A través del PCM 04-2023, se da continuidad a las compras directas de medicamentos, decretadas en junio de 2022, por medio del PCM 04_2023, acción que por segundo año consecutivo se aplican el sector salud.
Según este decreto de prorroga en todo el Sistema de Salud Pública a nivel nacional por el año 2023, es a fin de garantizar el cumplimiento del derecho constitucional a la salud, asegurar la provisión de servicios, insumos, medicamentos y la atención oportuna de la población.
De igual manera, fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la actual ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).
De acuerdo a analistas, este segundo año de gestión no era meritorio
para declarar un estado de emergencia, sino una planificación para las
compras desde el 2023. 
En ese sentido, el doctor Carlos Umaña, diputado por el departamento
de Cortés del partido Salvador de Honduras (PSH), mencionó a Criterio.hn
que el Estado de Honduras debió prever una licitación en noviembre de
2022 y evitar este proceso de compra directa ya que “toda compra directa
se presta a controversia”.
Blanca Munguía, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es de la opinión que los procesos de compra directa no son el mejor mecanismo, ya que los recursos se compran a los costos que el proveedor presenta, y con esto se abre una puerta para adquirir los insumos a costos elevados.
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SESAL SIN PLANIFICACIÓN PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Ante este panorama, se deja entrever que realmente no existe una planificación para abastecer de medicamentos a la red hospitalaria y garantizar el acceso a la salud a la ciudadanía hondureña.
“Estamos viendo prácticas nocivas del gobierno anterior decretando estados de emergencia cuando bien pudieron haber hecho la licitación desde el mes de noviembre y evitarse el mecanismo de compras directas”, observó Umaña.
Por lo que, el médico aseguró que no hay ninguna justificación para dicho estado de emergencia.
Del mismo modo, Munguía expresó que, al prorrogar este mecanismo de compra, para el 2023 indica que no “tienen una planificación efectiva”.
Tomando en cuenta que la compra de medicamentos es periódica, Munguía sugirió que la Secretaría de Salud (SESAL), debe desarrollar compras planificadas, y de esta manera garantizar el abastecimiento de medicamentos en los centros asistenciales del país.
“Deben apuntarle a una planificación efectiva, segura y constante, y evitar en la medida de lo posible las compras directas”, enfatizó.
Blanca Munguía
Con esto, el gobierno enviaría el mensaje a la población que sus acciones son oportunas y que realmente se tienen conocimiento claro de la compra de medicamento para responder a la ciudadanía.
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A pocos meses de llegar al poder, Castro por medio del PCM 07-2022, decretó un estado de emergencia en el sector salud, acción que en un primer momento no se cuestionó debido al proceso de transición de los 12 años del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras extraditado a estados unidos en febrero de 2022 por delitos de narcotráfico.
Edmundo Orellana, ministro de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Transparencia y Anticorrupción (STLCC), indicó que la
aplicación de este decreto de debió a que la SESAL se vio “inundado de
necesidades y no pudo cumplir adecuadamente su función”.
El desabastecimiento de medicinas en toda la red hospitalaria de Honduras fue evidente pese a aplicar este estado de emergencia, ya que la ciudadanía continuó denunciando la falta de estos insumos.
Un estudio de la ASJ señaló, que luego que Estado cancelara el fideicomiso para compra de medicamentos, se inició una compra tardía , lo que provocó, según el análisis, “más desabastecimiento y baja capacidad para atender los requerimientos de medicamentos de los pacientes”.
Ante este fracaso en el sector salud, la ASJ recomendó a la Secretaría de Salud planificar y realizar compras públicas de medicamentos e insumos transparentes y eficientes, a través de mecanismos que aseguren el abastecimiento continuo y suficiente en la red de salud pública.
De igual manera, la ASJ sugirió que, para garantizar el abastecimiento continuo y suficiente en el año 2023, las autoridades de salud debían iniciar oportunamente el proceso de compra de medicamentos para el 2023.
COMPRAS DIRECTAS ¿GARANTIZAN TRANSPARENCIA?
Históricamente las compras directas dejan un mal sabor y crean suspicacia, por lo que se confiaba que este gobierno no acudiera a estas prácticas y se guiaran por la Ley de Contratación del Estado., por lo que diversos sectores y la ciudadanía están a expectativa de si realmente se realizara un proceso de transparencia.
Es válido recordar, que producto de una compra directa se dio uno de los actos de corrupción más grande en Honduras durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid -19, la compra de hospitales móviles.
Esta referida compra, que prometía siete clínicas de atención, con capacidad para 450 camas, rondó los US$47 millones, y fue a través del PCM 005-2020, que JOH declaro un estado de emergencia en salud. Y dio paso para que, a finales de junio, Marco Antonio Bográn Corrales, dirección de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) perpetrara la gran estafa, mientas cientos de hondureños morían por falta de espacio para la atención médica.
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Por lo que, el diputado aseveró “es grave que el gobierno continúe comprando medicamentos o insumos quirúrgicos a través de compras directas, no hay garantía de transparencia”, al tiempo que reflexionó “lo que antes era malo, sigue siendo malo”.
En ese mismo sentido, Munguía recalcó en entrevista con Criterio.hn que estas compras directas que realizarán durante el 2023 debe tener mecanismos de transparencia, y rendición de cuentas para generar confianza en la p oblación hondureña.
Ante estos cuestionamientos, Orellana mencionó que la crisis en salud es persiste y de no atenderse debidamente se perderán más vidas.
Razón por la cual, las autoridades decidieron recurrir a las compras
directas, “bajo la advertencia que no es una regla común ni general,
sino bajo el estado de emergencia” puntualizó Orellana.
Según Orellana, al hacer este tipo de acciones urgentes, “se paga un precio y es el hecho de generar duda en la población de si las cosas se van a manejar bien o mal”.
Ante esto refirió que se han previstos controles y salvaguardas; el PCM 04-2023 menciona en el artículo 2 que se traslada a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la responsabilidad de que emitir una guía rápida de procedimiento para las contracciones directas en el sistema de salud pública.
Por lo anterior Criterio.hn se contactó con la dirección de ONCAE para conocer si esta oficina estatal ya cuenta con esa guía de procedimientos de compras directas, sin embargo, no obtuvimos comunicación.
Por lo anterior, la compra directa de medicamentos e insumos quirúrgicos del 2023 debe garantizar mecanismos de transparencia, veeduría social, participación y datos abiertos para que la ciudadanía hondureña conozca cómo se gestionan los recursos del Estado.
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