Este mes de enero, en medio del antagonismo y debates públicos de los políticos, representados en el Congreso Nacional, sumados también otros sectores, sociales y privados, el Estado de Honduras y las autoridades que la administran, bajo la esperanza de millones de personas que aspiran un cambio, están a la espera de las mejores decisiones en beneficio de las mayorías.
Al respeto, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, se le consultó sobre estos temas que están ligados directamente a la Constitución de la República e históricamente los políticos y gobernantes siempre dicen actuar conforme a la Constitución o el Estado de derecho, aunque en la realidad social se contradicen.
Es un discurso o mensaje popular de los miles de hondureños, cuando abordan la problemática social del país y coinciden que; por el quehacer los políticos; «las esperanzas de cambio son mínimas y vivimos sintiéndonos víctimas de un proceso de agravamiento constante que lleva frecuentemente a preguntarse sobre lo siguiente: ¿hay garantías de dignidad y bienestar para todas y todos los hondureños y que han hecho y continúan haciendo los gobiernos para que podamos disfrutar de ellas?.
¿Qué es el Estado de derecho que nos mantiene en estas condiciones indignas de vida?, ¿Cuál es la importancia, para la transformación hacia una vida más digna, de la elección de la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia y de la aprobación del nuevo Presupuesto General de la República?.
«La Constitución de la República es la más alta expresión del pueblo soberano sobre el diseño del Estado de Honduras para que todas y todos podamos vivir con dignidad; así como de las características de los servidores a emplear, a tiempo completo, para construir y asegurar ese diseño jurídico – político de Estado, por los gobiernos democráticos sucesivos o sea de todos los servidores de los tres poderes e institucionalidad pública, con la participación debida de la sociedad».
«En la vigente Constitución de la República ese diseño es de Honduras como un Estado democrático y social de Derecho porque el fin expreso a lograr progresivamente es la garantía del respeto y la protección de la dignidad humana, por medio del goce y disfrute de nuestros derechos humanos, en democracia pluralista, seguridad humana, paz, libertad y bienestar común».
Sin embargo, hasta ahora, los hechos y situaciones más significativos evidencian lo contrario. Ese diseño constitucional no ha sido seguido ni seriamente aplicado para el bien común de toda la población: por el contrario, hemos sufrido y continuamos, sufriendo de inmensa pobreza, desigualdad y exclusión social, injusticia, corrupción, abuso de poder y violencia social.
No obstante, la Constitución mantiene su vigencia y lo que hay que hacer es lograr su efectividad en cuanto al fin supremo, del Estado y de la sociedad, que es garantizar el respeto y la protección de la dignidad humana así como de nuestro medio ambiente y biodiversidad, por ser la mejor garantía del bien común para el pueblo hondureño, sin ningún tipo de discriminación.
Es de suma importancia la efectividad cierta del Estado constitucional de derecho para el disfrute real de los derechos humanos de las personas y población y como marco obligatorio para la legitimidad y legalidad de las actuaciones y decisiones de los servidores del Gobierno Central (ejecutivo, legislativo, judicial y otra institucionalidad pública) y los gobiernos municipales, actuales y sucesivos.
En el presente mes de 2023, tendremos la oportunidad de fortalecer el Estado constitucional de derecho con mayor actividad judicial garantista de la Corte Suprema de Justicia, mediante la elección de abogados y abogadas que evidencien cumplimiento con sus obligaciones cívicas y aseguren el cumplimiento inexcusable e imperativo de nuestro Estado constitucional de derecho, siendo conscientes de su deber superior de respetar y proteger la dignidad de todo el pueblo de quien emana la potestad de impartir justicia, actuando con integridad, independencia, imparcialidad y sin discriminación, al tomar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos y ciudadanas, tal como lo consignan nuestra Constitución, los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y otra normativa internacional y nacional complementaria.
«Se habla frecuentemente de negociaciones y arreglos políticos para esa elección. Ello es factible pero para que esas negociaciones sean lícitas deben hacerse sin abuso de poder y en el marco del respeto y aplicación de lo que permiten expresamente las normas fundamentales de Constitución de la República, teniendo presente que ningún acuerdo podrá lograrse lícitamente si se transgrede o viola dichas normas fundamentales que tienen como finalidad primordial el control y la limitación del Poder Político, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y población hondureña».
El incumplimiento de esas normas está previsto ser sancionado, conforme a la responsabilidad del Estado y de sus Servidores, al Código Penal; a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a otras normas aplicables.
Consultado por el Estado Constitucional de derecho y presupuesto General de la República, manifestó que «el Estado constitucional de derecho regula expresamente al presupuesto como instrumento de gestión y control del desarrollo para la vida digna de la población y la efectividad de los derechos humanos de las personas, incluyendo prevención de los riesgos de los desastres, así como la mitigación de los efectos derivados de cambio climático.
La planificación del desarrollo sostenible integral está delineada en la Constitución de la República y planificada para su ejecución, en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras; y en la articulación y vinculación de esa normativa con la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta última adoptada, en el 2015, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como plan de acción universal que garantiza asimismo la cooperación internacional de la ONU y de alianzas bilaterales, regionales y mundiales.
Este mes de enero en el Poder Legislativo, 128 diputados de varias «fuerzas» políticas deberán aprobar un nuevo presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal 2023, también los nuevos magistrados que deberán integrar la nueva Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, entre otras autoridades que Constitucionalmente deben fortalecer el Estado de Derecho y darle paz y sguridad jurídica a los hondureños. MO/hondudiario
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