La medida se ha tomado tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras.
Castro Vargas, desde 2017 ha sido víctima de vigilancia, amenazas y otras acciones que la ponen en riesgo en el ejercicio de sus labores. Ello, pese a que cuenta con medidas de protección por parte del Estado que no se estarían implementando adecuadamente.
Por su parte, el Estado informó sobre las distintas diligencias y acciones adoptadas para abordar la situación, que comprende medidas de protección, a través del Mecanismo de Protección, que incluían enlace policial, patrullajes, acompañamientos de seguridad, instalación de cámaras, entre otros.
Se informó sobre espacios de concertación y acuerdos para realizar los correctivos correspondientes de tales medidas. Finalmente, consideró que las medidas de protección vigentes a favor Hedme Fátima Castro Vargas pueden continuar brindándose en el marco del procedimiento interno.
La Comisión valoró las acciones implementadas por el Estado, así como su disposición para ofrecer los espacios de concertación con Fátima Castro Vargas; sin embargo, observó que, continúa la situación de vulnerabilidad frente a la falta de implementación de medidas de protección y la necesidad de continuar con la investigación de las situaciones informadas.
Lo anterior en el contexto de la situación de las mujeres defensoras en el país, que facilitan la permanencia de los eventos y factores de riesgo desde el 2017.
Por consiguiente, en los términos del Artículo 25 del Reglamento, se solicita al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Hedme Fátima Castro Vargas y los integrantes de su núcleo familiar.
Además se solicita que adopte las medidas de protección que resulten necesarias, con el correspondiente enfoque de género, para que Castro Vargas pueda continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia.
El comunicado de la CIDH señala que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
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