El abogado, Edy Tabora, del Bufete Justicia para los Pueblos, señaló “hay un patrón de impunidad en toda la violencia que generan estos proyectos extractivos a nivel nacional”.
Edy Tábora, Bufete Justicia para los Pueblos. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn Sólo en 2023, entre enero y abril 8 defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados, y el Estado continúa sin dar una respuesta, el hecho más reciente fue el asesinato de José Gilberto Martínez Cardona, líder campesino, integrante de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (Anach) y secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Bendición de Dios número 2”, la mañana del martes 18 de abril, en Olanchito, Yoro.
“Los defensores de la tierra, de los bienes comunes y de la naturaleza se enfrentan a un poder muy grande porque atrás de las empresas —que públicamente salen a relucir— están grandes capitales”, expresó Edy Tabora.
El Análisis Global de Front Line Defenders 2022, ubica a Honduras en el cuarto lugar de los países de América y el quinto del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas en el año 2022.
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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
La nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un reto grande para atender la mora judicial existente en todos los ámbitos de la vida nacional, un reto que, de acuerdo con analistas, debe tener un enfoque de derechos humanos.
En ese sentido, CSJ tiene el reto de resolver 35 mil 129 expedientes y sumar los expedientes que dejó la Corte anterior encabezada por Rolando Argueta, que según, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, “no hay datos precisos”.
En ese sentido, Tabora, instó “necesitamos un sistema de operadores de justicia que respondan los intereses sociales”, debido a que los defensores han resistido a un sistema de justicia en condiciones de desigualdad.
Además, el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos señaló que la defensa de la tierra también parte por la voluntad política del Congreso Nacional para derogar concesiones y leyes que criminalizan a los defensores, como el decreto 93-2021, que criminaliza a través de la figura de “usurpación de espacios públicos” a poblaciones que defienden la tierra y territorio y habilita la práctica de desalojos sin control jurisdiccional por parte de los entes armados del Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), mencionó en su informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras 2022” que la aplicación del Decreto 93-2021 “ha agravado la conflictividad vinculada a la tierra y territorio”.
Por su parte el magistrado de la CSJ, Mario Rolando Díaz, expresó a Criterio.hn que el trabajo del Poder Judicial se enfocaría en el respeto. “Si no hay respeto a los derechos humanos, no puede haber justicia en el país”.
Con relación a la criminalización de la que han sido víctimas los defensores de la tierra y el medio ambiente, el magistrado Díaz mencionó que se revisarán cada uno de los casos para intervenir en el marco de las propias facultades y responsabilidades de la CSJ.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de la tierra y el ambiente –antes de la pandemia de la Covid-19— más de 5 mil defensores habían sido criminalizados en actos individuales, sin contar las agresiones a los grupos.
EXPECTATIVAS CON LA NUEVA CORTE SUPREMA
Las expectativas sobre la Corte Suprema de Justicia son muchas y de diversos grupos de la sociedad, debido a que la anterior magistratura encabezada por Rolando Argueta fue criticada y acusada por estar coludidos con actos de corrupción que dejaron más empobrecido al Estado.
Además, de acuerdo con Edy Tabora, se espera que nueva Corte Suprema de Justica tenga un control sobre el accionar del Ministerio Público y también que el Poder Judicial ponga especial interés en la eficacia investigativa.
“Necesitamos que haya una integración de los distintos operadores de justicia garantizando independencia”, puntualizó el abogado defensor de derechos humanos.
De acuerdo con las organizaciones campesinas e indígenas articuladas en La Vía Campesina, la Mesa Tierra y Territorio de Bienes Comunes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), entre 2010 y 2021, 165 personas defensoras de la tierra y territorio fueron asesinadas y el 96% de estos casos están en total impunidad.
De igual forma, 2,470 personas defensoras de la tierra y territorio han sido procesadas, 559 son mujeres, y 1911 son hombres, concentrándose en los departamentos de La Paz, Cortes, Choluteca, Valle, Colon, Yoro, Francisco Morazán, Santa Barbara, Comayagua y Atlántida.
https://criterio.hn/defensores-de-la-tierra-y-el-ambiente-a-la-espera-de-una-csj-con-enfoque-de-derechos-humanos/
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