La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) apuntó que los últimos hechos violentos en contra de las mujeres han develado como el sistema de justicia actual —a nivel de procedimientos —, no está dando resultados para proteger la vida de las hondureñas y esto se debe a que la Ley Contra la Violencia Domestica ha quedado obsoleta.
En junio de 2020 Honduras estrenó un nuevo Código Penal, sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional y presidido por Mauricio Oliva, efectuó varias reformas entre las que destacan la disminución de penas para favorecer a los agresores de las mujeres.
El único artículo que se mantuvo de la misma manera fue el delito de aborto, que se conserva con la misma pena y la misma redacción, pero que criminaliza a la mujer que recurre al aborto por cualquier causa.
Mena condenó la actuación del sistema judicial hondureño porque no es posible que los hombres que dejan al borde de la muerte a las mujeres sean exonerados de culpa. En muchos casos, dijo, se evidencia que hay una configuración de un tipo penal, pero, lamentablemente, los jueces lo tipifican como una falta.
A raíz de la aplicación de este tipo de justicia, la congresista apuntó que surge la impunidad por lo que los agresores le pierden el miedo a la justicia, porque claramente ven que pueden seguir cometiendo estos delitos porque no les pasa nada.
El 23 de febrero la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidenta de la Comisión de Género, Scherly Arriaga, se refirió a las modificaciones hechas al Código Penal indicando que esta reforma dejó un “paraíso” para los asesinos de mujeres.
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LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
En torno a la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, la diputada Fátima Mena, mencionó que en el Congreso Nacional se contempla su aprobación con enfoque de género para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Sin embargo, lamentó que la aprobación de esta normativa continúa estancada pues no ha sido presentada ante el Congreso Nacional para su discusión, solamente ha sido socializada con diferentes actores sociales.
Esta ley que se pretende aprobar contiene medidas de disuasión y control para asegurarse que los agresores tengan castigos que realmente sean ejemplificantes para que no reincidan en este tipo de delitos, que en gran parte terminan en femicidios.
El propósito de esta ley es obligar al Estado a evitar que sucedan hechos de violencia contra las mujeres y contempla el cumplimiento de los protocolos de atención integral contra las víctimas de violencia en la recepción de denuncias, imposición de medidas de seguridad, detención y derivación del imputado a las instancias correspondientes.
Uno de los puntos que expone la Ley Integral es el reforzamiento de las sanciones dentro del Código Penal para prevenir y castigar la violencia contra la mujer.
Esta normativa también plantea sanciones para operadores de justicia que no apliquen adecuadamente y con rapidez esta ley. Asimismo, sanciones para servidoras y servidores públicos, tales como negligencia o actos antijurídicos y para las instituciones educativas que brinden enseñanzas discriminatorias.
https://criterio.hn/reformas-al-codigo-penal-no-son-suficientes-para-castigar-la-violencia-contra-las-mujeres/
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