Por:Especiales Proceso Digital ,21 de noviembre de 2022 - 9:50 pmTegucigalpa – La lucha contra la corrupción en
Honduras se ha apalancado en torno a dos figuras claves para el Estado
de Derecho y la institucionalidad: la instalación de la CICIH y la
elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, dos hechos en los
cuales ha puesto sus ojos la ciudadanía y la comunidad internacional,
elevando así la presión al gobierno de la presidenta Castro y a las
elites políticas representadas en el parlamento.
La instalación de
la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (CICIH), aparte de ser una promesa de campaña de la presidenta
Xiomara Castro, es un clamor popular por frenar el delito de la
corrupción, institucionalizado por décadas en el país, pero con una
capacidad de mutar y de enraizarse en las estructuras del Estado que
parece un cáncer difícil de exterminar. Honduras ocupa el segundo lugar
de países más corruptos de Centroamérica y en el ranking de percepción
de corrupción de Transparencia Internacional, ocupa el lugar 157 de 180
países medidos a nivel mundial.
La esperanza en la lucha contra la
corrupción se centró en la instalación de la MACCIH, tras el clamor de
la marcha de las antorchas, y cuando la Misión empezó a tocar intereses,
las conspiraciones crecieron, hasta que la expulsaron del país. La
MACCIH había entablado junto a la Ufecic del Ministerio Público al menos
trece procesos judiciales de corrupción, unos sobreseídos por el poder
judicial, otros en proceso y otros más en apelación.
La salida de
la MACCIH dejó un sabor amargo entre la ciudadanía y la población en
general, que ha cuestionado el actuar de la justicia y avaló la
propuesta de la entonces candidata presidencial, Xiomara Castro, en
alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), de traer una nueva
misión internacional, esta vez con las Naciones Unidas, que se llamaría
CICIH. Ese fue uno de los factores que abonó al contundente triunfo de
la ahora presidenta Xiomara Castro.
La presidenta Castro ya se reunió con el secretario de la ONU para abordar la instalación de la CICIH. 10 meses de burocracia Sin embargo, han
pasado diez meses de gobierno, y la llegada de la CICIH se pierde entre
esos corredores laberínticos de la burocracia gubernamental. Un primer
borrador de Naciones Unidas definiendo los términos y condiciones bajo
las cuales podría operar la CICIH en el país, no fue del agrado del
gobierno que empezó a objetar soberanía y aspectos constitucionales,
enviando una contrapropuesta en la cual prácticamente se rechazaba la
independencia de la CICIH, el gobierno pedía nombrar a quienes
integrarían la Misión y se reservaba algunas acciones relacionadas con
reformas penales y rechazaba que la CICIH se volviera un querellante
adhesivo, es decir, que pudiera acusar penalmente indistintamente del
Ministerio Público. La contrapropuesta del gobierno era una Misión de
“acompañamiento” para diagnosticar lo que ya se ha diagnosticado en el
país. En la estira y encoge de borradores, respuestas y
contrapropuestas, el tiempo ha pasado y la CICIH no termina de
aterrizar. El gobierno anuncia una nueva misión a Nueva York para seguir
avanzando y dar “buenas noticias”, mientras en el parlamento se enredan
proponiendo reformas constitucionales que, a criterio de los expertos,
son innecesarias y solo buscan dilatar la llegada de la misión
internacional contra la corrupción. Vericuetos legales que buscan
disfrazar el control que se quiere tener de la CICIH, una vez instalada
en el país, advierte en un informe el Consejo Nacional Anticorrupción.
Ángel Edmundo Orellana, ministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
La
permanencia de la CICIH, sostiene el secretario de transparencia,
Edmundo Orellana, debe ser al menos para tres períodos gubernamentales, a
fin de que se sienten bases sólidas para la institucionalidad y la
recuperación de confianza y credibilidad en las instituciones, en
especial, los operadores de justicia. Orellana, en un foro sobre
justicia, dijo que la estadía de la CICIH costaría al menos 20 millones
de dólares, que serían financiados por la cooperación y éstos no iban a
depositar recursos por un periodo limitado de tiempo.
Mientras el
gobierno intenta aplacar las voces que establecen que la llegada de la
CICIH depende de una voluntad política que recae estrictamente en el
poder ejecutivo; en la ciudadanía y sectores de sociedad civil, las
presiones por la tardanza para suscribir el convenio crecen, el dedo
sigue puesto en la llaga y en los sondeos de opinión pública, la lucha
contra la corrupción es una apuesta hacia la cual no renuncian los
hondureños.
Esa lucha la han ligado a otro factor clave en materia
de democracia y fortalecimiento institucional: la elección de la
próxima Corte Suprema de Justicia, poniendo presión así hacia otro poder
del Estado como es el Congreso Nacional, donde se elegirá el próximo
poder judicial para un período de siete años Honduras comenzó el proceso de selección de aspirantes a magistrados de la CSJ. La presión por la CSJ La
veeduría ciudadana se mantiene en paralelo hacia esos dos poderes del
Estado, el poder Ejecutivo con la CICIH, y el Poder Legislativo con la
elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ambos hechos los
identifican como claves en la lucha contra la corrupción, de ahí que su
mirada y reclamos se agudicen a medida que avanzan o se estancan los
procesos. El poder ejecutivo y las elites políticas representadas en el
parlamento, a diferencia de años anteriores, no está sola en la toma de
decisiones para la CICIH y la elección de un poder judicial; son muchas
las miradas y presiones que les recuerdan que el país no puede continuar
por los senderos de la corrupción y la impunidad. Las presiones van
hacia el cumplimiento de promesas de campaña de forma transparente.
A
esa presión interna, se suma la mirada de la comunidad internacional
que ha apostado en fortalecer el proceso de la Junta Nominadora
responsable de la selección de una nómina de al menos 45 aspirantes a
ser seleccionados en la lista que se enviará al Congreso Nacional, para
que éste elija 15 magistrados y se conforme el nuevo poder judicial.
A
esa apuesta se suman misiones internacionales de veeduría internacional
con destacados personajes conocedores del accionar de la justicia, la
lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la democracia,
haciendo del proceso de elección de la nueva corte de justicia uno de
los procesos más vigilados del país a lo interno y externamente. Los
expertos José Ugaz, Juan Jiménez Mayor y Edison Lanza, entre otros, son
parte de misiones internacionales que toman el pulso a la elección del
nuevo poder judicial.
El
exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor estuvo la semana pasada en
Honduras y dijo estar preocupado por el proceso de selección de
aspirantes a magistrados de la CSJ. La
elección de la próxima corte de justicia perfilará como será la lucha
contra la corrupción, la conformación y llegada de la CICIH, también lo
hará. El combate a la corrupción es un clamor que hace sentir su fuerza
en los países del llamado triángulo norte centroamericano, y en el
reciente Foro de Donantes sostenido a fines de octubre en Tegucigalpa,
los expertos advirtieron de cómo la corrupción daña las democracias y
erosiona las instituciones.
En Honduras, según estudios de
organismos locales e internacionales, cada segundo se pierden al menos
dos mil lempiras a causa de la corrupción, y que ésta se ha afincado en
al menos 15 áreas críticas, entre ellas financiamiento de campañas,
narcotráfico, contratación pública, recaudación fiscal, entre otros.
En
el caso de la Corte Suprema de Justicia, la elección para los nuevos
inquilinos ha entrado a su fase final, y en el congreso suman los
cabildeos para integrar una corte “a la medida” de los pactos políticos,
pero la presión por una corte de justicia “a la medida” de los
intereses del país también ha entrado en ese debate, donde la primera
presión se hace sentir hacia la Junta Nominadora, para después llegar al
parlamento, donde las elites política ahí representadas también han
comenzado sus cábalas en torno al poder judicial que quieren entregar a
los hondureños. PD
https://proceso.hn/cicih-y-csj-pulsan-lucha-contra-la-corrupcion/
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