Honduras: Despenalizar delitos contra el honor, pone a prueba discurso político
Por:Especiales Proceso Digital,Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La promesa
política de reformar o derogar el Código Penal y con ello despenalizar
los delitos contra el honor, una acción necesaria para fortalecer la
libertad de expresión y abolir la criminalización de la prensa, siguen
siendo una deuda social.
Del discurso político que en el pasado se
mostraba anuente a llevar los delitos contra el honor del ámbito penal a
lo civil, ahora, meten ruido y dudas entre quienes, siendo servidores
públicos, buscan cobijarse en la obsoleta figura del desacato por
considerarse intocables figuras públicas.
El Congreso Nacional
nombró una comisión especial para analizar y socializar la derogación o
reformas al Código Penal, considerado por los activistas de lucha contra
la corrupción, como un “código de impunidad”, los defensores de la
libertad de expresión y de prensa, lo ven como una herramienta que
criminaliza la libertad de expresión al incluir sanciones y penas
carcelarias contra los periodistas.
El nuevo Código Penal fue aprobado por el pasado Congreso en 2020.
Esa comisión ha comenzado a reunirse con sectores claves de sociedad
civil, organizaciones gremiales, de juristas, y de libertad de expresión
y humanitarias para debatir por dónde podrían venir las reformas o si
es preciso derogar el Código Penal e impulsar otro, de acuerdo con las
condiciones y coyunturas del país.
El presidente del Congreso
Nacional, Luís Redondo, ha sido del criterio que debe elaborarse un
nuevo Código Penal, ante los cuestionamientos que fue objeto el actual.
El Código Penal, tras cuya aprobación hubo un amplio debate y propuesta ciudadanas y gremiales para mejorarlo, fue aprobado por el pasado Congreso Nacional, sin tomar en consideración las iniciativas ciudadanas.
Para
algunos entendidos, el Código penal tiene algunos avances sustantivos
que deben rescatarse, pero son conscientes que amerita de reformas
profundas en temas relacionados con lucha contra la corrupción, crimen
organizado, delito de trata, violencia contra la mujer, y libertad de
expresión, entre otros.
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