Valle del Polochic: “Ni la caña de azúcar, ni la palma africana nos alimentan”
Reportaje de Giorgio Trucchi, en el marco del convenio de colaboración entre ALBA SUD y la Rel-UITA, sobrela represión desatada en torno al Ingenio Chabil Utzaj, Guatemala, en un conflicto agrario provocado por la expansión de los monocultivos.Crédito Fotografía: Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del Ingenio Chabil Utzaj,
en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala. Socios minoritarios,
vendedores y arrendadores de tierras le “limpiaron la mesa”,
desalojando y dejando en desamparo a cientos de familias q’eqchi’s que
durante generaciones venían habitando y trabajando en sus fértiles
tierras. Sus vidas están ahora en peligro y su lucha está siendo
criminalizada.
Un contexto de conflicto agrario
Miles de personas con mantas y banderas flameando bajo el sol se
movilizan por las carreteras que conducen a la capital guatemalteca.
Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos recorren más de 200
kilómetros a pie. Nueve días de marcha durante los cuales se comparten
temores, esperanzas y sueños, pero también proyectos, firmes propósitos
de cambio y demandas a gobernantes acostumbrados a desoír el clamor de
los pueblos originarios.
“No aceptamos migajas del gobierno. Exigimos una solución inmediata a
la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala. Una
conflictividad que solo se puede resolver aprobando una Ley de
Desarrollo Rural Integral, permitiendo el acceso a la tierra, deteniendo
los desalojos y respetando nuestra decisión de rechazar la explotación
minera, las hidroeléctricas y los demás megaproyectos. Queremos que se
condone la deuda agraria que suma más de 300 millones de quetzales (38.5
millones de dólares), que se desmilitaricen nuestras comunidades y que
se deje de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y campesinos”,
dijo Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), durante la Marcha
indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra
los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, realizada en marzo de 2012.
Marcha campesina. Fotografía del CUC.
Esta movilización obligó a tres poderes del Estado, incluyendo al recién instalado presidente y ex general Otto Pérez Molina
y a su gobierno, a firmar compromisos para dar solución a las diversas y
profundas problemáticas agrarias que el país arrastra desde hace muchas
décadas, y que se han profundizado con la masiva implementación de los
monocultivos a gran escala.
Entre los puntos acordados destaca el cumplimiento con las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas violentemente hace un
año en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, así como abordar con
prioridad inmediata la conflictividad agraria en esta zona. En este
sentido, el gobierno se comprometió a utilizar recursos de la Secretaría
de Asuntos Agrarios, para que no menos de 300 familias afectadas al año
tengan acceso a la tierra.
También se comprometió a garantizar que las empresas de seguridad
privadas contratadas por el Ingenio Chabil Utzaj, flamante nueva
adquisición del coloso nicaragüense Grupo Pellas,
ni cualquier otro grupo de fuerza irregular intervengan en esta área,
respetando el derecho que tiene la población de no ser víctima de
presiones y amenazas por parte de dichas fuerzas.
“Las demandas son claras. De no atenderlas se agudizaría más el
conflicto, lo cual evidenciaría las intenciones de mantener un sistema
excluyente que ha llevado a este país a situaciones de profundas
contradicciones”, señala un comunicado de las organizaciones convocantes
de la marcha, las cuales están pendientes de las fechas topes plasmadas
en los Acuerdos.
“Limpiar la mesa” en el Polochic
Cuando el año 2005 la familia Widmann, una de las más poderosas del país y cuyo mayor exponente es Carlos Widmann Lagarde, cuñado del ex presidente guatemalteco Oscar Berger Perdomo,
decidió trasladar el Ingenio Guadalupe de la costa sur de Guatemala al
Valle del Polochic, dando vida al Ingenio Chabil Utzaj (Buena Caña en
idioma q’eqchi’), muchas de las comunidades de etnía q’eqchi’ que vivían
en la zona no sospecharon que, muy pronto, se enfrentarían al inicio de
una nueva temporada de violencia y represión.
El proyecto, que incluía la adquisición de unas 3.600 hectáreas y el
arrendamiento de 1.800 más para sembrar caña de azúcar, los Widmann
obtuvieron un préstamo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) de 32 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados 28.5 millones.
La situación se precipitó cuando decenas de fincas, en cuyas tierras
trabajaban y vivían cientos de familias q’eqchi’s bajo el régimen de colonato
[1], entraron a formar parte de dicho proyecto de monocultivo. “Para
estas personas no existe derecho alguno relacionado con el tiempo de
posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las
familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se
les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su
histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones”,
explica en una nota Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre.
Comunidad 8 de Agosto.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA)
Este proceso de despojo se había iniciado a finales del siglo XIX con
la Reforma Liberal, al abrirse el gobierno guatemalteco a la inversión
extranjera. En el valle del Polochic se concentraron los emigrantes
alemanes, a los cuales se les otorgaron tierras ya ocupadas por las
poblaciones q’eqchi’s. “De esa manera, los antiguos habitantes se
convirtieron en trabajadores de los colonos alemanes y los que están
siendo desalojados en estos días son sus descendientes. Así que el
proceso de despojo viene de muy lejos, pero se profundiza más con la
introducción de los monocultivos de palma africana y de caña de azúcar”,
dijo Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC.
Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Según el dirigente campesino, el interés de los Widmann y del Ingenio
Chabil Utzaj S.A. por comprar tierra en el Valle del Polochic generó un
mecanismo perverso de incentivo a la venta o arrendamiento de fincas,
muchas de ellas de pertenencia muy dudosa como, por ejemplo, las grandes
extensiones de tierras que pertenecieron al terrateniente Flavio Monzón, uno de los principales responsables de la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, y que heredó a sus hijos.
El resultado fue el desalojo masivo de los mozos colonos que durante
generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas
fincas. “Los supuestos propietarios comenzaron a sacar a las
comunidades, pese a que con muchas de ellas ya tenían negociaciones
avanzadas para la adquisición de la tierra. Prefirieron vender o
arrendar a las grandes compañías y para hacerlo tuvieron que ‘limpiar la
mesa’, desalojando a todas estas familias que reclaman derechos
históricos sobre las tierras”, aseveró Barrientos.
Monocultivos y hambre
Laura Hurtado, sociologa, investigadora y profunda
conocedora de los impactos que genera la expansión de los monocultivos
para la producción de agrocombustibles en Guatemala, asegura que existe
una relación directa entre este fenómeno y la pérdida de soberanía y
seguridad alimentaria de la población.En el estudio “Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala”, Hurtado explica que “la pérdida de tierras destinadas anteriormente a la producción de alimentos a causa de la expansión sin precedentes de las plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles, principalmente de palma africana y caña de azúcar, está cambiando de manera acelerada la fisonomía del agro guatemalteco y conlleva una merma considerable en la producción nacional de granos básicos y alimentos, misma que ha venido siendo debilitada de manera sistemática por las políticas neoliberales de los últimos años”.
En efecto, en la última década, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios, a un país dependiente de la importación de alimentos. Según datos de FAOSTAT, entre 1990 y 2005 la producción nacional de trigo se redujo en 80.4 por ciento, la de frijol en 25.9, la de arroz en 22.7 y la de maíz en 22.2 por ciento.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas (has). La Encuesta Agropecuaria 2007 estableció que para ese año el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.
En cuanto a la caña de azúcar, el estudio de Hurtado revela que en 2003
la producción nacional abarcaba una extensión total de 188,775 has.
Solo el departamento de Escuintla, en la costa sur del país,
concentraba el 87 por ciento de la producción total. Para 2007, la
Encuesta Agropecuaria estimó que la producción de caña de azúcar habría
crecido en un 1.55 por ciento, aumentando a nivel nacional la superficie
destinada a este cultivo a 260,896 has, datos que se mantuvieron
estables durante los siguientes años.
Cañaveral en Telemán. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Hurtado explica también que la producción y el procesamiento, tanto de
palma africana como de caña de azúcar, se encuentran altamente
concentrados en muy pocas empresas y corporaciones [2], lo cual genera
procesos de concentración y reconcentración de la propiedad agraria,
agudizando de esa manera la problemática del acceso a la tierra para las
y los campesinos.
“Son procesos que expulsan a las comunidades, suprimen importantes
áreas anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y
alimentos en general, eliminan la cobertura boscosa y generan movimiento
de tierras, drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de
agua. Es decir, hay una mayor fragmentación o bien la eliminación total
de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, apunta la investigadora
guatemalteca.
Para Barrientos, ese modelo de monocultivo gozaría del apoyo y
complicidad del Estado y de los grandes medios de comunicación. “Hay una
efectiva criminalización de la lucha y protesta social a través de la
persecución judicial, la descalificación de las demandas campesinas y
las campañas de desprestigio contra los líderes y dirigentes campesinos,
por parte de los medios de comunicación que están al servicio de las
empresas y las transnacionales. De esa manera pretenden crear una
opinión pública que condene las luchas por el acceso a la tierra y
quienes las encabezan, legitimando el saqueo de los recursos naturales
que impone el modelo neoliberal en todo el continente ”, apuntó el
secretario ejecutivo del CUC.
Una situación que Hurtado considera contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz
(1996), donde el Estado se comprometió a promover la democratización de
la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a ella. “Lo que
ocurrió en el Valle del Polochic con la venta de las tierras a las
empresas agroindustriales –como el Ingenio Chabil Utzaj S.A.
(Widmann-Grupo Pellas) o Palmas de Desarrollo S.A. PADESA y Grasas y
Aceite S.A. (Grupo Maegli)– ha sido un alineamiento de las políticas
institucionales del Estado y los recursos de las instituciones
financieras internacionales a los intereses de dichas empresas, en
detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población
campesina”, afirmó Hurtado a ALBA SUD/Rel-UITA.
Cañaveral en Telemán. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
La investigadora subrayó también que, si bien la siembra de caña y
palma africana es hoy en día destinada a la producción de azúcar,
melaza, bebidas alcohólicas, aceites y grasas comestibles e
industriales, lo que verdaderamente ha estimulado el proceso de
acaparamiento de tierras es el creciente y prometedor mercado
internacional del biodiésel y del etanol.
“Puede ser que ahora el precio internacional sea bajo y que a las
empresas les convenga más otro tipo de producción, sin embargo es
evidente que estas grandes inversiones apuntan al mercado de los
agrocombustibles”, aseguró.
Desalojos y muerte
En la carretera hacia Cobán, el desvío de San Julián nos abre paso
hacia el Valle del Polochic. Bajando de las montañas a través de un
camino tortuoso llegamos a costear el río Polochic, uno de los
principales ríos de Guatemala que atraviesa varios municipios del sur de
Alta Verapaz y desemboca en el lago de Izabal.
A medida que avanzamos hacia el fondo del valle nos adentramos por
caminos de tierra que se abren entre inmensas extensiones de caña de
azúcar y palma africana. De vez en cuando, entre las palmas se miran
pequeñas siembras de maíz. “Son los terratenientes que dan permiso a los
campesinos para que siembren su milpa. A cambio les exigen limpiar las
palmeras sin pagarles nada y de esa manera explotan la mano de obra
local y ahorran costos”, explica S.C., que en el Valle del Polochic ha
nacido, se ha criado entre represión y desalojos y que ahora es
activista del CUC.
Maíz en medio de la plantación. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Como muchas de las personas que tuvieron el valor de intercambiar sus
historias con este corresponsal, S.C. prefirió mantener el anonimato
“porque los sicarios andan por todos lados”, asegura.
Después de haber logrado el préstamo del BCIE y haber iniciado una fase
de experimentación de la siembra de azúcar, el proyecto del Ingenio
Chabil Utzaj fracasó. En 2010, el Banco Industrial (BI), fiduciario del
fideicomiso de garantía, puso en subasta 37 fincas y todas las
maquinarias,sobre un precio base de 30.2 millones de dólares. Además, el
Ingenio acumuló una fuerte deuda con la municipalidad de Panzós en
concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que nunca pagó.
Rótulo en el Ingenio Guadalupe, Panzós, Alta Verapaz. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Pese a que la subasta fuera cancelada temporalmente por un recurso
interpuesto por el propio Chabil Utzaj S.A., la noticia dio nueva
esperanza a las cientos de familias que habían venido sufriendo
represión y desalojos durante los últimos años.
“Varias organizaciones acudimos al BCIE y al gobierno para presentar
una propuesta, en la que el Estado asumiría la deuda y desarrollaría un
programa ambicioso para atender la demanda de acceso a la tierra de las
familias campesinas. Sin embargo no fuimos tomados en cuenta y las
comunidades volvieron a recuperar las tierras y a sembrar alimentos”,
explicó Hurtado.
Ante la presión de las familias q’eqchi’s para volver a vivir en las
tierras sobre las cuales reclaman derechos históricos, en marzo de 2011
se abrió una mesa de negociación y los Widmann hicieron una propuesta de
trasladar las comunidades a otros lugares. Aparentemente, a los
terratenientes y a las autoridades gubernamentales y judiciales no les
importó que las familias presentaran una contrapropuesta, antes bien
iniciaron un desalojo violento de 14 comunidades.
La represión inició el 15 de marzo y fue llevada a cabo por más de mil
efectivos, entre militares y policías, y con la participación de
miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. Fue brutal y
prolongada, culminando días después con la expulsión de unas 800
familias, la destrucción y quema de viviendas y cultivos y un saldo de
un campesino asesinado, Antonio Beb Ac, de la comunidad Miralvalle, y varios heridos y detenidos.
Una vez “limpia la mesa”, el BCIE anunció la reestructuración del préstamo
a los propietarios del Chabil Utzaj por más de 20 millones de dólares,
supuestamente “para dinamizar un área vulnerable que tiene índices de
pobreza de 84.1 por ciento y 41.2 por ciento de pobreza extrema”, se lee
en una nota de la revista económica digital CentralAméricaData.
Paralelamente, los Widmann hicieron pública la incorporación de la
compañía Guatemala Sugar State Corp. –un vehículo de inversión del Grupo
Pellas en la zona– como nuevo inversionista del proyecto.
En junio de 2011, directivos de la empresa oficializaron la adquisición
por parte del Grupo Pellas del 88 por ciento del paquete accionario de
Chabil Utzaj S.A., así como una inversión multimillonaria durante el
bienio 2011-2012, que incluye el desembolso de entre 30 y 40 millones de
dólares para un proyecto de generación eléctrica de 12 MW.
“Existe una relación muy estrecha entre los desalojos del año pasado,
la reactivación del proyecto del Chabil Utzaj y la inversión
multimillonaria del Grupo Pellas. El proyecto estaba en quiebra y
estaban subastando las fincas para pagar las deudas. Con estos brutales
desalojos los Widmann logran salir a flote y el Grupo Pellas recibe un
producto ‘limpio’ y sin fincas ocupadas, elemento necesario para
implementar su plan de expansión de monocultivos y negocios en Centroamérica”, dijo el secretario ejecutivo del CUC.
Ingenio Chabil Utzaj. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Pese a los repetidos intentos por contactar al Grupo Pellas en
Nicaragua, la realización de varias llamadas y el envio de correos
electrónicos al área de comunicación solicitando su versión de los
hechos, la empresa hizo caso omiso a nuestra solicitud.
Medidas cautelares
Después de los desalojos y quedando sin casa ni alimentos, miles de
personas desamparadas comenzaron a deambular por la zona, en búsqueda de
apoyo. En muchas ocasiones fueron objeto de represalias, hostigamiento,
persecución, amenazas y hasta asesinato [3]. “Fueron desalojos
violentos, desproporcionales e irracionales, en clara contravención de
los estándares internacionales en materia de desalojos y que
significaron una evidente violación a los derechos humanos de las
familias q’eqchi’s. Ante esta situación y la participación directa de
los cuerpos de seguridad privada del Chabil Utzaj en la represión,
varias organizaciones [4]decidimos solicitar medidas cautelares ante la
CIDH, constituyéndonos como peticionarios y solicitando que se
detuvieran los desalojos y se atendiera a la población que se había
quedado sin nada”, dijo Martha García, abogada y coordinadora de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).
Martha García. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
El 20 de junio 2011, la CIDH resolvió favorablemente y solicitó al
recién instalado gobierno guatemalteco adoptar las medidas necesarias
para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14
comunidades, así como medidas humanitarias –incluyendo alimentación y
albergue– concertándolas con los beneficiarios y sus representantes.
Finalmente, la CIDH solicitó al gobierno informar sobre las acciones
adoptadas por el Estado a fin de investigar el cumplimiento de las
medidas mismas.
Pese a la urgencia de la situación, García asegura que lo dispuesto por
la CIDH solo se ha cumplido en una mínima parte por la Comisión
Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos (COPREDEH).
“El Estado quiso realizar un censo para identificar a las familias
beneficiarias y finalmente desconoció los datos que habíamos reportado a
la CIDH, en cuanto a la cantidad de familias y a la necesidad de
viviendas. En octubre tuvimos que volver ante la CIDH para plantear la
necesidad de empezar de inmediato con la distribución de alimento por
una periodo mínimo de cinco meses”, explicó García.
La respuesta del Estado no llenó las expectativas. El COPREDEH entregó
cantidades mínimas de alimento, incompletas y de mala calidad y sólo
durante tres meses. Actualmente, las organizaciones peticionarias no han
logrado volver a reunirse con los funcionarios del Estado y las
entregas de alimentos fueron suspendidas. Tampoco se pudo avanzar en
materia de vivienda y seguridad de las comunidades.
“En el informe que envió a la CIDH, el COPREDEH asegura haber cumplido
con las medidas cautelares, lo cual es totalmente falso. En nuestro
informe pedimos a la CIDH que mantenga las medidas y que se pronuncie
sobre el tema del acceso a la tierra. Para nosotros es evidente que si
bien la responsabilidad de lo que está ocueriendo es del Chabil Utzaj,
el Estado está contribuyendo a que pueda actuar en total impunidad y en
flagrante violación de los derechos humanos”, concluyó la abogada.
“Que se vayan del Polochic”Después de haber dejado atrás las instalaciones del Chabil Utzaj y los cañaverales que se pierden mucho más allá de la imperceptible línea del horizonte, llegamos a la comunidad 8 de Agosto, donde se han reunido varios miembros de las comunidades desalojadas el año pasado. La gente se acerca con temor. Pregunta a mi guía y traductor el objetivo de la visita. Hablan entre ellos, mientras decenas de niños y niñas miran curiosos.
Comunidad 8 de Agosto. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Finalmente deciden hablar. Nos refugiamos entre la pared de un edificio
y el vehículo parqueado para que nadie nos mire, sobre todo los
guardias de seguridad del Chabil Utzaj, muchos de ellos ex militares y
policías que han participado en los hechos sangrientos de los años 80.
Poco a poco la gente toma confianza, se acerca, comienza a hablar y el
río de palabras sale de forma impetuosa, imparable.
“Mi familia y yo sufrimos tres desalojos entre 2008 y 2011. Llegaron
cientos de policías, militares y miembros de la seguridad privada del
Chabil Utzaj y nos desalojaron a pura fuerza. Quemaron todo y
destruyeron nuestros cultivos, dejándonos sin nada. Tampoco han cesado
las amenazas y la persecución. Nos acusan de invasores y en mi caso
tengo una orden de captura por usurpación agravada de tierra y siquiera
puedo salir a buscar trabajo. Sin embargo no somos nosotros los que
hemos llegado a invadir la tierra donde nacimos y nos criamos. Es ahí
que queremos vivir, cultivar nuestros alimentos y por eso tenemos que
seguir luchando, sino ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?”, dijo
J.M.C.C. de la comunidad de Bella Flor.
O.B., una joven muchacha q’eqchi’ de la comunidad de Río Frío, el
recuerdo del último desalojo lo tiene impreso en lo más profundo de su
mente y sus ojos se humedecen. “La mañana del desalojo salí temprano y
fui a la huerta a recoger frijoles para dar de comer a mis hijos. De
repente vinieron a avisarme que estaban desalojando la comunidad de Agua
Caliente y comprendimos que pronto nos iba a pasar lo mismo. Los
militares y los guardias del Ingenio nos dieron pocos minutos para sacar
algunas de nuestras pertenencias y quemaron todo. Se burlaban de
nosotros y nos decían que nada teníamos que hacer ahí porque eramos
invasores”, recordó entre sollozos.
A O.B. le duele mucho recordar esos momentos, pero el dolor se
transforma en desesperación cuando piensa en sus 5 hijos que se
encuentran en un estado de desnutrición grave. “Ha pasado un año y el
Estado no ha cumplido con lo que prometió. No somos nosotros los
invasores, sino estos millonarios que vienen de otros países a sacarnos
de donde nuestras familias viven desde hace siglos. ¡Que nos dejen en
paz! Porque no estamos pidiendo limosna, si no que se respete nuestro
derecho a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos, porque no
nos alimentamos con de azúcar, ni mucho menos con palma africana”,
concluyó.
Las familias de la comunidad 8 de Agosto volvieron a recuperar las
tierras después del desalojo y con el apoyo de diferentes
organizaciones, entre ellas el CUC y la Fundación Guillermo Toriello,
están impulsando un proyecto de viviendas que cambiaría su vida. Según
varios documentos en manos del CUC, estas tierras serían del Estado y ya
se presentó demanda para que se las adjudique a la comunidad.
Proyecto de viviendas de la Fundación Guillermo Torriello en la Comunidad 8 de Agosto. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
“Es absurdo pensar que fuimos desalojados sólo por el hecho de que
nuestra comunidad fue incluida en una lista, que fue preparada por los
mismos Widmann y que ni siquiera fue consultada con la orden de desalojo
del juez. Entraron cientos de policías, militares, guardias privados
del Chabil Utzaj y cuadrillas contratadas para arrasar con nuestros
cultivos. Ya no aguatamos tanta violencia y estamos volviendo a vivir
los momentos oscuros de los años 70 y 80”, dijo A.P. de la 8 de Agosto.
J.T. y G.T., ambos de la misma comunidad, aseguran haber sido
repetidamente hostigados y amenazados por miembros de la seguridad
privada del Chabil Utzaj. “Lanzan piedras a las casas, nos disparan y
hasta trataron de secuestrar a nuestros dos hijos. Pedimos que a nivel
internacional se presione a los Widmann, a los Pellas y al gobierno para
que nos dejen vivir en paz, porque sólo han traído más pobreza, dolor y
hambre”, dijo la pareja q’eqchi.
“Donde fue...”
Nos adentramos en los cañaverales y recorrimos no sé cuantos kilómetros
para llegar a lo que queda de la comunidad Paraná. Durante el largo
recorrido, S.C. señaló el punto donde hace un año surgían las
comunidades que fueron brutalmente desalojadas: Midalvalle, El Recuerdo,
La Tinajita, Paraná. Ahora, la caña de azúcar oculta cualquier recuerdo
de aquellos asentamientos. Hoy en día nadie podría percatarse de que
ahí, en estos terrenos, cientos de familias vivían su vida libremente.
Camino a la Comunidad de Paraná.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
“Cuando se prepara para un desalojo, el Ingenio anuncia por las radios
locales que va a necesitar de personal para integrar cuadrillas de
trabajo. Reúnen hasta 300 ó 400 personas y las llevan a las comunidades
para destruir los cultivos con el machete. Después, siempre con la
protección de la policía y mientras los cuerpos armados desalojan a la
gente y queman las casas, empleados del Ingenio pasan con las máquinas
para revolver el terreno y sembrar caña de azúcar. Aprovechan de la
miseria de la gente para encomendarles el trabajo sucio. En poco tiempo
ya no hay rastros de la vida que animaba a estas comunidades”, explicó
S.C.
En Paraná nadie nos está esperando. A la orilla de un camino de tierra
están las champas semi-destruidas donde las familias se reubicaron
después del desalojo. Los guardias privados del Chabil Utzaj atacaron
nuevamente hace unos meses y dispersaron a la gente.
Mientras esperamos en el vehículo se acerca un hombre. Nos mira de
reojo, hace preguntas a nuestro conductor, vuelve a mirarnos. Es el jefe
de los guardias de seguridad de la zona. La gente se asusta y avisa por
celular que nos vamos a reunir en otro lugar. Nos movilizamos hacia la
zona de las champas y ahí, rodeados de caña, comienzan a llegar algunos
de los miembros de la Paraná.
“Destruyeron y quemaron todo, incluso 48 manzanas de maíz y frijoles y
80 sacos de mazorcas que teníamos almacenados. Nos trasladamos a vivir a
la orilla de la carretera, pero a la semana llegaron los militares y
los guardias a dispararnos e hirieron a dos compañeros. Dicen que es
mentira que hubo muertos y heridos, pero aquí están las balas con las
que nos persiguen y asesinan”, dijo F.C., enseñándome varias balas de
armas de grueso calibre, supuestamente abandonadas en el lugar después
de los ataques, y varios orificios de bala que destruyeron el techo de
lamina de las champas.
Balas en la Comunidad de Paraná. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Restos de los impactos de bala en la Comunidad de Paraná. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Tanto para F.C. como para su suegro R.T., las familias de la comunidad
de Paraná van a seguir defendiendo su derecho de vivir en paz en las
tierras que fueron de sus antepasados, donde sus abuelos derramaron su
sangre durante el conflicto de los años 70 y 80.
“Más allá, al fondo, está todavía una fosa común donde enterraron la
gente de Paraná que fue masacrada por los militares después de haber
sido desalojada en los 80. Hoy en día estamos viviendo el mismo horror,
solo por el hecho de estar recuperando la tierra donde nacimos y que nos
fueron sustraídas. Ahora no tenemos donde vivir, con qué alimentarnos y
somos constantemente amenazados. El asesor legal del Chabil Utzaj está
haciendo de todo para dividir a la gente, diciendo que somos invasores y
que nadie debe ayudarnos. El gobierno no nos está ayudando y ya no nos
están entregando comida. Nuestros mártires han muerto luchando por la
tierra y es lo que vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de una
solución ya y de que de una vez paren la represión y los asesinatos”,
dijo R.T.
Orilla de la carretera en la comunidad de Paraná.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA)
También en la comunidad Inup/Agua Caliente, la violencia fue brutal.
Según cuentan M.M. y M.E.P. las 78 familias que integraban la comunidad
fueron desalojadas sin piedad a punta de disparos, golpes y gas
lacrimógeno, con un saldo de varios heridos. “Necesitamos de tierra para
sembrar nuestra comida, tal como lo hicieron nuestros abuelos aquí en
el valle del Polochic. Ahora llega el Ingenio y pretende arrebatarnos
todo. Llega con guardias de seguridad que son muy violentos y nos
persiguen en todo momento. La gente hasta tiene miedo de salir a la
calle por temor de ser asesinada. ¿Por qué nadie investiga lo que ha
ocurrido? ¿Por qué de tanta impunidad”, se preguntó M.M.
Ante tanta desprotección se espera que la presión internacional y la
contundente marcha campesina, indígena y popular del mes pasado logren
algún resultado concreto.
“Estas empresas hostigan, persiguen y reprimen a nuestra gente. Es
necesario que el gobierno cumpla con los Acuerdos de Paz en cuanto a la
tenencia de la tierra y al financiamiento para los campesinos. No es
posible que sólo beneficie a los millonarios, porque la madre tierra
debe servir para los pueblos y no para una sola persona que siembra
monocultivos. Lamentablemente, lo que vemos ahora es más pobreza extrema
y desnutrición, porque la palma y la caña no nos alimentan. Lo que el
pueblo necesita es de nuestra sagrada tortilla, de nuestro sagrado
frijol. Como pueblos indígenas tenemos que rescatar nuestra tierra y
nuestros recursos naturales”, concluyó G.A.C de la comunidad Papal Ha.
Notas:
[1] El colonato es un sistema donde a los trabajadores, llamados “mozos colonos”, se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando de padres a hijos.
[2] Según Laura Hurtado el cultivo de la palma africana descansa fundamentalmente en seis grandes productores, mientras que la cañicultura se concentra en quince ingenios azucareros, algunos de los cuales extienden su radio de operaciones a otros sectores productivos y geográficamente a Centroamérica y Sudamérica.
[3] El 21 de mayo 2011, guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj asesinaron a Oscar Reyes, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y de la comunidad Canlun. En el ataque se reportaron cinco campesinos heridos de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. El día 4 de junio 2011 fue asesinada a balazos María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba.
[4] Unión Latinoamericana de Mujeres por el Derecho a Defender Nuestros Derechos (ULAM), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Comité de Unidad Campesina (CUC), Equipo Comunitario para Acción Psicosocial (ECAP) y Derechos en Acción (DA).
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