Redacción,TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez de privación de dominio ordenó en las últimas horas la
devolución de 157 bienes que fueron incautados a personas capturadas
durante la Operación Caudillo.
Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público anunció que interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución alegando que estas personas no tienen fundamento legal para probar el origen de más de tres mil millones de lempiras.
De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada.
A criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93-2021 en materia penal por lavado de activos, a la esfera de los procesos de privación.
De manera que, se resolvió la devolución de 25 bienes inmuebles, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería.
Por otro lado, el Ministerio Público ha procedido a interponer formal denuncia contra el juez de privación dominio, tanto ante la Supervisión General del Poder Judicial como ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
ASJ: Alarmante cifra de crímenes y violaciones al estado de derecho destacan entre conflictos sociales registrados de enero a junio de 2023
Redacción,::: La violencia criminal sigue siendo un desafío crítico en
el país, al registrarse 28 homicidios múltiples, con un total desolador
de 155 víctimas entre enero y junio, superando el total de 2022 :::
::: El informe recopila datos de cinco diferentes fuentes, incluyendo el Sistema Estadístico Policial y el Sistema de Alerta Temprana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) :::
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en conjunto con el medio digital Revistazo, presentaron este martes el Informe “Monitoreo de Conflictividad en Honduras (enero-junio de 2023)”, que busca arrojar luz sobre las dinámicas de conflicto en el país y alertar sobre la violación al Estado de Derecho, conflictos en el entorno político, la situación económica e institucional, y revelar la preocupante cifra de 242 conflictos registrados en seis meses.
La conflictividad se ha convertido en un indicador fundamental de la salud democrática del país, involucrando a sectores gubernamentales, académicos, empresariales y sociales. ASJ subraya la necesidad de abordar la inestabilidad política y la gobernabilidad frágil que han contribuido a la polarización y la falta de confianza en las instituciones.
Por tanto, uno de los aspectos destacados del informe es la persistente inestabilidad en el Estado de Derecho, con un 66 % de la totalidad de conflictos equivalente a 159 sucesos, que ha generado tensiones y descontento en la sociedad, tal como los conflictos de tipo económico y político, derivados de la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros.
Además, este semestre se reportaron numerosas protestas, tomas y manifestaciones masivas debido a la creciente percepción de ineficacia y falta de transparencia en las instituciones estatales. Estos eventos han aumentado la tensión entre el gobierno y la sociedad civil organizada, evidenciando una alarmante disminución de la confianza en las instituciones democráticas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y la implementación del estado de excepción, la violencia criminal sigue siendo un desafío crítico en el país, al registrarse 28 homicidios múltiples, con un total desolador de 155 víctimas en el primer semestre de 2023, 62 de ellas (40 %) mujeres.
Honduras enfrenta altos índices de homicidios y asesinatos múltiples, lo que ha generado conflictos internos y ha tenido un impacto devastador en la economía y el bienestar de la población hondureña. De los fallecidos de forma violenta en el primer semestre del año, 345 fueron niños, niñas o adolescentes.
Informes de organizaciones internacionales han resaltado preocupaciones crecientes sobre los derechos humanos en Honduras, incluyendo violencia policial, criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, restricciones a la libertad de expresión y falta de protección de los derechos para los privados de libertad.
En tal sentido, ASJ insta al gobierno a implementar medidas efectivas para abordar la inseguridad y proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Además, hace un llamado a las autoridades y actores políticos a superar la ingobernabilidad mediante la colaboración y el diálogo. Solo a través de la búsqueda de soluciones conjuntas y el respeto a la diversidad de opiniones se podrán abordar los problemas prioritarios de la sociedad hondureña y alcanzar una resolución efectiva.
https://asjhonduras.com/webhn/wp-content/uploads/2023/08/Presentacion-Conflictividad-2023.pdf
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