TEGUCIGALPA.- Tiempo.hn / 16 de Marzo 2012
El sub comisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga y uno de sus
apoderados legales revelaron ayer que los policías prófugos en el caso
de asesinato de dos universitarios estuvieron en el despacho del
ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y luego tomaron el fin de semana
libre para no retornar a la institución.
Barralaga fue separado de su cargo tras ser investigado por el
Ministerio Publico (MP) por ser supuestamente el oficial que ordenó
(como ex jefe de la Policía Metropolitana) la salida de los autores del
asesinato de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22)
y Carlos David Pineda Rodríguez (24). Pero ayer reveló en el programa
radial Interpretando la Noticia del periodista David Romero que “me los
mandaron a pedir (a los implicados)”. Especificó que desde la sede de la
Secretaría de Seguridad en Casamata se le ordenó que fueran trasladados
a aquella sede los efectivos señalados de matar a los universitarios.
“Fue el sub comisionado Jaime Antonio Flores Mejía que por instrucciones
del general Palma (Marco Tulio) le mandara a los muchachos porque
quería reunirse con ellos. Al final la reunión no era con el general
sino con el ministro de Seguridad”, dijo Barralaga y refrendado por sus
abogados José Tiburcio Amador y Amado Felipe Sorto. Sostuvieron que esa
información está en el informe investigativo del MP. “Además, el
ministro les manifestó que podían irse y todo continuaba normal y esa es
una instrucción”, expresó el abogado Amador. Barralaga se autocalificó
como un “chivo expiatorio” en el caso.
REVOCACION
Esta semana trascendió que la ex fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, dejó antes de retirarse del cargo una certificación o informe del caso desligando de responsabilidad a Barralaga. Pero horas después el fiscal German Enamorado anunció que revocaría esa acción y que debido a los nuevos elementos se revocaría la certificación a favor de Barralaga. Se trató de hacer contacto vía telefónica con la ex fiscal Ponce pero se conoció que está fuera del país.
Esta semana trascendió que la ex fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, dejó antes de retirarse del cargo una certificación o informe del caso desligando de responsabilidad a Barralaga. Pero horas después el fiscal German Enamorado anunció que revocaría esa acción y que debido a los nuevos elementos se revocaría la certificación a favor de Barralaga. Se trató de hacer contacto vía telefónica con la ex fiscal Ponce pero se conoció que está fuera del país.
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MP
revocará certificación a favor de ex comisionado Jorge Barralaga otorgada por la ex Fiscal de Derechos Humanos Sandra Ponce
por Sandra Sánchez
El Ministerio Público reveló esta noche que
estará revocando una certificación a favor del ex comisionado de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Barralaga.
El Fiscal de los Derechos Humanos, Germán
Enamorado, recordó que la ex fiscal Sandra Ponce antes de abandonar el cargo
dictó un auto de cierre a favor de Barralaga y ésta lo remitió a la Dirección
de Fiscales, pero a raíz de las investigaciones se ha decidido revocar dicha
certificación.
Enamorado agregó que “la Fiscalía
determinó reabrir la investigación y ampliar el campo de investigación hacia
otras personas que pudieran estar involucradas”.
A Barralaga se le señala de tener
responsabilidad en la fuga de cuatro elementos policiales implicados en la
muerte de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora,
Julieta Castellanos, hecho ocurrido el pasado 22 de octubre en Tegucigalpa.
El fiscal de los DD HH explicó que al ex
comisionado de Policía se le acusa porque en el momento de las fugas de los
presuntos hechores del crimen, “él tenía un puesto preponderante y debió
responder por ellos”.
Reiteró que “debido a los nuevos
elementos, el Ministerio Público revocará la certificación a favor de Jorge
Barralaga”.
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“Pueden irse”, dijo Pompeyo a policías acusados por muerte de universitarios
TEGUCIGALPA.- El
viernes 28 de octubre del 2011, seis días después de la escena del
crimen de los universitarios Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro
Vargas Castellanos, el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla fue la
última persona que se reunió con los cuatro policías señalados como
supuestos responsables de la muerte de los dos jóvenes.
La
última frase que el subinspector Carlos Galeas Cruz y los policías
Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y
José Rubén Pozo, acusados de robo y asesinato, escucharon de Pompeyo
Bonilla fue: “Pueden irse”, le tomaron la palabra y desde ese día se
“perdieron” del mapa.
Lo
anterior consta en el libro de novedades de Casamata y coincide con el
testimonio de Rubén Pozo, uno de los policías que se entregó el año
pasado y que desde el 7 de diciembre permanece bajo custodia policial,
reveló la defensa del extitular de la Policía Metropolitana, Jorge
Barralaga.
Pese
a que esta información ya era del conocimiento de la Fiscalía General,
no trascendió hasta que Barralaga hiciera público que su expediente
incriminatorio había sido cerrado por el Ministerio Público (MP),
exculpándolo así de toda responsabilidad ante la supuesta permisividad a
los acusados por no retenerlos en su día libre o supuesto abuso de
autoridad al infringir una norma policial.
SORPRESA
Posteriormente,
los abogados José Tiburcio Amador Zúniga y Amado Felipe Osorto, en
condición de apoderados legales de Barralaga anunciaron que su defendido
podría interponer una demanda en contra del Estado de Honduras por el
perjuicio que le ocasionó el caso por parte de la
Secretaría de Seguridad, a la que también exigirían resarcir el daño.
Pero,
el MP anunció nuevamente que el caso se reabrió porque aparentemente
“hay nueva evidencia”. Esta situación ha provocado que los abogados de
Barralaga exterioricen profundidades, hasta ayer desconocidas en el
ámbito público aunque en lo interno del MP se manejaban, desde antes que
dejara la titularidad de la Fiscalía de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
“Nosotros
como apoderados legales del subcomisionado Barralaga nos sorprende que
después vengan a querer cambiar, ampliar y que van a investigar si ya la
investigación fue
amplia, presentamos todo tipo de prueba de descargo y los fiscales se
tomaron el tiempo para poder llegar a esa conclusión”, manifestaron en
Radio Globo, después de conocer el anuncio de la Fiscalía de Derechos
Humanos, en voz del fiscal responsable German Enamorado.
¿ENCUBRIMIENTOS?
“Hay
una persona que se entregó voluntariamente y coincidentemente el
policía Pozo confirma que antes de salir franco ese día fueron llamados
al despacho del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se entrevistaron
con él y les dijo todo sigue normal,
trabajando normal, pueden irse”, manifestó Osorto.
Según
los abogados de Barralaga, esto fue corroborado por el MP porque está
consignado en el libro de novedades de las visitas que se le efectúan al
ministro de Seguridad. “Efectivamente ese día (viernes 28) y esa hora
(entre 4:00 y 6:00 pm) estuvieron con el ministro y se entrevistaron con
él”.
“Como
se ha revelado esta información que posiblemente tenga algún alto grado
de implicación de las altas autoridades de la Secretaría de Seguridad,
hay que buscar un chivo expiatorio a toda costa y ese es el que tenga
menor grado de la policía dentro de
este proceso, obviamente el subcomisionado de policía (Jorge
Barralaga)”, expresó el abogado Amador Zúniga.
Por
consiguiente, el abogado Osorto reveló que su defendido no recibió
orden de retenerlos y que la misma apoderada legal los llevó donde el
ministro y al terminar la reunión como ya no tenían que presentarse el
sábado a la Metropolitana, la abogada les dio “jalón” a un centro
comercial y los dejó, aduciendo que no había ninguna responsabilidad, ni
otra orden.
También
los defensores de Barralaga dejaron claro que la exfiscal Sandra Ponce
no tiene nada que ver con el caso, ya que no estaba a
cargo de este; sino que el mismo había concluido a su salida del MP,
quedando en manos de las autoridades máximas del MP.
BARRALAGA SE DEFIENDE
Por
su parte, Barralaga dijo que “no sabe si la reapertura del caso es por
presiones de la rectora (Julieta Castellanos) que ellos (los fiscales)
están por influencias volviendo a abrir este caso porque las firmas en
el acta de cierre son de las autoridades actuales, nadie les puso un
cuchillo para que corrieran a firmar. Lo raro es que ya firmado lo
reabran, tengo preocupación de lo que está
aconteciendo en este momento”.
En
su defensa ante la sociedad en general, expresó que los propios
investigadores ya habían determinado que “yo no era responsable (de la
salida sin retorno de los policías), no existe el término fuga porque
cuando hay fuga es cuando alguien tiene una orden judicial, a falta de
esto es un ciudadano común y corriente”.
“La
Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) pasó el informe
hasta el domingo 30 de octubre (cuando se supo que los policías estaban
ausentes) para que la Fiscalía pudiera normalizar el requerimiento
fiscal en los tribunales y saliera una
orden de captura para esta gente”, recordó.
Al
igual que lo revelara LA TRIBUNA, días antes del escape de los cuatro
policías, Barralaga también manifestó que los acusados estaban en
permanente entrevista y “continuos interrogatorios de la DNIC de
conocimiento para la Fiscalía”. “La autoridad al no determinarles nada
los mandaron a su unidad de origen que es la Metropolitana Uno, llegaron
en una situación normal y hay libros de novedades que acreditan eso”.
“Consta
en el libro de novedades de la Metropolitana que los cuatro policías
iban a realizar sus labores normales, ya habían estado 72 horas
en interrogatorios, por eso inmediatamente cuando escuché las noticias
(de supuesta fuga) corrí a sacar copias del libro de novedades porque de
repente podrían hasta arrancar una hoja del libro, sacamos copias y las
autenticamos al Ministerio Público”, reveló.
“No
tenía conocimiento (de todo lo acontecido anteriormente al día de la
salida) ya que solo tenía 10 días de haber llegado a la Metropolitana y
ese día estaba de fin de semana”, dijo Barralaga en su defensa, tras
reiterar que él también era un subalterno.
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Calle 19, #130.
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