Fue el fiscal general de ese distrito, Damian Williams, quien notificó este día al juez Kevin Castel sobre la entrega de la evidencia a la defensa del exgobernante hondureño, encabezada por Raymond Colon y Sabrina Shroff.
“El Gobierno escribe para notificar respetuosamente a la Corte que el abajo firmante hizo presentación ex parte al Tribunal de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada y de la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 (d)”, señala la carta enviada por Williams a Castel.
Se trata de la segunda entrega de evidencia relacionada al caso de Juan Orlando Hernández que hace la Fiscalía, después de las 1,000 GB de información que contiene testimonios de testigos.
Esta evidencia la obtuvo la defensa de Hernández el 2 de julio de 2022, pero el propio defensor Colon la calificó como “insuficiente”, al considerarla como “testimonios de criminales desesperados”.
La Fiscalía, no obstante, insiste en poseer los medios probatorios necesarios para que Juan Orlando Hernández obtenga una condena y cumpla con ella en una prisión federal de Estados Unidos.
Extensión de plazo
La Fiscalía solicitó el pasado 14 de marzo una extensión de 60 días al plazo establecido, que vencía el 17 de marzo, para entregar la evidencia enmarcada en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).
Esta ley obliga a la defensa y a los fiscales a mantener protegida y clasificada toda la evidencia inculpatoria o exculpatoria, antes de que llegue a la Corte, es decir, previo al inicio del juicio oral y público.
El 15 de marzo, el juez Castel autorizó la prórroga, a pesar del reniego de la defensa, que aseguró que la resolución “perjudicaba a Juan Orlando Hernández”, “le causaba daño y perjuicio”, y le “violentaba sus derechos humanos al mantenerlo lejos de su familia y su país”.
Adicionalmente, el juez ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa de Juan Orlando Hernández “los 500 resúmenes o versiones redactadas de materiales que se originan en uno o más departamentos o agencias de Estados Unidos”.
Se trataría de información clasificada en poder del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
El juicio oral y público contra Hernández Alvarado, está programado para efectuarse el próximo 18 de de septiembre.
Los cargos de JOH
Estados Unidos acusó formalmente al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández de abusar de su poder como mandatario de su país y convertirlo en uno de los mayores puntos para el envío de cocaína a Estados Unidos, según la acusación hecha pública este jueves por el Departamento de Justicia de EE.UU.
En el documento, Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril 2022 a Estados Unidos, es acusado de tres cargos: Conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
La acusación de 20 páginas y originada en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dice que Hernández “abusó de su posición” como presidente para operar el país como un narco-Estado, “con el fin de enriquecerse y obtener y mantener el poder de manera corrupta”, y que con ese fin corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional de Honduras, el Ejército y el Congreso Nacional, con las que según la justicia habría compartido las ganancias procedentes de su actividad.
También señala que mientras “pretendía públicamente” ser un aliado de EE.UU. “contribuyó con sus cómplices a que Honduras se convirtiera en uno de los mayores puntos de transbordo” para la cocaína con destino a EE.UU.
Según el documento judicial, el exmandatario habría recibido millones de dólares de varias organizaciones ligadas al narcotráfico, incluyendo del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Con el dinero, dice la acusación, el expresidente supuestamente habría financiado sus campañas políticas y cometido fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017.
Hernández, sostiene la acusación, habría brindado protección a narcotraficantes, incluyendo a su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernandez, quien desde marzo 2021 se encuentra preso en EE.UU. cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por delitos relacionados al narcotráfico y armas.
Luego de su detención en respuesta a un pedido de extradición a EE.UU., Hernández rechazó los cargos en su contra y afirmó que desde su gobierno siempre colaboró con las autoridades estadounidenses para combatir el delito organizado y el narcotráfico.
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