los supuestos resposables de dicha campaña de desprestigio, entre ellos, Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Wilfredo Paz, vocero del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguan (OPIDHA) y Marvin Palacios, periodista del portal Defensores en Línea.El jefe del operativo Xatruch atacó también a varios medios independientes, como Vos el Soberano, Honduras Tierra Libre y el mismo Defensores en Línea, así como a la recién constituida Plataforma Agraria Regional Campesina del Aguán (PARCA) y a redes de medios y organizaciones internacionales de solidaridad con Honduras, por “emitir conclusiones y acusaciones parcializadas que deterioran la imagen de la nación hondureña”.Una imagen ya deterioradaActualmente, Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, pasando de contabilizar 51 por cada cien mil habitantes en 2001 a 92 homicidios en 2011, es decir casi 11 veces más la tasa mundial de 8.8 establecida por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Ocho de cada diez hechos delictivos quedan en total impunidad.Según datos de la CEPAL y UNICEF, el 67.9 por ciento de la población de Honduras menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza, más de 20 puntos por encima de la media regional (45 por ciento) y el sexto más alto del continente. La pobreza extrema afecta a casi tres de cada diez menores de 18 años (29.2 por ciento), frente al 17.9 de toda América Latina y el Caribe.La 41º Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples señaló que 5.5 millones de personas (67 por ciento) viven en condición de pobreza en el país. De ellos, 1.7 millones viven en pobreza relativa y más de 3.8 millones en pobreza extrema....y en el Bajo AguánSegún las organizaciones que en 2011 integraron la Misión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán y que en 2012 realizaron una Audiencia Pública sobre derechos humanos en el Bajo Aguán, entre ellas la Rel-UITA, ya se acercan a 60 los campesinos organizados asesinados como consecuencia directa del conflicto agrario en los últimos tres años.Además, en un documeto de actualización presentado por la Misión Internacional de Verificación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del año pasado, se advierte que, a raíz de la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, “en las siete semanas posteriores al inicio de la operacion Xatruch II fueron asesinados seis campesinos y una campesina, entre ellos dos de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán.Asimismo, cinco campesinos habrían resultado heridos en atentados directos contra su vida y dos campesinos habrían sido torturados, entre ellos un joven de 17 años”, se lee en el documento.A raíz de esta situación, en marzo de 2012, 92 congresistas estadounidenses enviaron una carta a la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para solicitar “que se exhorte al gobierno de Honduras a intervenir de inmediato para proteger los derechos humanos en la región del Bajo Aguán y en todo el país”.También instaron a que se llevara a cabo “la investigación y el procesamiento judicial de todos los responsables de asesinatos, amenazas y otros abusos, incluidos los autores intelectuales de los mismos, y la inmediata suspensión, la investigación y el enjuiciamiento de los efectivos militares y policiales contra quienes pesan acusaciones verosímiles de haber cometido o de haber actuado en connivencia en la comisión de tales abusos”, se lee en la carta.Hipocresía verde olivoEn el comunicado castrense, el Coronel Alfaro Escalante negó que la Fuerza de Tarea “Xatruch” haya hostigado, amenazado, torturado y asesinado a personas en el Valle del Aguán.También negó de que se hayan violentado los derechos humanos, ejecutado desalojos forzosos, detenciones ilegales, ni otro tipo de abuso en contra de la población y de las familias campesinas organizadas, que exigen el respeto de su derecho a tener acceso a la tierra.Antes bien, el jefe de la Fuerza “Xatruch” ha erigido al ejército como el baluarte de la defensa de los derechos humanos, el fiel cumplidor de las órdenes judiciales cuando hay que proteger la propiedad privada...sobre todo si es la de los terratenientes y productores palmeros de la zona.Ya finalizando la conferencia de prensa, Alfaro “amenazó” con demandar a todos aquellos que persistieran en esta actitud de denuncia, lo cual fue interpretado como una clara amenaza y un mecanismo más de criminalización de la lucha social y la defensa de los derechos humanos.“Lo que pretende hacer este señor es intimidar a los voceros y dirigentes de las organizaciones campesinas, por el simple hecho de estar denunciando las atrocidades que se están cometiendo en el Bajo Aguán, en el marco de un conflicto agrario que ha sembrado el luto entre las familias campesinas”, dijo a La Rel, Yoni Rivas.Para él, se trata de una escalada de la criminalización de la lucha campesina y social, que arroja un escenario muy preocupante para el futuro.“La semana pasada asesinaron a Santos Jacobo Cartagena, miembro de la cooperativa campesina San Esteban del MUCA, y a José Trejo Cabrera del MARCA. No tenemos la menor duda de que la situación va a empeorar y con estas declaraciones pretenden amenazarnos y callarnos, pero no lo van a lograr”, aseguró Rivas.José Trejo era hermano del apoderado legal del MARCA, Antonio Trejo Cabrera, quien fue asesinado el año pasado después de denunciar la colusión entre los terratenientes y productores palmeros del Aguán y el poder judicial, para detener el proceso de recuperación de tierras de parte de las familias campesinas.
Volver al pasado“Cuando leí el comunicado sentí que estábamos volviendo al pasado de tortura, desaparición y muerte, otra vez metidas en el ojo del huracán. Tocar a Marvin (Palacios) es tocar al COFADEH y lo que está iniciando es una nueva estrategia del militarismo en Honduras.Quieren atemorizarnos y taparnos la boca. Están desafiándonos y haciéndonos ver que vienen con todo. Nos sentimos indefensas, pero no por eso vamos a callarnos”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).La defensora de derechos humanos aseguró que este comunicado es un mensaje para “todos aquellos y aquellas que nos rehusamos a hablar el mismo lenguaje del poder, que no nos alineamos y que nos resistimos a ver todas estas barbaridades que ocurren en el Bajo Aguán como normales”, dijo.Finalmente, Oliva aseguró que esta actitud de las fuerzas represivas del Estado, en lugar de amedrentar a las fuerzas sociales, lo que ha provocado es más indignación.“Las que somos sobrevivientes nos atan las heridas del pasado y seguimos buscando verdad y justicia. Alfaro está perdiendo su tiempo con nosotros y no nos va a intimidar. Vamos a seguir al lado de las víctimas y lo vamos a seguir señalando como jefe de Xatruch, cuya presencia en el Aguán trajo represión, hostigamiento, detenciones y muertes”, concluyó.
Fuente original: Rel-UITA
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