Aviso de Prensa
Tegucigalpa, 27 de Mayo del 2012
Contacto: Karen Spring, 9507-3835
(Honduras
Annie Bierd, 202-680-3002 (En
Washington, D.C.)
El 22 y 23 de Mayo una delegación de
activistas de derechos humanos de Estados Unidos organizada por Rights Action y
Alliance for Global Justice visitó la comunidad de Ahuás en la región de la
Moskitia en Honduras.
La delegación presenció una atmósfera de terror siendo
generada en medio de la pobreza extrema de la zona donde la población indígena
ahora está perdiendo el control de los recursos naturales que son clave para el
desarrollo de su economía.
El grupo investigó sobre la masacre del 11 de
Mayo del 2012 de pobladores indígenas miskitos en un tiroteo por parte de
helicópteros titulados al Departamento de Estado de los Estados Unidos que el
gobierno estadounidense confirma transportaba agentes de la DEA y contratistas
de seguridad. El bote y sus pasajeros casi habían completo un viaje de ocho
horas hacia Ahuás desde el pueblo de Barra Patuca. Cuatro fueron asesinados,
incluyendo dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y un hombre de 21 años,
así mismo cuatro o más fueron heridos gravemente.
Luego de la masacre al menos un helicóptero
aterrizó y por lo menos diez hombres angloparlantes altos de piel clara y poca
habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares salieron de los
helicópteros para recoger cocaína de un bote cerca del sitio de la masacre.
Apuntaron sus armas, amenazaron con matar y esposaron residentes de la aldea
quienes llegaron a asistir a los heridos. Las víctimas permanecieron en las
márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron.
De esta manera las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de
emergencia por dos o tres horas.
Ni las autoridades de Estados Unidos ni de
Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recolectado evidencia en la
escena del crimen, indicando que no se ha llevado a cabo una investigación
seria luego de la masacre. Aún sin conducir una investigación formal los
oficiales de Estados Unidos y Honduras han acusado a las víctimas, a la
población en general y a las autoridades locales de participar en el tráfico de
drogas.
Desde la masacre Ahuás ha sido ocupada por
varias docenas de tropas hondureñas, y se reporta que la presencia militar
estadounidense en las cercanías de Ahuás está aumentando. Las autoridades del
gobierno de Estados Unidos reconocen que se están utilizando tácticas de
contrainsurgencia a medida que identifican a las comunidades indígenas como
narcotraficantes. Las comunidades indígenas en Centroamérica una vez se
convierten en el enfoque de acciones contrainsurgentes de los Estados Unidos.
Muchas personas con las que el grupo habló
indicaron que la militarización y violencia creada a raíz de la guerra contra
las droga s de los Estados Unidos está enfocada en lugar donde se encuentran
valiosos recursos naturales, se sabe que Ahuás tiene importantes depósitos de
petróleo y compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con
concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles
en reservas de petróleo en la Moskitia.
La delegación exige una investigación
formal y fidedigna incluyendo una audiencia del Congreso que identifique la
responsabilidad criminal en la masacre, el retiro de las fuerzas de seguridad
de Estados Unidos de Honduras, y la suspensión de la asistencia militar de
Estados Unidos en Centroamérica.
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Delegación de Observadores de Derechos Humanos encuentra preocupantes evidencias de participación de los Estados Unidos en asesinato de pobladores Miskitos en Ahuás
Hallazgos Iniciales:
Delegación de Observadores de Derechos Humanos
encuentra preocupantes evidencias de participación de los Estados Unidos en
asesinato de pobladores Miskitos en Ahuás
Una
delegación de académicos, activistas de derechos humanos y derechos laborales,
ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, varios con amplio conocimiento sobre
Honduras, organizados por las organizaciones de derechos humanos de Estados
Unidos y Canadá Rights Action y Alliance for Global Justice, visitaron la
comunidad de Ahuás en el departamento de Gracias a Dios en la región conocida
como la Moskitia al este de Honduras del 22 al 23 de Mayo del 2012.
El
11 de Mayo del 2012, cuatro helicópteros llevaron a cabo una aparente
interdicción de drogas cerca de la aldea de Ahuás. Al menos uno de los
helicópteros abrieron fuego contra un bote de pasajeros matando a dos mujeres
embarazadas, un joven de 14 años y a un hombre de 21 años, e hirieron
gravemente por lo menos a otros cuatro. El objetivo de la visita fue investigar
sobre esta tragedia.
De
acuerdo a los reportes de la prensa, el Departamento de Estado de Estados
Unidos reconoce que los helicópteros participantes fueron titulados al
Departamento de Estado pero que fueron piloteados por militares guatemaltecos y
contratistas. La DEA confirma que un Equipo de Apoyo Consultivo Enviado al
Extranjero de la DEA (FAST, por sus siglas en inglés) participó en la operación
apoyando a un Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional, mientras que el
Comando Sur alega que ningún personal del ejército de los Estados Unidos o
contratistas participaron en la acción.
Nuestra delegación entrevistó a los
representantes de la comunidad local, sobrevivientes heridos, familiares y
testigos en la escena así como a un oficial del ejército de Honduras.
Basándonos
en nuestra investigación, fuimos capaces de confirmar que:
1.
Luego de la masacre los
helicópteros aterrizaron para incautar drogas de un bote cerca del sitio de la
masacre. Todos los que salieron de cada helicóptero fueron identificados como
hombres angloparlantes, altos, de piel clara con poca habilidad en español,
vistiendo uniformes militares, que parecían ser personal militar de los Estados
Unidos. Éstos llevaron a cabo todas las acciones en tierra, aparentemente teniendo
un rol mucho mayor que de apoyo en la operación.
2.
Estas fuerzas de seguridad
identificadas como Estadounidenses apuntaron sus armas, amenazaron con asesinar
y esposaron a residentes locales que intentaban asistir a los heridos en la
masacre durante aproximadamente 2 o 3 horas, mientras el personal militar
recuperaba las drogas, forzando a punta de arma a un familiar de una de las
víctimas para transportar las drogas de un bote hasta los helicópteros. De esta
manera las fuerzas de seguridad impidieron la atención médica de emergencia a
las víctimas que permanecían en el margen del río y en el agua hasta que los
helicópteros se retiraron. Una víctima herida sangraba mientras se aferraba a
las plantas del río por más o menos tres horas antes de ser asistida.
3.
Todos los testigos declararon
de forma independiente que los disparos provenían de arriba desde un
helicóptero.
4.
Ni el gobierno de Estados
Unidos ni el de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recopilado
evidencia en la escena del crimen lo que indica que no se están conduciendo
investigaciones serias sobre la masacre que fue llevada a cabo por uno de los
helicópteros propiedad de Estados Unidos con la participación de Fuerzas de
Seguridad de Estados Unidos.
5.
Desde la masacre, Ahuas ha sido
ocupada por varias docenas de tropas hondureñas que patrullan las calles de
tierra y declaran que permanecerán allí mientras sea necesario. Hemos recibido
reporte de que la presencia militar de Estados Unidos en la comunidad cercana
de Ahuas incrementa, un centro de operaciones militares ha sido establecido en
la comunidad cercana de Brus Laguna así como una base militar estadounidense
militar en Caratasca, aproximadamente a una hora en bote desde Ahuas.
Nuesta
visita a la región de la Moskitia en Gracias a Dios ha levantado un gran número
de preocupaciones.
1.
Estamos extremadamente
preocupados por la falta de una investigación fidedigna. El gobierno de los
Estados Unidos niega categóricamente la posibilidad de que sus fuerzas de
seguridad estuvieron involucradas en los asesinatos, o que los Estados Unidos
comparten la responsabilidad. En su lugar, el Departamento de Estado alega que
está “cooperando” con las investigaciones hondureñas y envía todas las investigaciones
a los oficiales del gobierno de Honduras; a pesar del hecho de que la Fiscalía
General de la República, la Policía Nacional y el ejército son reconocidos
ampliamente como corruptos.
2.
Estamos profundamente
preocupados por la militarización que observamos. El ejército de los Estados
Unidos y las fuerzas de seguridad civil en Honduras están aplicando tácticas de
contrainsurgencia para combatir el tráfico de drogas y militarizando las regiones
donde hay valiosos recursos naturales. Por lo tanto, hoy estamos presenciando
el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y la re-militarización de
Centroamérica tal y como sucedió en los `80s. Estamos alarmados por los
reportes de prensa sobre la reciente transferencia de tácticas de
contrainsurgencia y personal de Iraq y Afganistán a Centroamérica. Mediante la
caracterización de la población general y las autoridades locales como
traficantes de drogas, las comunidades indígenas se han convertido en el
enfoque de las acciones contrainsurgencia.
3.
Muchas personas con las que
hablaron, incluyendo representantes de varias organizaciones indígenas, están
profundamente preocupadas porque la militarización y violencia generada por la
“guerra contra las drogas” crea un impacto negativo en sus comunidades y porque
se enfoca en lugares donde hay recursos naturales importantes, ríos con
potencial hidroeléctrico, petróleo y bosques. La compañía tejana Texas Oil and
Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que
hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.
4.
Nuestro grupo está indignado al
ver que este es el papel que nuestro gobierno juega y cómo nuestros impuestos
están siendo utilizados. Nos preguntamos qué hace nuestro país trayendo modelos
de contrainsurgencia a un país donde el respaldo estadounidense a acciones
cubiertas de contrainsurgencia ha causado tanto sufrimiento en el pasado.
5.
Lo que vimos en la Moskitia fue
pobreza extrema y una atmósfera de terror siendo generada en el área donde la
población indígena ahora está perdiendo el control de sus recursos, que son
clave para el desarrollo de su economía.
Ante
lo que observamos en nuestra visita y las preocupaciones provocadas,
demandamos:
1.
Que el Congreso de los Estados
Unidos investigue y mantenga audiencias sobre el papel de los Estados Unidos en
los eventos del 11 de Mayo del 2012 en la Moskitia.
2.
Que investigaciones serias e
independientes tomen lugar explorando el rol y responsabilidad de los agentes
del gobierno de los Estados Unidos en la masacre del 11 de Mayo en Ahuas, ya
sean agentes de la DEA, contratistas de seguridad privada bajo la dirección o
contratados por agencias del gobierno de los Estados Unidos u otras fuerzas de
seguridad. Esta investigación debe incluir la identificación de la
responsabilidad criminal de individuos específicos.
3.
Que los derechos y decisiones
de las comunidades indígenas y movimientos populares serán respetados en lugar
de ser tratados como traficantes de drogas e insurgentes, obviando
completamente sus derechos humanos fundamentales.
4.
Que el gobierno de los Estados
Unidos se pronuncie públicamente contra la presencia de individuos con
involucramiento ampliamente reconocido en el tráfico de drogas y escuadrones de
la muerte dentro del sistema de justicia de Honduras hoy en día.
5.
Que en vista de los abusos que
documentamos, el gobierno de Estados Unidos debe retirar todas sus fuerzas de
seguridad incluyendo la DEA y contratistas privados de Honduras, así como el
cese de toda la asistencia y entrenamiento militar y promoción de la
re-militarización en Centroamérica.
Tegucigalpa, Honduras
27 de Mayo del 2012
Judith Ancel, Kansas City, KS
Susan Cole, Lafayette, LA
Mary Dean, Chicago, IL
Jean Grahame, Farmington, IL
Alice Kitchen, Kansas City, MO
Greg McCain, Chicago, IL
Maria Robinson, ¿??, CA
Irene Rodriguez, Boulder, CO
Karen Spring, Toronto, ON
Melissa Stiehler, Kansas City, MO
John Walkey, Boston, MA
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