En sus primeras declaraciones, Oliva señaló que hay que desactivar los nudos de impunidad que hay en Honduras, porque no se puede seguir protegiendo a agentes del estado que han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos.
“Y eso solo se puede hacer cuando se reflexione sobre el cómo han venido manejando el país los que han tomado el control del estado de Honduras, pero mientras ellos no reflexionen y miren al estado como su botín, nos va a tocar seguir soñando”, sostuvo la destacada defensora de los derechos humanos.
Bertha Oliva apuntó que eso no significa que estamos resignadas. Eso significa que vamos a seguir acompañando procesos, que vamos a seguir acompañando casos y temas, para en conjunto con la sociedad de este país, ir desmontando esas estructuras de impunidad y de corrupción.
La Coordinadora General del COFADEH criticó a algunos que hablan de transparencia, de amor por el país, pero que no tienen ningún escrúpulo cuando se trata de aprovecharse y de saciar sus caprichos. Y saciar ese capricho es seguir controlando los poderes del estado.
“Tutelar los derechos humanos pasa por tener seguridad jurídica. Pasa por tener un Ministerio Público (MP) limpio, por tener un Ministerio Público que no ejerza la acción penal en beneficio de los que quiere cubrir, de los que quiere proteger y pasa por tener un sistema de aplicación de justicia con hombres y mujeres que tengan capacidad y que puedan ir poniendo al ser humano al centro”, enfatizó.
En torno a la absolución de varios policías acusados de detención ilegal y torturas contra varios ciudadanos que se manifestaron para condenar el golpe de estado de 2009, Bertha Oliva señaló que esperaba mayor dignidad de los jueces que conocieron el caso y que no dejaran absuelto a ninguno de los responsables de las torturas que sufrieron los compatriotas y compañeras, que fueron desaparecidos temporales y estuvieron en un lugar que no era de detención y además enfrentaron juicios, porque los acusaron, reveló Oliva.
El proceso penal fue instruido en contra de los agentes de la
Policía, José Ventura Flores, Carlos Isaías Polanco, Juana María
Barahona y Suyapa Marina Elvir Escalante, a quienes se les supuso
responsables del delito de vejámenes en perjuicio de 14 ciudadanos y
ciudadanas. El hecho ocurrió el 12 de agosto de 2009.
Ahora que se acusa a los responsables de ese atroz hecho del 12 de agosto de 2009, absuelven a la mayoría de responsabilidad. “Ese es el resultado que tenemos en los tribunales y yo siempre he dicho, no se trata de buena o mala defensa, se trata de la política que hay y de las órdenes que hay, y de las coordinaciones que hay; para perpetuar en la impunidad a los que cometieron delitos durante toda esta época y a los delitos que se visibilizan que son por persecución política”, detalló.
En el editorial del COFADEH, titulado: “Soñando Justicia”, el comité destacó lo siguiente: “…Estábamos soñando justicia cuando, de pronto, prangán, la tremenda Corte de la dictadura además de la piñata de nombramientos de última hora ordena embargar la Caja Única del Tesoro Nacional, para cobrarse 2,600 millones a favor de particulares…”
Y más adelante señaló:”… En este momento, el muchacho de la montaña de Puca Opalaca que sirvió de togado al jefe de la manada, el mismo que prestó su sillón presidencial al narco para dirigirse a la nación, sale por la puerta de atrás creándole un gigantesco problema al Estado. Un poder del Estado embargando al Estado…”.
Al respecto la Coordinadora General del COFADEH afirmó que desde el
sistema de justicia se está promoviendo la inestabilidad de este país,
el ahogamiento económico para que no le quede más remedio que aceptar y
negociar lo que ellos quieren, negociar en este momento los magistrados
que ellos quieran. Y lo hacen de una manera tan descarada que no tienen
respeto por la inteligencia de los y las hondureñas, acotó.
Oliva añadió que el Congreso Nacional tiene que trabajar inteligentemente sin permitir presiones ni lo que los negociadores del país, han estado acostumbrados a hacer.
“Quiero confiar, porque queremos seguir soñando, queremos seguir acompañando los procesos de liberación de este país, pero no de esa manera, donde todo lo que hacen y lo que se ha venido generando, lo están satanizando y criminalizando. Tienen miedo que se nombre a personas a quienes no van a poder controlar”, recalcó.
Tienen el temor que si dejan el sistema de justicia y si no dejan a quienes les puedan seguir retardando sus casos y sus temas, lógicamente tendrán que enfrentar o a nivel nacional la justicia, o a nivel internacional. Y a eso le tienen miedo. Han hecho de todo en estos últimos días que a uno, no le queda más que pensar que es tiempo de reflexionar, de soñar y de aportar, sostuvo.
En torno a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la reconocida defensora de los derechos humanos criticó las actuaciones de la abogada Danelia Ferrera quien fungió en el pasado como directora de fiscalías del Ministerio Público.
El 18 de enero de 2022, el sitio web 24/7 HN, publicó una nota periodística titulada: “Ex directora de Fiscales, Danelia Ferrera asesoró a Calidonio por Lps 60 mil al mes”
La nota menciona que la aspirante a convertirse en magistrada de la
Corte Suprema de Justicia formó parte del equipo de asesores del ex
alcalde sampedrano Armando Calidonio, devengando un sueldo mensual de 60
mil lempiras.
Sobre este aspecto, Bertha Oliva resaltó que la ex directora de fiscalías del Ministerio Público (MP) también está representando a una empresa azucarera, en donde un guardia de seguridad y un ingeniero agrónomo, habrían participado en la muerte el 2 de abril de 2020, de la lideresa campesina Argentina Alvarez, durante un brutal desalojo que se produjo durante una recuperación de tierras en el municipio de Marcovia, Choluteca.
“(Danelia Ferrera) Está representando a dos hombres, donde hay testigos que estuvieron ahí, pero trata de confundir a los humildes campesinos que no den un testimonio como debe ser. Lo interesante aquí es que es un juicio que se lleva contra una humilde mujer, o sea para buscar justicia contra una humilde mujer”, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
Por otra parte, Bertha Oliva indicó que en este mismo orden, nos llama la atención que en el juicio que se ventila en el caso de la joven enfermera Keyla Martínez, (asesinada en una posta policial de la Esperanza, Intibucá) en el tribunal de Siguatepeque, “quien está representando como bufete privado, porque el agente Perdomo, único imputado en ese caso; tiene todo el staff del Ministerio de Seguridad defendiéndolo, pero también tiene la representación del bufete privado, y quien es la representante es Danelia Ferrera, la actual aspirante a la Corte Suprema de Justicia”.
Oliva resaltó que el caso de Keyla Martínez había sido tipificado como femicidio, pero en la Corte Suprema cambiaron la tipificación del delito como homicidio simple.
“Desde ahí podemos ver que si se están dando este tipo de acciones
por el hecho mismo de que 2 mujeres han sido víctimas de asesinato,
debería (Danelia Ferrera) de excusarse a modo de no representar
privadamente a estas personas que están siendo imputadas en dos casos
diferentes. Entonces ¿cómo será la situación de las mujeres, si un
juicio llega a caer en manos de la abogada Ferrera si ella llegara a ser
magistrada?, se preguntó.
Entretanto, el lunes 6 y martes 7 de febrero se desarrollará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) con sede en San José, Costa Rica, el juicio contra el estado de Honduras por el caso de la destitución ilegal y arbitraria que se produjo en 2012, de 4 magistrados que integraron la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ).
Al respecto Oliva dijo que es importante que el pueblo conozca este caso sobre la destitución arbitraria de los magistrados que ejecutó la dictadura y que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha remitido este caso a la Corte Interamericana es porque ha encontrado suficientes argumentos.
“Hay que estar pendientes. Con lo que conocemos del caso, pensamos que Honduras nuevamente tendrá una sentencia condenatoria del tribunal de tanto prestigio como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)”, adelantó.
Los magistrados que fueron destituidos son: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira.
La separación de los cargos se produjo el 12 de diciembre de 2012. Dicha destitución fue calificada como arbitraria e ilegal puesto que el Congreso Nacional de aquel momento carecía de competencia y de poderes para tal acción.
La destitución se ejecutó sin invocación de causa legal, sin debido proceso, y fue llevada a cabo por el Congreso, órgano que carecía de competencia para ello y en clara violación del principio de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, según consta en el expediente en poder de la Corte-IDH.
Los cuatro Magistrados habían sido oportunamente designados para ejercer el cargo por el período de 7 años, desde el 25 de enero de 2009 al 25 de enero del 2016.
Los magistrados separados de sus cargos expresaron que: “la destitución fue un acto de represión por parte del Congreso Nacional motivado en la disconformidad que le generaron varias sentencias de inconstitucionalidad que emitimos y en nuestra negativa a ceder frente a las presiones y exigencias del entonces Presidente de la República –don Porfirio Lobo Sosa– y del entonces Presidente del Congreso Nacional –Juan Orlando Hernández– actual Presidente de la República de Honduras”.
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