El inspector del IHTT, Leonel Rojas, aseguró que no se permitirá bajo ninguna circunstancia un aumento sin la autorización y negociación previa entre ambas partes y que aplicarán multas que oscilan entre los “2,000 a 3,500 lempiras”.
“Si la sanción ha sido reincidencia, de haber aumentado una tarifa, entonces eso conlleva al decomiso de la unidad más 11,000 lempiras de multa y seis meses de decomiso”, explicó Rojas.
Rojas calificó este aumento como “no autorizado” y advirtió que “a partir de las 6:00 de la mañana estarán en operativos constantes junto a la Fiscalía contra el Consumidor, porque es algo que no está autorizado y que van a ser trasladadas al Ministerio Público”.
Anunció que, de acuerdo al censo de las autoridades, en caso de aumentarse la tarifa, unas 600,000 personas que utilizan el servicio ejecutivo (rapiditos) en la capital, se verían afectados.
Asimismo, reiteró las “puertas abiertas” para un diálogo con los transportistas.
El IHTT cuenta con el número telefónico 9999-3080 para que la población realice denuncias sobre el aumento de tarifas en las unidades de transporte.
“No es legal el aumento”
El comisionado del IHTT, Rafael Barahona, ya había advertido a los “concesionarios del transporte que se atrevan a incrementar van a ser fuertemente sancionados conforme a lo que establece la ley, sanciones económicas, decomisos de unidades de transporte y también suspensión de concesiones cuando haya reincidencias”.
El comisionado afirmó que el aumento a la tarifa no es algo consensuado con el gobierno y solicitó a la población que este lunes -7 de noviembre- no pague “ni un centavo más”.
“No es legal, es más bien todo lo contrario sería un incremento de manera unilateral que el gobierno de la República no está dispuesto a autorizar”, manifestó.
Incumplimiento del Gobierno
El pasado jueves -3 de noviembre- los transportistas anunciaron un aumento de tres lempiras al pasaje en el servicio público urbano.
A través de un comunicado los empresarios del sector Transporte dijeron que no se habían cumplido el acuerdo que habían acordado con el gobierno.
En dicho convenio, el gobierno había prometido otorgar un subsidio en concepto de Tarifa Compensatoria a los transportistas, con la intención de no trasladar el incremento a la tarifa de manera directa a los usuarios. El pago duraría seis meses y posteriormente de su vencimiento sí se procedería a trasladarlo al usuario.
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