La propuesta de Ley de Justicia
Tributaria, la iniciativa del poder Ejecutivo que está siendo
socializada por una comisión del Congreso Nacional, ha encontrado una
férrea oposición por una cúpula empresarial compuesta por 140 empresas
de 25 grupos económicos, que han sido beneficiarios durante largos años
por estratosféricas ganancias producto de los regímenes de
exoneraciones.
Este grupo contrasta con 300 mil empresas de los ámbitos formal e informal que sí cumplen con la obligación de pagar impuestos, junto al pueblo hondureño que también está sujeto del pago de tributos, según el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Este fue el tema central que fue abordado en el programa “Voces contra el Olvido”, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que se transmite por radio Globo y que contó con la participación del Delegado del Poder Popular, Sergio Rivera y el Sub Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte.
Sergio Rivera expresó que hay que entender que en estos momentos el gobierno está desarrollando a cabalidad un proceso de lucha de clases, que es una lucha del pueblo contra una clase oligarca acompañada de sus medios de comunicación, que en estos días han tenido una actividad de constante conspiración, de mantener un cerco mediático, así como también del desarrollo de actividades de calle.
Rivera citó que se han presentado hechos vergonzosos como la reciente movilización ocurrida esta semana en Choluteca, en donde se obligó a los trabajadores a defender al patrono, y esos patronos se oponen a que los trabajadores se organicen en sindicatos, pero sí los obligan a salir a las calles a defender los intereses patronales.
Hay cosas que están más allá de esa movilización, “lo que se pretendió hacer fue como ensayar una cadena de eventos de calle con gente forzada y en otros casos con gente pagada, para iniciar ya el proceso de desestabilización directo contra el actual gobierno, tomándose las calles que le pertenecen al pueblo mismo”, advirtió el dirigente del partido Libertad y Fundación (LIBRE).
Y es ahí en Choluteca, donde hubo un Bastión del Sur, que fue el que dio las más grandes peleas contra la oligarquía.
“Nos estamos jugando el futuro del país acá. Parece mentira, pero el tema de la Ley de Justicia Tributaria representa la esencia misma del proceso de refundación, representa la esencia misma del proyecto que tenemos como pueblo y como país”, detalló el funcionario.
Y en este momento se está planteando un método de justicia y hay varias cúpulas empresariales, porque no todos los empresarios o los grupos de poder están en contra de esta propuesta de ley, pero sí están alrededor de 52 familias que son las que se han enriquecido por mucho tiempo con el dinero que pudo haber sido ocupado para construir escuelas, hospitales, carreteras y dotar de agua potable, las que se oponen, señaló.
Al respecto el pasado 11 de mayo, la Comisión Especial de Dictamen para el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que preside el diputado Hugo Noé Pino, se reunió con representantes de la Asociación Hondureña de Distribución de Productos de Petróleo (AHDIPPE) y con miembros de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL).
Al final de dicha reunión, la presidenta de PANAL, la empresaria Juliette Handal expresó que conocimos detalles de esta ley que ha generado tanta discusión, oposición y separación entre los hondureños.
Nos explicaron esas sudas sobre las exoneraciones, es por eso que “PANAL piensa que las exoneraciones son privilegios creados como incentivos para la inversión, pero esos incentivos no deben ser un cheque en blanco para permanecer en el tiempo por más de 50 años”.
Juliette Handal señaló que la Ley de Justicia Tributaria va a mejorar las capacidades del Estado que le permitan cumplir con su función constitucional, para atacar la impunidad que ha existido.
Por su parte el presidente de la AHDIPPE, Oscar Rubio instó a los medios de comunicación a ser correctos con la información que se brinda al pueblo hondureño.
“Nosotros como sector gasolinero estamos totalmente de acuerdo que se revise esta ley de exoneración, porque hemos sido abusados en el sector exoneración en este rubro y nos han llevado de encuentro. Estamos en competencia desleal de las grandes compañías que tienen estos privilegios de exoneración, nos quitan los clientes por vender combustible exonerado y esto no es justo”, dijo
Las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) han asegurado que no habrá impuesto a las remesas, que la ley busca incentivar la producción agrícola, la caficultura y la ganadería, y que el país no perderá empleos como asegura un sector de la cúpula empresarial, porque más bien los regímenes van a incentivar la generación de nuevos empleos.
El Delegado del Poder Popular, Sergio Rivera añadió que son tantas las obras públicas que pudieron desarrollarse con este dinero de las exoneraciones, pero para lo que han servido es para enriquecer las grandes cuentas de empresarios que mantienen en el exterior y que es, ese mismo grupo de sinvergüenzas, que hoy tienen una campaña sucia en contra del gobierno.
Rivera añadió que todo el pueblo hondureño paga impuestos, desde el impuesto sobre ventas hasta otros tipos de impuestos, entonces ¿cómo es posible que los millonarios se nieguen a pagar impuestos?.
Esta no es una medida a lo cubano, a lo venezolano o a lo nicaragüense. En el propio Estados Unidos todo mundo paga impuestos y quien no lo hace lo paga con largos años de cárcel, comentó el Delegado del Poder Popular.
Sergio Rivera calificó como desleal lo que informan los medios de comunicación acerca de la ley, porque estas grandes empresas de comunicación se han beneficiado y han sido exoneradas también.
“Y esta semana ha salido a la luz las cantidades exorbitantes con las que han exonerado a diversos medios de comunicación o desinformación y tienen una fuerte campaña y están haciendo acopio de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad y eso no es cierto”, dijo.
Porque la verdad es que hay una propuesta para que el estado capitalice en una forma equitativa, tampoco no se están desmontando empresas, ni se está persiguiendo u hostigando a los empresarios, sostuvo el funcionario.
En ese sentido el funcionario dijo que hay que conocer todo lo que está detrás de las críticas contra la Ley de Justicia Tributaria y comentó acerca del libro “150 años de capitalismo fracasado en Centroamérica”, una obra escrita por el economista salvadoreño, Alexander Segovia.
“Él analiza los modelos económicos particularmente los tipos de capitalismo en Centroamérica y encuentra el de Honduras distinto que el resto de los países. Él le llama capitalismo oligárquico transaccional”, explicó.
El capitalismo hondureño tiene la característica fundamental que utiliza los flujos migratorios como un mecanismo de alivio frente a la poca oferta laboral que hay en el país, resaltó el funcionario.
“Es decir, de alguna forma, en términos históricos nuestra industria productiva ha sido incapaz de absorber nuestra mano de obra y el mecanismo que ha encontrado la élite para poder aliviar esa tensión interna son los flujos migratorios”, explicó.
Duarte dijo que dichos flujos migratorios tienen otros beneficios para la élite nacional y son los grandes flujos financieros de remesas.
Hay otros autores que hablan de cómo este modelo de desarrollo que descansa mucho en exoneraciones, también está acompañado de la flexibilización de la mano de obra, comentó.
El Sub Director de la SAR señaló que la flexibilización de la mano de obra ha permitido “que aquí los salarios sean de miseria. Que Honduras compita a nivel mundial en atraer inversiones no cobrando impuestos y además pagando salarios bajísimos, y estos salarios bajos, son incapaces de retener los flujos migratorios, porque hay muchísima gente que trabaja en estas empresas exoneradas y aún así se van del país”.
Duarte aseguró que la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar los abusos, las trampas y la corrupción histórica de la política pública tributaria. “Aquí la historia de la política tributaria es una historia de corrupción, porque es cómo las empresas han cooptado el poder político para poder moldear las instituciones a sus propios intereses”.
Para citar la historia de Honduras en conexión con las exoneraciones, el funcionario comentó cómo Marco Aurelio Soto el presidente de Honduras ligado a la “gran reforma liberal”, era accionista de la Rosario Minning Company, y “como presidente el promovió concesiones para su propia empresa”.
Por otro lado recordamos como ejemplo a Juan Manuel Gálvez, un presidente que vino después de Tiburcio Carías Andino, que era abogado de la Estándar Fruit Company (compañía bananera de capital estadounidense).
Todos estos presidentes y funcionarios han sido promotores de los intereses privados en el ámbito público. Entonces la historia del sistema tributario hondureño es esa: La historia de cómo empresas compran el poder político y moldean las instituciones a sus propios intereses, explicó.
Christian Duarte señaló que la Ley de Justicia Tributaria, es el primer paso para poner un límite frente al abuso que han cometido una serie de empresas y precisamente por eso es que nosotros hemos encontrado esta reacción sobredimensionada, y es la reacción de un pequeño grupo.
El funcionario detalló que en Honduras hay unas 300 mil empresas en los ámbitos formal e informal que están pagando sus impuestos, pero que apenas 140 empresas de 25 grupos económicos, son las que se benefician con estos regímenes de exoneraciones. No es toda la empresa privada, es un pequeño segmento de la élite.
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