En tanto, el escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio del expresidente Hernández, el exdirector de la Policía Nacional, Bonilla y el expolicía Hernández Pineda.
Precedentemente, se informó que entre ellos se encuentra un expolicía identificado como Mario Guillermo Mejía Vargas; exalcalde narcotraficante de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón; el narco guatemalteco Víctor Hugo Díaz Morales, “El Rojo” y el cabecilla del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.
También se tiene más información de evidencias que se mostrarán en el desarrollo del juicio, entre los cuales están computadoras y celulares concedidos por “Chande” a las autoridades cuando se entregó voluntariamente en 2018 para cooperar con la Administración de Control de Drogas (DEA) por sus siglas en ingles.
Igualmente los aparatos del exalcalde contienen pruebas que demuestran cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral, señaló Pro Honduras Network.
Esto último, con el fin de estimular las acciones de la Policía Militar, imponer toque de queda y justificar el uso de la fuerza contra manifestantes.
Por tal razón, el Juez de la Corte de Nueva York, Kevin Castel, recibirá el documento para admitirlo, o bien, rechazarlo si considera que no se ajusta a las reglas o procedimientos del caso.
Cabe recordar que el exmandatario Hernández, que se mantuvo en el poder por 8 años, fue capturado el 15 de febrero de 2022, tras ser solicitado en extradición por Estados Unidos.
Mientras que el 21 de abril del mismo año, se realizó su traslado hacia los Estados Unidos.
El juicio del expresdiente hondureño está programado para el 18 de septiembre de 2023, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por tres cargos relacionados al tráfico de drogas y uso de armas.
https://confidencialhn.com/blog/2023/05/02/documento-de-110-paginas-en-evidencias-presentara-la-fiscalia-de-nuevo-york-en-el-caso-de-joh-el-tigre-bonilla-y-mauricio-hernandez-pineda/
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Gobernador de Texas rectifica tras llamar «ilegales» a víctimas hondureñas
Su comentario había generado el rechazo del Gobierno de Honduras, de activistas y de usuarios en redes sociales que consideran que estigmatizaba a los fallecidos, entre los que hay un niño de 9 años.
En un comunicado enviado a medios locales, la portavoz del gobernador, Renae Eze, justificó que habían recibido información errónea por parte de «funcionarios federales» de que las cinco víctimas estaban en el país de forma irregular.
«Lamentamos si la información fue incorrecta y desvirtuó el importante objetivo de encontrar y arrestar al criminal», expresó la portavoz.
Añadió además que «cualquier pérdida de vidas es una tragedia» y que su corazón está «con las familias que han perdido a sus seres queridos».
El comentario en cuestión lo hizo Abbott el domingo a través de un comunicado en el que anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la captura del «criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales».
La Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (Lulac) deploró este lunes el uso por parte del gobernador de «lenguaje denigrante» y reivindicó que «toda vida humana, sea cual sea su estatus de inmigración, merece que se le trate con respeto y dignidad».
Fuentes de la embajada de Honduras en Estados Unidos confirmaron a EFE que Diana Velásquez, una de las víctimas, tenía residencia permanente en el país, mientras que el resto eran indocumentados.
Las autoridades, que han ofrecido una recompensa de hasta 80.000 dólares, continúan hoy la búsqueda del sospechoso en el crimen, identificado como Francisco Oropesa, de 38 años, y nacionalidad mexicana.
El viernes por la noche, Oropesa estaba disparando con su fusil semiautomático en el jardín de su casa en la localidad texana de Cleveland cuando uno de sus vecinos se le acercó y le pidió que dejara de hacer ruido porque era muy tarde y la familia, incluidos unos niños, no podía conciliar el sueño.
Oropesa respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una «ejecución», de acuerdo con el informe policial.
Dentro de la vivienda había 10 personas y cinco perdieron la vida. Los nombres de los fallecidos son Daniel Enrique Lazo, de 9 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25; Diana Velásquez Alvarado, de 21; Obdulia Molina Rivera, de 31, y José Jonathan Cáceres, de 18 años.
Con información de EFE.
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