“Esperamos que el proyecto de ley entre lo más pronto posible para tener la discusión formal a la comisión que se le dictamine”, dijo Sarmiento.
El legislador por el departamento de Olancho, no especificó el día exacto en que el proyecto de la reforma tributaria que promueve el Gobierno se introducirá al Poder Legislativo.
“Ha sido un proyecto de ley, planeado por el Ejecutivo, para que haya más justicia en el sector tributario del país y con un amplio proceso de socialización, de tal manera que se le puso en conocimiento al Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), incluso antes que llegara aquí al Congreso Nacional”, indicó a medios, Rafael Sarmiento.
El congresista es de la opinión que esta es una oportunidad para crear justicia social y percibir ingresos para el Estado y sean incorporados a las secretarías más sensibles como son la Secretaría de Salud y Educación.
Hizo énfasis en las exoneraciones señalando que «también deben pagar justo el que ha venido haciéndolo de manera correcta sin abusar de ninguna exoneración».
Añadió que por eso cree que este proyecto de ley es una alternativa que no daña a la micro y pequeña empresa, va dirigido a las grandes empresas corporativas.
La iniciativa que promueve el Gobierno a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) pretende eliminar 16 de 18 regímenes de exoneraciones fiscales que se dan actualmente a ciertas empresas.
Por su parte el diputado del Partido Libre, Ramón Barrios, puntualizó que el Congreso Nacional es el espacio apropiado para discutirlo y aprobar este proyecto tributario que promueve el Gobierno.
“La justicia social es un ámbito del Estado, se reclama a través de iniciativas políticas, la Ley de Justicia Tributaria, intenta corregir las desigualdades, establecer mínimos garantizados en la Constitución”, aseveró.
Oposición a proyecto de Ley de Justicia Tributaria
No obstante, el Cohep, cámaras de comercio y algunos economistas han expresado su rechazo a la reforma tributaria, considerando que los incentivos fiscales son necesarios para atraer inversión, generar empleo y riqueza en Honduras.
El sector privado ha reiterado su posición de que el Gobierno debe revisar las exoneraciones fiscales y que si detectan abusos por parte de algunas empresas, que las sancionen, pero que no las eliminen a todo el rubro.
“La propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno hondureño es un ataque directo al empleo en nuestro país y a la inversión”, dijo recientemente el presidente del Cohep, Mateo Yibrín.
“Aplaudimos que se detengan los abusos, pero rechazamos que se haga a través de la destrucción del clima de negocios”, exteriorizó el dirigente empresarial.
https://confidencialhn.com/blog/2023/03/20/para-esta-semana-se-preve-dar-inicio-a-la-socializacion-de-la-ley-de-justicia-tributaria-en-el-congreso-nacional-rafael-sarmiento/
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Tribunal niega cambio de medidas al excapitán Santos Orellana
El exoficial castrense es señalado por el ente acusador por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
El Poder Judicial informó que el imputado había presentado la caución hipotecaria de dos bienes inmuebles a la sala que conoce el caso para cambiar su medida de prisión preventiva.
No obstante, el Tribunal de Sentencia declaró no ha lugar la petición argumentando que la caución presentada no era proporcional con el valor supuestamente lavado.
El abogado defensor Julio Herrera comentó que este lunes se realizó la solicitud de la juramentación de los peritos fiscales.
Amplió que la defensa pidió que se suspenda la realización de la audiencia para la esposa y suegra del capitán de las Fuerzas Armadas mientras no se tenga la evaluación física de las personas y el dictamen de los peritos.
Indicó que los peritos tienen un plazo de cinco días para realizar la pericia antes de presentarla ante los magistrados de la Sala I.
Aunque no descartó que el exoficial vuelva a solicitar una revisión del cambio de medidas para que pueda defenderse en libertad.
Expediente
De acuerdo a las investigaciones, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaró en su totalidad.
Orellana se quedaba con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
El excapitán también habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares.
También es señalado por estar involucrado en la muerte de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Orellana en escuchas telefónicas negociaba la entrega de droga luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Según el análisis financiero se señala que durante su estancia en la FFAA recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y 813 mil 918 lempiras en salarios netos.
Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
https://confidencialhn.com/blog/2023/03/20/tribunal-niega-cambio-de-medidas-al-excapitan-santos-orellana/
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