El anteproyecto de Ley Integral para víctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1995) está en manos del diputado presidente Luis Redondo Guifarro y, por supuesto, ingresado formalmente a través de la secretaría de ese poder del Estado.
Avalado por un amplio proceso de consulta, reflexión y propuesta con familiares sobrevivientes de la DSN ejecutada por los gobiernos de Rosuco, Azcona, Callejas y Estados Unidos, el anteproyecto pasa a revisión y dictamen de los miembros de todas las bancadas.
En el proceso de formulación del anteproyecto han participado expertos jurídicos, sobrevivientes de similares crímenes en países latinoamericanos, consultores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y miembros informados del gabinete de gobierno.
“Esta demanda histórica ha pasado a manos de los representantes de los diferentes partidos políticos votados para el Congreso, y esperamos que haya una comprensión cabal en todos ellos del significado de los principios de justicia transicional que demandamos en la propuesta”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh.
La iniciativa legal contiene medidas exigidas además por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisan la investigación concluyente de los hechos, el derecho a la memoria, a la reparación de los daños y la garantía de no repetición.
Es un deber del Estado de Honduras atender y resolver esta exigencia, que zahiere el sentimiento nacional desde hace 44 años, por haber ejecutado una Doctrina de Seguridad Nacional que colocó la identidad del Estado por encima de la integridad de la Persona Humana.
Más de 200 hombres y mujeres, nacionales, centroamericanas y latinoamericanos, inclusive estadounidenses, fueron desaparecidos y asesinados en nuestro territorio. La mayoría de los actores materiales e intelectuales de esos hechos se esconde detrás de la impunidad.
La política intervencionista de Estados Unidos subjetivó amenazas internas para torturar, desaparecer y asesinar la resistencia patriótica al militarismo, mientras vendía armas ilegalmente a Irán para financiar con fondos del narcotráfico la ocupación de Honduras por contras sandinistas, mercenarios salvadoreños y guatemaltecos, y marines.
“Sin quejarnos ni conspirar ni someternos por aquel dolor — dijo Oliva tras el encuentro con el presidente Redondo Guifarro — entregamos esta propuesta para saldar la cuenta pendiente del Estado con este sector ofendido y ninguneado de la Nación”.
Esperamos, agregó, que la preocupación de la embajadora actual de los Estados Unidos por los temas de interés nacional al interior del Legislativo se refleje con igual intensidad en sus twitters futuros elevando el derecho de las víctimas de la DSN.
En este plantón de los Pañuelos Blancos sugerimos hoy, en consecuencia, que antes de salir a guisar la liebre o a trollear la propuesta desde grupos de presión y the think tanks trabajemos primero por impulsar la Ley y luego demandemos su aplicación.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de febrero de 2024
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