En esta Plaza donde hablamos cada mes las familias víctimas de la
desaparición forzada del siglo pasado y del actual, decimos que el
problema no son las manzanas podridas sino las instituciones
putrefactas:
Por no haber castigado penalmente y rehabilitado a los criminales del
DIN y el 3-16 acogidos por la Policía Nacional tenemos hoy entre
nosotros a máquinas de muerte y terror.
Igual que los ex agentes sucios de la CIA en 1997 fundaron en McLean
escuelas privadas de terror, aquí sus alumnos hicieron lo mismo hasta
desbordar la situación de respeto a los derechos humanos, en complicidad
con el sector privado y la élite política.
Igual que ayer ante los hechos brutales, los políticos locales
recurren hoy a lo mismo: auto intervenirse para depurar a los visibles,
mientras las fieras se agazapan en su hábitat esperando el momento para
dar el zarpazo otra vez.
Anoche crearon en el Congreso Nacional una nueva oficina independiente
de investigación y evaluación con el mismo personal y nuevos
activistas, que en dos meses reproducirán los mismos vicios.
Mientras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prepara el
desembolso de 60 millones de dólares en febrero de 2012 para impulsar el
entrenamiento policial con instructores colombianos.
A la emergencia de brutalidad que denuncia el pueblo en todo el país
le buscan una salida de emergencia urbana con los mismos actores de la
brutalidad.
Una salida de emergencia continuará la emergencia. Una solución
política politizará el problema. Y los delincuentes seguirán en ese
paraguas maravilloso de la impunidad que les provee recursos del Estado y
del boyante Crimen Organizado.
Los delincuentes deben ser juzgados. El Estado terrorista debe ser
desmantelado por quienes lo instalaron. Estados Unidos debe asumir su
responsabilidad, sin imponernos su nueva estrategia hegemónica por la
vía colombiana y mexicana.
La mejor expresión de la comunidad internacional debe instalarse
pronto en los lugares más vulnerable de Honduras, para acompañar a la
población militarizada y generar propuestas alternativas , como lo hizo
Italia en 2010 en Zacate Grande y como están a punto de hacerlo otros
países en el Bajo Aguán.
Igual que en el pasado, el COFADEH aboga por soluciones integrales que
devuelvan a la ciudadanía el protagonismo que constitucionalmente tiene
para decidir su nuevo contrato con el Estado.
En esa solución integral no tendríamos que andar buscando la verdad y
la justicia en las cortes de Estados Unidos, como ocurre en este momento
con la familia de Isi Obed Murillo frente a Roberto Micheleti,
inversionista en Texas.
O como ocurre con el ex presidente Manuel Zelaya versus los golpistas
en la Corte Penal Internacional por su relevo violento del poder y su
expatriación a Costa Rica.
Irónicamente el juicio contra Micheleti en Huston lo intentan parar
las propias instituciones que están obligadas a impulsarlo: la Corte
Suprema, el Congreso Nacional y el Ministerio Público.
Por esa trama de lealtades políticas del crimen organizado local es
que las y los abogados del CCR y de Americas Rigths Watch han urgido
ayer a la Corte de Texas a considerar la nueva información aportada al
expediente por los peticionarios.
Una Comisión Internacional de plenos poderes debe ser instalada en el
país para ejecutar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, del Exámen Periódico Universal de la ONU y
de ambas comisiones nacionales de Verdad, sin andar con pantomimas ni
parches reviviendo consejos, notables y esos cadáveres diversionistas
que entretienen a políticos baratos del patio.
Espere el informe de la Comisión de Verdad en enero del próximo año.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
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